LLOVIENDO VENENO
«Curioso, resulta por lo menos, que en este caso, las autoridades colombianas aceptaran que sí se causaron enormes daños sobre la naturaleza y sus gentes con la aspersión del glifosato”.
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Así haya sido tarde, parece que el tema de las fumigaciones sobre los cultivos de coca por fin alcanzó el punto justo, contra viento y marea, por la polarización en la que se enmarcó la cuestión, por parte de unos y otros.
Acá el gobierno y sectores populares y campesinos, allá la Procuraduría y el Centro Democrático. Cuando lo que priman son razones de salud pública, o por lo menos eso era lo que debió de haber presidido todas las polémicas desde su implantación, por allá por los tiempos del Plan Colombia: el enorme daño a la salud de los campesinos y la lesión irrecuperable a la naturaleza, fuentes de agua y fauna de los territorios afectados.
Quienes desde hace muchos años hemos mantenido en los tribunales del país una lucha casi en solitario, para que se reconozcan esos daños y se suspendiera la aspersión del mortal veneno, nos enfrentamos siempre a los oídos sordos de los jueces, que jamás entendieron que se estaba jugando peligrosamente con la salud de las personas. Por lo menos así lo señalaban algunos dedicados estudios de especialistas extranjeros y colombianos, en los que apoyábamos nuestros alegatos.
Cuando ya las estadísticas sobre casos de malformación congénita y cáncer en niños y adultos, comenzaron a dispararse los altos tribunales, en particular, la Corte Constitucional dio un paso adelante y elaboró la figura del «Principio de Precaución», que era una tabla de salvación para las poblaciones en riesgo, y una medida precautelativa, que tampoco fue escuchada. Como tampoco lo fueron los estudios sobre el «efecto deriva» de las fumigaciones, y el que significa que además de los daños sobre la zona asperjada y previamente señalada, otras franjas de tierra, de manera inevitable se ven igualmente afectadas, como ocurrió con las realizadas en el área limítrofe con Ecuador, que le valió a Colombia una demanda por perjuicios, que tuvo ser conciliada antes de que se profiriera el fallo condenatorio por los tribunales internacionales.
Curioso resulta por lo menos, que en este caso, las autoridades colombianas aceptaran que sí se causaron enormes daños sobre la naturaleza y sus gentes con la aspersión del glifosato.
Necesariamente tiene que existir con el cambio de política del gobierno en este campo, un cambio de actitud de la justicia colombiana frente a los pleitos que cursan en sus despachos, y no exigir, como ha sido hasta ahora, que la única prueba sea el certificado de defunción de las victimas del letal veneno, producido por el poderoso Monsanto y sus laboratorios filiales en estados Unidos.
