Las etapas de la violencia en Colombia

Las etapas de la violencia en Colombia

Un tema al que los diferentes medios de comunicación no le han dado la importancia que amerita, fue el que tocó el presidente Petro en su discurso del 20 de julio: el de las tres etapas de violencia, que, según él, hemos sufrido en Colombia desde mediados del siglo XX.

Y es clave, para entender las raíces del conflicto y evolución de los diversos grupos armados generados después del 9 de abril de 1948, que transmutados siguen asolando ciudades y regiones del país, algunos exigiendo reformas socioeconómicas y políticas y todos ejerciendo violencia selectiva en los territorios por cuyo dominio se enfrentan entre ellos, sometiendo a la población y empresarios, mediante amenazas y extorsión, controlando además el narcotráfico, minería ilegal y otras economías subterráneas, para asegurar su financiación.

Y aunque según Petro, desde 1948 Colombia ha sufrido 3 etapas de violencia, estas pueden ser más según se analicen factores como el rebrote de los paramilitares desde mediados de los 90, intentando disputarle a las FARC el territorio nacional que abarcaban alrededor de las grandes ciudades; y la posterior evolución de los numerosos grupos armados autodenominados de “izquierda o derecha”, que entraron en disputa entre ellos, no por llegar al poder por las armas, sino por los territorios que abandonaron las FARC y no fueron copados por instituciones del Estado, después de desarmarse en el segundo gobierno de Santos y al no asumir Duque los compromisos firmados en el acuerdo de paz.

VIOLENCIA ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES

En la 1ª violencia, después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, para sofocar las iniciales protestas anarquizadas durante el incendio del centro de la capital conocido como “El Bogotazo” y levantamientos en otras ciudades del país, la Policía y el Ejército, controlados por el gobierno conservador y reforzados por “pájaros” o paramilitares, -como el “Cóndor” Lozano, en Tuluá y “chulavitas”, como Efraín González, en Boyacá y Cundinamarca-, desencadenaron la persecución de liberales, tanto de dirigentes en ciudades y pueblos, como de civiles y campesinos, que para no ser masacrados y despojados de sus negocios y tierras se organizaron en guerrillas, especialmente en montañas del Tolima, Huila, Caldas (incluyendo Quindio y Risaralda), Valle, Cauca, Antioquia, Cundinamarca y en las planicies de los Llanos orientales, donde al mando de Guadalupe Salcedo se concentró el frente más numeroso.

Después de 1953, con el “golpe de opinión” del general Rojas Pinilla, las elites políticas negociaron la desmovilización de guerrillas del Llano. Al caer la dictadura, en 1958, el Frente Nacional acordó la paz entre liberales y conservadores alternándose en la presidencia durante 16 años.

El primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo (1958-1962), negoció la desmovilización de las guerrillas sobrevivientes, intentó revivir la Reforma Agraria, y con el Plan de Rehabilitación, inició la construcción de carreteras (como la de El Palo-Toribio; Santander-San Pedro-La Mina-Jambaló) y otra en Tierradentro, donde trabajó Tirofijo, como interventor.

Sin embargo, después de la desmovilización de las guerrillas liberales; en varios departamentos andinos por varios años permanecieron bandas de los llamados “chusmeros”, que movidos por la venganza, sin ideología política y con afán de riqueza,  al estilo de los pistoleros de las películas del oeste y “charros” mejicanos sobrantes de las guerras civiles de los Estados Unidos y México, se dedicaron a asaltar fincas, a la Caja Agraria en pequeñas poblaciones, y vehículos en carreteras, cometiendo numerosas masacres.

 “Desquite”, Chispas, el Capitán Peligro”, “Sangrenegra”, Efraín González, etc, y sus cuadrillas copaban las primeras páginas con titulares y espeluznantes fotografías de cadáveres con los de moda “cortes de franela”, que los dueños de los periódicos de inicios de los 60, acordaron no seguir reproduciendo, en la carrera sensacionalista y amarillista en la que estaban enfrascados.

Durante el segundo gobierno del Frente Nacional, el presidente conservador Guillermo León Valencia, además de alternar la cacería de venados, dantas y patos, con el ejército se concentró en la cacería de los bandoleros sobrevivientes, lográndolo parcialmente; mientras archivó la implementación de la reforma agraria, resucitada por Lleras Camargo y haciéndole caso a Álvaro Gómez Hurtado, sembró la semilla del nacimiento de las FARC, cuando propició que como avispero toreado se dispersaran a Sumapaz y los Llanos, después que bombardeó a campesinos de Marquetalia, Tierradentro y Riochiquito, quienes conservaban precario armamento, no se habían bandolerizado, e intentaban organizar cooperativas agrarias en su territorio, influenciados por las ideas socialistas que avanzaban con el ejemplo de la revolución cubana.

