Muerte política por tráfico de influencias en el Congreso
Procuraduría invitó a la ciudadanía a jugar un rol más activo para denunciar y hacer seguimiento a casos de corrupción en las corporaciones de elección popular.
Al acoger el concepto de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por el departamento de Guainía, Edgar Alexander Cipriano Moreno, por incurrir en tráfico de influencias.
De acuerdo con el proceso, el entonces congresista exigió dinero a tres personas a cambio de tramitar su nombramiento en cargos públicos, hechos ocurridos en los años 2014 y 2015.
En su concepto al alto tribunal, el Ministerio Público indicó que las pruebas recaudadas dejaron en evidencia una organización delictiva que operaba el Representante a la Cámara desde su oficina en el Congreso de la República, configurando una modalidad especial de tráfico de influencias ampliamente lesiva, dañina y antijurídica.
Igualmente, destacó la validez de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas en la investigación, que pusieron al descubierto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se produjo la conducta antijurídica y moralmente reprochable del entonces Representante a la Cámara.
Por el sofisticado fenómeno de corrupción descubierto en este caso, el Consejo de Estado concluyó que la sanción de pérdida de investidura por tráfico de influencias resultaba pertinente y necesaria ante la conducta de Edgar Alexander Cipriano, quien afectó los principios fundamentales de legalidad, moralidad, rectitud, transparencia e integridad que se esperan de quienes ejercen la representación política en el país.
De esta forma, se promovió desde la Procuraduría General de la Nación una conceptualización más amplia para promover la lucha contra la corrupción en las corporaciones de elección popular e invitó a la ciudadanía para que en nuevos casos juegue un rol más activo en cuanto a la denuncia y seguimiento de los mismos.
