La masacre de comerciantes que sigue esperando justicia
Por Proclama del Pacífico
Con base en el testimonio del representante Juan Pablo Salazar Rivera
Veinticinco años después
El 3 de diciembre de 2000, la violencia atravesó las montañas del norte del Cauca y dejó una herida que aún no cicatriza. Ese día, hombres armados del Bloque Calima, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ingresaron al municipio de Suárez y Buenos Aires con el propósito de aterrorizar a la población.
Su recorrido, entre los corregimientos de Betulia, Río Damián, San Pablo, La Esperanza, El Porvenir, Timba y La Balsa, se convirtió en una cadena de asesinatos, saqueos y desplazamientos.
El representante a la Cámara Juan Pablo Salazar Rivera, quien entonces era un joven estudiante del sistema de educación rural SAT, reconstruyó los hechos en una columna que hoy sirve de recordatorio y denuncia. Su testimonio rescata nombres y lugares que durante años quedaron enterrados en el silencio.
El primer disparo
En Betulia, los paramilitares asesinaron a Eliecer Gutiérrez Pineda, tendero y padre de dos hijos —uno de ellos por nacer—.
Salazar recuerda que cada mañana dejaba sus botas embarradas en la tienda de Eliecer antes de entrar a clases. “Era un hombre servicial, de palabra tranquila, querido por todos. Su muerte fue el primer golpe de ese día que partió la historia del pueblo”, relata el congresista.
Tras el asesinato, los hombres armados saquearon los negocios de don Henry, don Joel y doña Lida Rosa, llevándose alimentos, dinero y mercancías. Lo que no se llevaron fue el miedo: lo dejaron como advertencia.
Río Damián: dos vidas en la carretera
El recorrido continuó hacia Río Damián, donde los paramilitares sacaron de sus tiendas a Jóbar Rodríguez, un comerciante mayor del corregimiento de Bellavista, y a Alirio Tróchez, campesino de la vereda Agua Bonita, en Robles.
En plena vía principal, uno de los hombres disparó contra Jóbar. Luego ordenó a Alirio que moviera el cuerpo. Cuando se agachó para hacerlo, lo asesinó por la espalda.
Las tiendas quedaron vacías, los cuerpos sobre la carretera, y el eco de los disparos marcó el avance de una columna que no encontró resistencia.
El Ejército y la omisión
Durante todo el recorrido, el grupo armado pasó frente a la base militar del Ejército Nacional en la vereda El Amparo, instalada para custodiar la represa de La Salvajina y garantizar la seguridad de la zona.
Los testimonios indican que los militares observaron la caravana sin intervenir, incluso cuando los paramilitares forzaron a varios conductores de chivas, camiones y volquetas a unirse para transportar los víveres saqueados.
Esa pasividad es hoy una de las pruebas más contundentes de la complicidad estatal que las víctimas reclaman se reconozca oficialmente.
La verdad fragmentada
Veinticinco años después, la investigación sobre la masacre de los comerciantes de Suárez sigue inconclusa. El comandante del Bloque Calima, José Hebert Veloza, alias “HH”, fue extraditado a Estados Unidos, pero nunca entregó toda la verdad sobre los hechos ni reveló los nombres de los cómplices civiles, militares o empresariales que facilitaron la incursión.
El representante Salazar Rivera ha pedido que el Estado colombiano gestione ante la justicia estadounidense un proceso para que alias “HH” declare sobre estos crímenes y explique las alianzas que sostuvieron al Bloque Calima.
“Las víctimas tienen derecho a conocer lo que se ocultó: los vínculos entre el paramilitarismo, ciertas multinacionales y los intereses económicos en minería y narcotráfico que operaban en la región”, afirmó.
Un territorio disputado
El norte del Cauca ha sido, durante décadas, un escenario de tensión entre comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas frente a intereses extractivos y armados.
La llegada del Bloque Calima en 2000 fue parte de una estrategia de control territorial y económico. Su propósito era garantizar rutas del narcotráfico y abrir espacio a proyectos mineros y de acaparamiento de tierras.
Las víctimas no solo perdieron familiares: también perdieron la posibilidad de sostener sus medios de vida, sus tiendas y su autonomía económica.
Reparación pendiente
Pese al paso del tiempo, las familias de las víctimas siguen esperando reparación integral. No han recibido indemnización, proyectos productivos ni garantías de no repetición.
En los corregimientos afectados, las comunidades sobreviven con escasa presencia institucional. Las víctimas reclaman que el Estado llegue con políticas reales, no solo con actos simbólicos.
“Reparar no es pagar un cheque”, dice un habitante de Betulia. “Reparar es devolverle a este pueblo la posibilidad de vivir sin miedo”.
Memoria que persiste
No hay placas oficiales ni monumentos que recuerden la masacre. Sin embargo, cada año, en diciembre, las familias se reúnen de manera sencilla para recordar a los suyos. Llevan flores, encienden velas y repasan los nombres de quienes cayeron.
El silencio institucional contrasta con la persistencia de la memoria comunitaria.
El testimonio de Salazar Rivera reabrió un capítulo que el país parecía haber olvidado. Su denuncia busca reconocimiento. Es, en palabras suyas, “un acto de justicia con los que ya no están y con los que seguimos esperando respuestas”.
Veinticinco años después
El nombre de Suárez sigue ligado a una deuda del Estado colombiano con sus ciudadanos más vulnerables. La masacre de los comerciantes no fue un exceso aislado, sino el resultado de una estructura armada y política que actuó con impunidad.
Mientras no se conozca toda la verdad, las víctimas seguirán esperando.
Y el país, aunque se diga en paz, tendrá todavía una parte de su historia pendiente por contar.