 SEGUNDA ETAPA DE VIOLENCIA

En estas circunstancias, entre 1964 y 1965, con participación de antiguos guerrilleros liberales y el romanticismo mesiánico de jóvenes intelectuales y estudiantes influenciados por las ideas socialistas en boga -y que se sintieron marginados de la participación política debido al sistema excluyente del Frente Nacional que sólo daba garantías a liberales y conservadores-, crecieron las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL y a mediados de los 70, el M-19, después que el gobierno de Lleras Restrepo le robaron las elecciones presidenciales a Rojas Pinilla, líder de la ANAPO.

 Estas guerrillas después de negociaciones de paz iniciadas en el gobierno de Belisario Betancur, se plantearon la unión alrededor de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, entonces alentada a tomarse el poder, estimulados por el triunfo de revoluciones socialistas en Asia, África, el Nicaragua y Salvador y con el apoyo de la URSS y en menor medida de la China Popular.

RENACE EL PARAMILITARISMO

La consolidación de los grandes carteles de la cocaína desde inicios de los 80, permitió el renacimiento del paramilitarismo (de Pájaros y Chulavitas de los años 50), después que el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del clan familiar, que con Pablo Escobar, el Mejicano y Carlos Leder, dirigieron el cartel de Medellín.

Mientras los emergentes narco-hacendados buscando proteger las grandes haciendas que adquirieron para sentar sus bases, lavar dineros y protegerse de secuestros y atentados, formaron ejércitos privados, contando con la colaboración de sobornados oficiales de la Policía y el Ejército; en las comunas de Medellín, (donde algunas guerrillas empezaron a crear comandos urbanos de milicianos) Pablo Escobar y otros capos reclutaron y entrenaron a cuadrillas de sicarios adolescentes, cuyos sobrevivientes, décadas después, junto a paramilitares reciclados de las AUC, conformarían la “Oficina de Envigado” y otras por el estilo replicadas en Cali, Bogotá, Barranquilla y ciudades del país donde explotan el microtráfico, la extorsión, secuestro, trata de personas, apuestas, gota a gota y contratación pública, mediante concejales, diputados, alcaldes y gobernadores a quienes han contribuido para financiar sus campañas. (Raíces de la 3a etapa de violencia actual).

CONTEXTO INTERNACIONAL, GUERRILAS Y EL NARCOTRAFICO

Con el desmembramiento de la Unión Soviética desde 1991, y la conversión de Rusia en país capitalista, desapareció la principal fuente ideológica y de financiamiento de los “movimientos de liberación nacional”. impulsados por guerrillas de inspiración marxista.

Con el cese de la Guerra fría entre la URSS y USA, las guerrillas que luchaban por la “liberación nacional” se debilitaron y tomó fuerza la tendencia a integrar a la oposición en partidos, que, mediante elecciones, puedan ganar curules en los congresos, asambleas y concejos, y en gobiernos nacionales, departamentales y municipales para impulsar reformas socioeconómicas y políticas.

Ante el triunfo electoral de movimientos de izquierda en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua, etc.

Hasta Fidel Castro, recomendó a las FARC y ELN negociar su desmovilización con el gobierno colombiano, para buscar acceder al poder por medio elecciones, tal como lo intentaron con creciente éxito el M-19 y otros grupos armados después que se desmovilizaron, participaron en la redacción de la Constitución del 91, y con sus propuestas y candidatos estuvieron en elecciones.

Sin embargo, la desmovilización de las FARC y el ELN no se concretó, a pesar de varios intentos realizados por los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe y el primero de Santos.

Haciéndoles competencia a los grandes carteles que monopolizaban el negocio, cobrando impuesto de gramaje, las guerrillas de las FARC, primero y el ELN después, a fínales de los 80. empezaron a beneficiarse de los dineros del procesamiento y tráfico de drogas prohibidas como la cocaína y marihuana procesada, lo que incrementó sus ingresos y capacidad de armarse e influenció en el pensamiento, estilo de vida de los comandantes y las bases guerrilleras, sin perder el objetivo de la toma del poder, que creían tenerlo a un paso, cuando en el gobierno de Andrés Pastrana tenían asediado a Cali, el suroccidente colombiano y a Bogotá, e iniciaron negociaciones en el Caguán.

Al fracasar este proceso, con el Plan Colombia financiado por los Estados Unidos y la reorganización del paramilitarismo de las AUC a gran escala, debilitaron a las guerrillas, especialmente a las FARC, después de que fracasó el proceso de paz durante el gobierno de Pastrana y en los gobiernos de Uribe bombardearon sus campamentos, donde murieron Raúl Reyes y el Mono Jojoy, y además recibieron la colaboración encubierta de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, del gobierno y los empresarios.

En esta lucha reforzada del paramilitarismo que cobró fuerza desde 1995, cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, además de desplazar a comunidades campesinas a las que acusaban de ser colaboradoras de las guerrillas, sembraron el temor al ejecutar varias masacres, se apoderaron de grandes extensiones de tierra para ampliar sus haciendas ganaderas y cultivos de banano, palma africana, caña de azúcar, entre otros, y desarrollar proyectos agroindustriales que les permitieran lavar dineros del narcotráfico y macro-proyectos minero-energéticos, como el de Hidroituango.

