Las luces deben continuar



En el desarrollo de las sociedades no se deben dejar atrás sus pasos más relevantes de progreso hacia un destino de crecimiento, oportunidades y justicia. Por ejemplo, no es posible de buenas a primeras desechar de un plumazo los grandes servicios prestados a la Nación colombiana por parte del catolicismo.
¿Por qué apagar la luz de la espiritualidad, de los valores y las virtudes de la enseñanza católica?
Se nos argumentará que hoy existen en nuestra Patria los concepto de laicidad y la libertad de cultos como consagración constitucional, a lo cual responderemos que la laicidad no debe entenderse como una ruta a la nada, a la no creencia o al mantenimiento al margen de toda opción religiosa; eso no es así, lo que busca el concepto de laicidad es no imponer oficialmente como Estado una determinada creencia o religión, coartando la libertad individual o de grupos o colectivos de creer y practicar sus creencias.
Se ha tratado de limitar al funcionario público de su posibilidad de manifestación de una creencia o doctrina con el argumento de la neutralidad.
Si yo coloco en mi oficina pública un símbolo de mi religión o de mis convicciones no le estoy violando a nadie su derecho de libertad religiosa ni mucho menos le estoy imponiendo una determinada orientación religiosa, solo es la manifestación de mi creencia así esté en un cargo público y la haga visible externamente.
Este argumento no ha sido aceptado en varias Cortes que siguen creyendo que la neutralidad se manifiesta por la ausencia de símbolos, en lugar de creer que la presencia de símbolos es una expresión de la libertad individual o de los grupos o colectivos, sin imposiciones ni obligaciones para nadie.
En mis funciones públicas, que fueron siempre gerenciales, colocaba sobre mi escritorio uno o dos símbolos religiosos de mi catolicismo como una convicción interior y usando mi libertad dentro de un régimen laico.
Nadie nunca se opuso a esa presencia y nadie siquiera preguntó por su justificación. Si alguien me lo hubiera preguntado le habría respondido que estaba usando el derecho a mi libertad personal de cultos y de religión y a nadie le estaba imponiendo creencia alguna.
De todas maneras, este es un tema discutible, que no debe llevarse a los extremos convirtiendo la laicidad, la libertad religiosa y de cultos en una barrera infranqueable que no permita la manifestación personal o colectiva.
Con mucha preocupación observamos el intento de desmontar la contratación de comunidades religiosas en el manejo administrativo de algunos colegios públicos en Popayán.
Han sido instituciones exitosas, que han dado excelentes resultados en formación profesional, valores y educación de calidad.
La presión ciudadana se hizo sentir, miles de personas desfilaron por las calles de Popayán pidiendo la reanudación de los contratos y este clamor llegó hasta el Ministerio de Educación, que dejó atrás sus intentos reaccionarios y permitió la nueva contratación bajo el júbilo general.
Se salvó la libertad de unos colectivos con creencias y convicciones y se evitó un paso hacia la nada, el abismo y el adoctrinamiento.
Lo grave es que esto se siga repitiendo cada año y que la reanudación o prórroga esté sujeta a profundas divisiones y luchas que ensombrezcan el panorama educativo que debe ser creciente en calidad.
Nunca han estado mejor utilizados los fondos públicos que encargando de la administración a comunidades notables por sus excelencias y resultados y que no están coartando ninguna libertad, ya que el ingreso allí es voluntario y quienes no lo quieran hacer pueden libremente ingresar a otras instituciones.
Se dirá que en las instituciones públicas administradas por comunidades religiosas se está enseñando una religión exclusiva y obligatoria. Lo más fácil es reglamentar que esa materia sea voluntaria y que no incidirá en las notas de aprobación final de los grados. Esto es suficiente. Así podrán continuar educando, con las capacidades demostradas y con los resultados obtenidos en las diversas pruebas, a miles de jóvenes en el camino de la excelencia.
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