De la protesta social y el magisterio
Un clima de tensión ha tenido el país en los años recientes, que ha evidenciado la contradicción entre Estado y sociedad. Protestas populares, paros realizados y anunciados. En el transporte, en la rama judicial, en el magisterio, de los corteros de caña, de la DIAN, de la Registraduría, marchas indígenas y campesinas, de los camioneros, etc., que expresan una serie de inconformismos, demandas y pretensiones de conquistas laborales, de reivindicaciones sociales y económicas que el Estado debe atender, conciliar y solventar. Derechos de ley y constitucionales conculcados; retenidos o aplazados terminan coincidiendo en protestas tras la lucha por el reconocimiento de los pueblos.
Lucha por el reconocimiento que en una verdadera democracia exige diálogos y concertaciones entre las partes y la no intervención de la fuerza y la violencia para dirimir los conflictos. Es aquí donde debe tener cabida la política entendida como la capacidad de resolver pacíficamente las diferencias.
Se entiende que en toda democracia que se respete, la legitimidad de la protesta social se concibe en la medida en que se recurra a la mesura, a la racionalidad, bajo un clima de respeto del Estado social de derecho y el orden constitucional.
En estas condiciones el Estado no puede criminalizar la protesta social ni comprometerse en acciones que le incurran en violaciones de los derechos humanos, algo supremamente censurable y bochornoso en una democracia.
El actual proceso de paz próximo a culminar, conducirá irremediablemente al encuentro de unos cambios de comportamientos en la vida privada y pública de los colombianos. Se trata de la construcción de una nueva cultura política que haga posible el manejo civilizado de los conflictos entre los diferentes actores sociales en variados escenarios de la vida nacional.
Para fomentar una cultura de la paz, de la paz política en primera instancia, se requiere fomentar y desarrollar valores tales como la solidaridad, la equidad, el respeto por las diferencias, la participación, etc., como camino para la vigencia de los demás tipos de paz como es el caso de la paz económica y social. Colombia urge de un Estado de la mano del interés colectivo y ajeno a circunstancias sociales y políticas de exclusión.
La privatización de lo público ha sido un obstáculo para una democracia en construcción como la nuestra; lo que explica el acrecentamiento de la protesta y la lucha social tras la conquista de la vigencia y materialización de los derechos humanos. La paz se hace inalcanzable mientras los derechos humanos sean objeto de olvido atropello o menosprecio.
De donde se deduce que la reconciliación nacional será posible en la medida en que se garantice la tolerancia, el ejercicio legal y legítimo del poder en la defensa de la vida, la vigencia de la libertad y seguridad de las personas. La defensa de los derechos sociales y económicos incluye la defensa de una salud en condiciones de dignidad. Sin una salud digna no hay vida posible.
Desde el día de ayer 8 de agosto, el magisterio caucano liderado por la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, reinició una huelga regional indefinida, por la defensa del derecho de la salud. Huelga a todas luces legítima ante el cúmulo de abusos de parte de un sistema, no sólo injusto sino también perverso. Abusos que el magisterio caucano no está dispuesto a seguir soportando. El actual sistema contractual de la salud del magisterio caucano es claramente deficiente y los maestros están decididos a no tolerarlo más. El Gobierno debe atender la problemática con soluciones concretas y realizables, no con promesas, fruto de la improvisación y la irresponsabilidad.
La agremiación sindical, entre otras cosas ha enfatizado: “El mayor error es continuar con el actual servicio de salud, dejar que los traficantes acrecienten sus ganancias, a costa de las muertes y la agudización de las enfermedades por el inoportuno o nulo servicio que los particulares nos imponen”. Y agrega: “Debemos defender los recursos que aportamos de nuestro salario cada mes, quién mejor que nosotros mismos para sacar adelante una alternativa distinta, sin corrupción, un servicio de salud oportuno y de calidad, esto es posible si somos capaces de sacar al intermediario que solo le importa acrecentar sus ganancias, su riqueza, así para ello tenga que matar al usuario. Desde ASOINCA decimos basta ya y nos levantamos como una sola fuerza a recuperar este derecho fundamental; el diálogo y las mesas de trabajo con el MEN no han dado resultado, debemos tomar el camino de la huelga indefinida, para que el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, incluidos los dos representantes de FECODE, NO desconozcan el ACUERDO FIRMADO con el Viceministro de Educación y autoricen que dirijamos nuestro propio sistema de salud y no continúen defendiendo a los intermediarios y traficantes de la muerte”.
