La llegada de la guerrilla al escenario político.
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El tránsito de las Farc al escenario político tras el acuerdo de paz de 2016 reconfiguró el equilibrio de la izquierda colombiana. Las tensiones internas en el Polo Democrático Alternativo, las decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos y la disputa por el electorado marcaron el rumbo electoral previo a 2018.
Hace diez años, la llegada de las Farc a la política institucional se instaló como un hecho determinante. El acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos abrió la puerta para que la antigua guerrilla accediera al Congreso, con cinco curules garantizadas en Senado y Cámara durante dos periodos legislativos, además de la posibilidad de competir por escaños adicionales.
Ese ingreso coincidió con un momento de fractura en la izquierda tradicional. El Polo Democrático Alternativo enfrentó dificultades para consolidar un liderazgo visible de cara a las elecciones de 2018. Las decisiones internas se aplazaron hasta su congreso nacional en noviembre de ese año, mientras crecían las diferencias sobre el rumbo del partido frente al proceso de paz y su relación con el gobierno.
En medio de ese escenario, figuras como Jaime Dussán, Alba Luz Pinilla y Wilson Borja impulsaron la llamada campaña amarilla o consulta por el Sí. La discusión interna se intensificó ante la imposibilidad de acuerdos dentro del comité ejecutivo, en especial sobre si un partido comprometido con la bandera de la paz debía asumir una postura de oposición.
El nombramiento de Clara López como ministra de Trabajo por parte de Santos, acompañado por la presencia del senador Jorge Enrique Robledo, profundizó la división. Sectores del partido interpretaron esa designación como una maniobra política que alteraba el equilibrio interno y debilitaba la autonomía de la izquierda.
Las posturas se polarizaron. Mientras un grupo minoritario dentro del comité ejecutivo se inclinó por explorar alianzas en nombre de la paz, otros dirigentes insistieron en mantener al Polo como fuerza de oposición. La discusión derivó en la negativa a construir coaliciones para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, en contraste con sectores abiertos a acuerdos futuros.
En paralelo, la consolidación del acuerdo final con las Farc introdujo una variable electoral inédita. La transición de la guerrilla a partido político planteó interrogantes sobre su impacto en el electorado de izquierda. El Polo mantenía una base urbana, caracterizada por el rechazo a la lucha armada, lo que generaba dudas sobre la recepción de los antiguos insurgentes en ese mismo espectro.
Desde la reforma política de 2003, la izquierda y sectores independientes habían alcanzado un máximo del 18% en elecciones al Congreso. En ese contexto, resultaba previsible que las Farc buscaran respaldo en ese mismo segmento, sin mayor margen en el centro o la derecha. El análisis del especialista en ciencia política Alberto Cienfuegos apuntaba a una percepción extendida: los votantes tienden a agrupar movimientos independientes y no bipartidistas dentro del mismo campo de la izquierda.
El antecedente del M-19, que logró 19 de las 70 curules en la Asamblea Constituyente de 1991 tras su reinserción, y el fenómeno de la Ola Verde en 2010, mostraban que la novedad política podía traducirse en respaldo electoral. Sin embargo, el caso de las Farc enfrentaba un desafío adicional: transformar su imagen y comunicar el contenido de los acuerdos de paz para romper la asociación con la violencia.
Ese proceso, lejos de consolidarse de manera uniforme, también incidió en el fortalecimiento de sectores contrarios al acuerdo, en particular el uribismo de la época. La llegada de los “comunes” al Congreso, aunque prevista, se configuró como un escenario complejo, atravesado por tensiones internas en la izquierda y por la disputa simbólica sobre la legitimidad de su participación política.
El desenlace electoral dependió de la forma en que las Farc, el Polo y los partidos independientes enfrentaron estos retos. La transición abrió un nuevo ciclo político cuyo alcance se definió en medio de incertidumbres, divisiones y reacomodos dentro del sistema político colombiano.
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