Menores desaparecidos: la otra pandemia que azota a Colombia / En Colombia, cada 6 horas desaparece un menor de edad. Según la Defensoría del Pueblo, en 2022 se reportaron 12,614 personas desaparecidas, de las cuales el 38% eran menores de 18 años, y el 65% de estos casos correspondían a niñas y adolescentes mujeres. Estas cifras, lejos de ser números fríos, reflejan una tragedia humanitaria que exige una reflexión urgente sobre sus causas, la respuesta estatal y la complicidad social.
La desaparición de jóvenes, especialmente niñas, se ha vuelto paisaje. Las noticias parece que se van amoldando a la rutina cotidiana; es una problemática que persiste y nos interpela como sociedad. Las cifras son alarmantes y nos invitan a reflexionar sobre las causas, las consecuencias y las posibles soluciones.
Las causas de las desapariciones son diversas y complejas. En muchos casos, están relacionadas con la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado por grupos armados, la trata de personas, la explotación sexual y la delincuencia común. La falta de oportunidades, la pobreza y la desigualdad social también contribuyen a esta problemática.
En este panorama, preocupa la actitud de indiferencia que muchas familias, y en general la sociedad, tienden a asumir. Se suele pensar que “eso les pasa a otros”, que es un problema ajeno.
Esa forma de subestimar el peligro, de creer que se trata de algo que sucede en otro barrio o bajo otras condiciones, termina “patrocinando” la criminalidad, pues minimiza la percepción de riesgo y facilita que las niñas estén expuestas a enganchadores, agresores o redes de explotación.
La prevención no solo depende de mejores leyes o de una actuación más rápida de la Policía; también implica educar a nuestras hijas en la autoprotección, establecer canales de comunicación abiertos en el hogar y fortalecer la solidaridad entre vecinos y comunidades.
Otro factor crítico es la falta de coordinación institucional. Si bien existen protocolos de búsqueda urgente y entidades especializadas —como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD)—, con frecuencia las denuncias no se toman con la celeridad debida y no hay un registro unificado y actualizado que permita una reacción temprana. Ello alimenta la sensación de impotencia y la creencia de que “la desaparición es un hecho consumado” para el que no existe remedio.
La desaparición de un adolescente genera un impacto devastador en su familia y en su entorno. La incertidumbre, la angustia y el dolor se apoderan de sus seres queridos, quienes viven con la esperanza de volver a verlo. Es crucial brindar apoyo y acompañamiento a las familias que atraviesan esta difícil situación.
Frente a esta coyuntura, urge un cambio de mentalidad colectiva. Las familias deben comprender que el riesgo es real y que la prevención empieza en casa: fomentar la cultura de la denuncia, hacer seguimiento a las amistades y contactos digitales de los menores, y dotar a las niñas de herramientas para identificar situaciones peligrosas. A la par, las autoridades deben reforzar los protocolos de búsqueda, garantizar la asistencia psicosocial y judicial a las familias, y mejorar la colaboración entre la Fiscalía, la Policía y las organizaciones de la sociedad civil.
No podemos ser indiferentes ante esta realidad. La desaparición de una persona joven nos afecta a todos como sociedad. Es hora de tomar conciencia, actuar con responsabilidad y trabajar juntos para construir un país más seguro para nuestras niñas.
Algunas recomendaciones para prevenir la desaparición
- Fomentar la comunicación y la confianza en la familia.
- Enseñar a las niñas a identificar situaciones de riesgo y a pedir ayuda.
- Supervisar el uso que hacen los jóvenes de internet y las redes sociales.
- Conocer a los amigos y contactos de las niñas.
- Denunciar cualquier situación sospechosa.
Recordemos que la prevención es la mejor herramienta para proteger a nuestros adolescentes. No esperemos a que sea demasiado tarde.
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