Militares colombianos expulsados de areas recuperadas

Tambalea la presencia de soldados, cuando no hay área vedada en colombia.

Las noticias que impactan en territorio colombiano, resaltan en los principales titulares de la prensa extranjera, cuando se conoce que soldados del ejército son expulsados de las áreas en donde realizan tareas de recuperación de los espacios considerados como vulnerables o sea que son corredores para el tráfico y transporte de elementos ilícitos, además de la constante presencia de grupos armados ilegales GAI. El pasado 11 de octubre de 2023, se emitió la alerta temprana de inminencia por parte de la Defensoría del Pueblo, Nro.  036-23; que en su introducción a la letra dice: “De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en Decreto 2124 de 2017, me permito remitir la presente Alerta Temprana debido a la situación de riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para la población civil que habita los municipios del nororiente – centro de Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suarez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jámbalo, Caldono, Morales y Cajibío), así como Dagua y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca. Lo anterior, en razón de la posible ocurrencia de acciones bélicas que puedan generar efectos indiscriminados sobre la población y bienes de naturaleza civil, y/o que impliquen el desconocimiento de los principios de precaución y proporcionalidad en la conducción de las hostilidades del derecho internacional humanitario (DIH) en la conducción de las hostilidades, conforme se ha podido observar en el repertorio violento de los grupos fuente de amenaza.”

De esta manera el periodismo de esta casa editorial, le parece importante mencionar que a este documento de advertencia le antecedió la ofensiva armada que efectuaron, desde el mes de Julio y con mayor fuerza a finales de septiembre, los frentes Jaime Martínez, quien le presto además apoyo logístico y militar al Frente Dagoberto Ramos en contra de la fuerza pública, especialmente estaciones de policía, bases militares y puntos de control policivo y militar como retenes, entre otros. No obstante, en el desarrollo de dichas acciones, fue afectada negativamente la población civil aledaña  adyacente y varios de sus bienes, lo cual bien pudo suponer el desconocimiento de principios del DIH tales como Proporcionalidad y Precaución, tan importantes como la distinción. Así mismo se viene conociendo después de los rechazos de las acciones tomadas por la comunidad del corregimiento de Timba comprensión del municipio de Buenos Aires, que las autoridades gubernamentales del orden departamental y nacional, resaltan que el repertorio de violencia del grupo fuente de amenaza en los últimos años, presionando a las comunidades para la expulsión de militares y ha implicado la comisión de acciones bélicas que apelan al uso de  artefactos explosivos con posibles efectos indiscriminados, máxime en coyunturas especificas donde, aparentemente, buscan demostrar de forma publica su capacidad de daño y control territorial.

Los organismos del Estado Colombiano, vienen buscando el apoyo necesario de la población civil, para que cesen los combates y no involucren las comunidades que se encuentran ajenas al conflicto; porque este escenario se ha reflejado en actos que han venido sucediendo durante el 2023, pero con mayor intensidad una vez termino el cese al fuego inicial pactado entre el Gobierno nacional y la fracción disidente Estado Mayor Central, mediante Decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022 y que concluyo el 30 de junio de 2023. Entre julio y septiembre en el Cauca, en los municipios de norte mencionados anteriormente fue evidente el recrudecimiento de la violencia y conflicto armado mediante múltiples actos con artefactos explosivos, enfrentamientos con interposición civil, controles a la movilidad, carnetización, amenazas a lideres y lideresas sociales y demarcación del territorio con pancartas, grafitis y stikers alusivos a los GAI. La alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo enfoca su propósito: “advertir oportunamente los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con enfoque de género, territorial, diferencia, étnico, y orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección”. Así las cosas, organismos nacionales e internacionales, han tomado cartas en el asunto incluyendo la iglesia católica como entes de mediación para que se consolide la Paz en especial en el territorio caucano, azotado por la violencia.

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