En Suárez se instala una discusión que desborda la contienda electoral. Desde este municipio del Cauca, que no supera los 35 mil habitantes y es tristemente reconocido por la violencia histórica que ha tenido que padecer y aún padece, han llegado simultáneamente a posiciones de alto poder estatal dos figuras: Francia Márquez, hoy vicepresidenta de la República, y Juan Pablo Salazar, representante a la Cámara por la curul de paz. Ambos nacidos allí.
La violencia recrudecida en el territorio constituye una paradoja frente a ese poder nacional alcanzado, cuya aparente inoperancia queda en evidencia. Como la misma vicepresidenta le reconoció al presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros hace unos meses, cuando dijo que en Suárez la gente hoy se sentía peor que hace cuatro años.
Justamente esos dos poderes se disputan con fuerza este domingo la silla en el Congreso que representa a las víctimas de la región: Salazar, en cabeza propia, pues busca reelegirse; y el grupo de Francia, respaldando a la candidata Rossana Mejía.
La contienda se desarrolla en un territorio donde la violencia armada mantiene presencia activa. Suárez y varios municipios de la circunscripción han vivido en 2025 y comienzos de 2026 una secuencia de hostigamientos, atentados y confrontaciones que inciden en la vida comunitaria y en el ejercicio mismo de la política.
El 3 de noviembre de 2025, un artefacto explosivo impactó el cuartel policial del municipio y causó la muerte de dos civiles. Días después, el 12 de noviembre, estructuras armadas hostigaron de manera simultánea bases militares en la zona. El 21 de diciembre se registró un ataque contra población civil en medio de disputas por corredores estratégicos. En enero de 2026 se documentó el uso de drones adaptados para lanzar explosivos. Las detonaciones del 20 de enero afectaron infraestructura urbana y comercio local. El frente Jaime Martínez, adscrito al Estado Mayor Central, mantiene presencia en la región en disputa por economías ilegales y control territorial.
En sectores de la población circula la idea de que la vicepresidenta no transformó de manera estructural las condiciones históricas del territorio. La expectativa que acompañó la llegada de la primera mujer afrocolombiana a la Casa de Nariño no logró alterar de forma profunda los indicadores estructurales de Suárez.
En ese ambiente han surgido narrativas que cuestionan la gestión de quienes han alcanzado representación institucional, incluido el congresista Salazar. Su figura se proyecta como la de un dirigente campesino que ingresó a un Congreso, lo que significó la irrupción social en un sistema históricamente cerrado, pero que tampoco trajo el cambio definitivo.
Es en ese escenario donde se da la puja por la silla de las víctimas de las Circunscripción Transitoria Especial de Paz, creadas a partir del Acuerdo de Paz de 2016. La Citrep 1 integra 24 municipios del Alto Patía y del norte del Cauca. En Nariño participan Barbacoas, Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa. En el Cauca figuran Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Patía, San Sebastián, Santa Rosa, Sucre, El Tambo, Buenos Aires, Morales y Suárez. En el Valle del Cauca están Florida y Pradera.
En esta circunscripción se inscribieron siete listas con catorce candidatos distribuidos en fórmula de alternancia hombre-mujer. Por la Asociación Agropecuaria y Campesina de Agua Bonita (Asointec), de Suárez, participan Juan Pablo Salazar Rivera y Yasmin Ximena López Yule. El Resguardo Indígena de Toribío postula a Esneyder Gómez Salamanca y Claudia Liliana Ruiz Hoyos. La Fundación Agua y Vida inscribió a Jaime Andrés Moreno Sánchez y Rossana Mejía Caicedo. Son de las candidaturas que más suenan.
La subregión suma más de 450.000 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. Los informes de la Misión de Observación Electoral ubican esta circunscripción entre las de mayor riesgo electoral por presencia de estructuras armadas y presiones territoriales. Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han descrito la expansión del frente Jaime Martínez en el norte del Cauca y la disputa del frente Carlos Patiño en el sur. Estos informes registran confinamientos, restricciones a la movilidad y presiones sobre liderazgos comunitarios.
El actual congresista Juan Pablo Salazar Rivera es campesino y dirigente social. Fue fundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera de Suárez y presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda. En 2022 obtuvo la curul de paz avalado por la Asociación Agropecuaria y Campesina de Agua Bonita, con 9.310 votos personales y 12.229 votos de lista.
Desde el Congreso, su gestión se ha concretado en acciones como la ponencia de la ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y el impulso a la priorización de tramos de vías terciarias en el marco de los proyectos PDET para Suárez y Buenos Aires.
Su campaña articula apoyos del sector campesino, algunos respaldos institucionales locales y alianzas con dirigentes regionales. Por ejemplo, lo asocian a la estructura del alcalde de Suárez César Lizardo Cerón, elegido por el partido AICO, quien, tras romper lazos con el grupo de Francia Márquez por diferencias en la agenda local, ha puesto a su equipo de confianza a mover el respaldo para el representante.
A esta estructura institucional se suma el peso histórico de Jesús Enrique Piñacué Achicué, exsenador y figura de amplio calado en el movimiento indígena nasa, quien refuerza la candidatura como esposo de Ximena López Yule, la fórmula de Salazar.
Frente a estos cálculos se ubica la otra orilla del pulso: el grupo político de la vicepresidenta Francia Márquez, alrededor de la candidatura de Rossana Mejía Caicedo.
Mejía Caicedo ha sido consejera de Derechos Humanos e Integridad Étnica en ACONC y ejerció como consejera mayor hasta 2025. Su trayectoria se centra en la defensa territorial afrodescendiente y en la interlocución con el Estado en asuntos de consulta previa y derechos colectivos.
En marzo de 2025, sectores de los consejos comunitarios del norte del Cauca expresaron respaldo a su aspiración a la Cámara y la Fundación Agua y Vida la avaló.
Dirigentes regionales identifican su candidatura como respaldada por el grupo político de la vicepresidenta Francia Márquez porque personas afines o abiertamente militantes de Francia, en municipios como Guachené, Miranda, Puerto Tejada y Caloto, están actuando en respaldo a Rossana, coordinando reuniones comunitarias y jornadas de socialización en las que su candidatura es presentada como la prioridad del proyecto político de la vicepresidenta.
El pulso electoral no se reduce a Juan Pablo Salazar y Rossana Mejía. Hay una tercera figura que busca capitalizar el cansancio frente a la confrontación entre bloques: la opción indígena que impulsa Esneyder Gómez, del Resguardo Indígena de Toribío.
Se trata de un dirigente indígena vinculado al Consejo Regional Indígena del Cauca, que participa en la contienda con una propuesta centrada en la representación de víctimas y comunidades indígenas. Su eventual consolidación depende del respaldo disciplinado de resguardos del norte del Cauca, donde el voto colectivo tiene peso determinante.
Todo el Cauca mantiene una condición histórica compleja. Concentra economías ilícitas, violencia armada y déficits estructurales de Estado. A la vez, ha producido liderazgos que han ocupado posiciones decisivas en la arquitectura del poder nacional. Esa dualidad forma parte de su camino y su paradoja.
La elección de la curul de paz este 8 de marzo determinará qué proyecto territorial capitaliza ese capital simbólico y cómo se traduce en representación efectiva dentro del Estado.