Cuando el paramilitarismo golpeó a las guerrillas, y a grandes grupos económicos y elites empresariales y políticas les permitió apoderarse de tierras y la administración de importantes regiones del país; cumplida su labor, el segundo gobierno de Uribe, para lavar su imagen nacional e internacional, impulsó la desmovilización real y ficticia de miembros de los paramilitares de las AUC y la entrega de sus principales jefes.

Al Mancuso y otros cabecillas de las AUC, en el tribunal de Justicia y Paz, empezar a revelar nombres de sus aliados en las FFAA, la política y el empresariado, para callarlos fueron extraditados a los Estados Unidos, donde solo los condenaron por narcotráfico y no por las masacres y graves delitos cometidos en Colombia.

Sin embargo, no todos los paramilitares se desmovilizaron ni entregaron las armas. Siguieron controlando el narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores, tráfico de personas e inmigrantes, gota a gota, etc. Pasaron a nombrarse: “Rastrojos”, Urabeños”, Pachencas, etc, hasta que finalmente, la mayoría terminaron unificados en las llamadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC o “Clan del Golfo” con gran poder, especialmente en Antioquia y la costa atlántica, donde han presionado varios paros armados. (grupos de la 3ª etapa de violencia)

Sin embargo, en su discurso del 20 de julio, el presidente Petro llamó la atención sobre “la Tercera ola de violencia”, que estamos viviendo a cargo de grupos que ya no tienen como principal objetivo enfrentar al Ejército y la Policía buscando tomarse el poder, como desde su creación se propusieron las FARC, el ELN, el EPL y el M19.

Ahora combaten entre ellos para apoderarse de territorios donde el Estado no ha hecho presencia, aterrorizar a la población, adelantar el reclutamiento forzoso de menores, asesinar a los líderes sociales que se les oponen, e intentar corromper a las instituciones, todo para apoderarse de la economía ilegal: narcotráfico, minería, extorsión, secuestro, créditos gota a gota, trata de personas e inmigrantes. También de la economía legal, mediante la apropiación de la contratación pública en entidades nacionales, alcaldías y gobernaciones.

Para evitar que esta tendencia tome fuerza, la paz de la Tercera fase de violencia, iniciada por Petro, busca convocar a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, quienes históricamente se han propuesto derrocar al gobierno y en el caso del ELN, en la primera etapa de negociaciones, además del cese al fuego acordado desde el 6 de julio fomentan la participación de comunidades organizadas en mesas de negociaciones, que previamente se reunirán en Bogotá el 2 de agosto, donde 80 representantes de 30 organizaciones sociales de diferentes regiones del país, presentarán a los comandantes de la guerrilla y del gobierno, sus inquietudes acerca de las afectaciones de la guerra en sus territorios, además de propuestas para adelantar reformas sociales, económicas y políticas que mejoren su participación democrática y condiciones de vida de las comunidades. 

Otro reto del gobierno es el de desarticular otros poderosos frentes de delincuencia organizada que prosperó después de tantos años de violencia con orígenes políticos y permeada por el narcotráfico, el paramilitarismo, la parapolítica y la descomposición de algunas guerrillas.

A la par que avanzan negociaciones con el ELN y las Disidencias de las FARC, el gobierno intenta negociar grupos herederos de los paramilitares, como el Clan del Golfo, Pachencas, etc, quienes se apoderaron de territorios y se enriquecieron rápidamente gracias a la explotación del narcotráfico, minería ilegal, extorsión, gota a gota, contratación pública, etc, y en varios departamentos se han aliado con autoridades civiles y militares y enfrentan entre ellos o con las guerrillas sembrando el terror y la inseguridad en las regiones.  A cambio de penas atenuadas y algunas concesiones económicas, el gobierno de Petro busca que se desmovilicen y sustituyan la economía ilícita por la licita.

La paz total en los territorios, además de la desmovilización de los grupos armados, significa que tengan éxito programas como el de la Reforma Agraria, que los jóvenes del campo y la ciudad tengan oportunidades de educación y trabajo y que merme la desigualdad, mediante la aprobación de las urgentes reformas que permitan la consolidación de una sociedad más democrática, justa y productiva.

“Es la hora de un gran acuerdo nacional como el que logramos con la Constitución del 91…   Es el camino de la paz y de construir un gran país en medio de las diferencias, económicas, sociales, culturales y políticas”.

Todos estos propósitos con el reto de superar la crisis de gobernabilidad que sufre el gobierno al cumplir su primer año, al perder mayorías en el Congreso, tener que moderar los alcances de reformas como las de la Salud, Laboral y Pensional; y al afrontar las repercusiones de las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra su hijo Nicolás, por el dudoso manejo de los dineros que ingresaron a la campaña electoral.

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