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domingo 10 abril, 2011 a las 9:42 pm

La ex congresista Gema López vinculada otra vez a investigaciones por la “Farc-política”

La Corte Suprema anunció una nueva investigación contra la ex congresista Gema López por presuntos nexos con las Farc. Según informó la semana pasada el diario El Espectador, la Corte empezará a resolver la situación jurídica de quienes han sido mencionados como eventuales protagonistas de la farcpolítica. La idea es establecer por qué aparecieron mencionados en el denominado computador de Raúl Reyes y cuál es su posible nexo con la guerrilla. En primera instancia, será evaluada la conducta de los congresistas Alexánder López y Armando Yepes, así como de los ex congresistas Wilson Borja y Gema López.
Es así como la semana pasada se produjo la captura del ex representante a la Cámara por el departamento del Guainía, Pedro Nelson Pardo por la presunta comisión de los delitos de concusión y corrupción al elector, derivados de un presunto acuerdo con las Farc para obtener una curul en el Congreso. Simultáneamente, la Fiscalía formalizó su petición al gobierno de Suiza para que colabore con la captura y posterior extradición a Colombia del principal representante del movimiento insurgente en Europa, Ómar Arturo Zabala Padilla, conocido con el alias de Lucas Gualdrón, quien también apareció relacionado en el computador encontrado durante el bombardeo al campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes como un importante contacto de las Farc para negociar armas y material de guerra en distintos países de Europa.
Además, como se recordará, el 24 de Junio de 2008 la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados había formulado denuncia penal contra Gema López, por el presunto delito de constreñimiento electoral y asociación para delinquir con el grupo terrorista FARC-EP ante la Corte Suprema de Justicia, basado en los testimonios entregados por desmovilizados de las FARC que operaban en el departamento del Cauca y que se acogieron al plan de desmovilización. Sin embargo, en esa ocasión, después de muchos meses de pesquisas por parte de los investigadores del CTI asignados a la sala penal de la Corte, no se encontraron evidencias concluyentes sobre posibles vínculos.
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