La Contraloría abre el primer pulso de poder en el Congreso
La elección del próximo contralor general de la República empieza a convertirse en una disputa política que trasciende los nombres de los diez aspirantes. En juego están la vigilancia de los recursos públicos, el control sobre el Gobierno que asumirá el 7 de agosto y la configuración de fuerzas dentro del Congreso para los próximos cuatro años.
El senador Ariel Ávila advirtió, en un video divulgado en sus redes sociales, que alrededor del proceso se estaría librando una “silenciosa batalla por el poder”. Según su análisis, sectores políticos estarían evaluando caminos jurídicos para modificar la lista de candidatos que dejó conformada el Congreso anterior.
La Contraloría General tiene la función de vigilar la gestión fiscal de las entidades estatales y el manejo de los recursos públicos. Por esa capacidad de control, su dirección ha sido históricamente objeto de negociaciones entre partidos, congresistas y gobiernos.
Ávila recordó que el próximo contralor será elegido el 12 de agosto por el Congreso en pleno para el periodo 2026-2030. La lista vigente está integrada por cinco hombres y cinco mujeres que superaron pruebas, entrevistas y la valoración de sus hojas de vida.
Los aspirantes son Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.
Una lista bajo disputa judicial
El centro de la controversia está en las demandas presentadas contra el proceso de selección. Ávila sostuvo que una decisión judicial podría abrir la posibilidad de repetir alguna etapa, modificar las reglas o permitir el ingreso de personas que no quedaron entre los diez finalistas.
El proceso fue demandado ante el Consejo de Estado por cuestionamientos relacionados con el concurso de méritos. En el Congreso circula la versión de que esas acciones podrían facilitar la recomposición de la lista y permitir la entrada de un candidato con mayor cercanía al Gobierno entrante. Uno de los nombres mencionados en ese escenario es el del exministro de Agricultura Rodolfo Zea, quien no alcanzó a integrar el grupo final.
Hasta el momento no existe una decisión judicial que ordene reemplazar a los aspirantes. Por ello, cualquier afirmación sobre una intervención del nuevo Gobierno debe mantenerse en el terreno de las versiones políticas y no puede presentarse como un hecho comprobado.
El ministro del Interior delegado, Rodrigo Lara, negó que la administración de Abelardo de la Espriella esté buscando un contralor subordinado. Afirmó que el Gobierno quiere que el cargo sea ocupado por una persona competente y aseguró que no necesita “órganos de control de bolsillo”.
El control preventivo también está en juego
En sus declaraciones, Ávila llamó la atención sobre el alcance de las actuaciones preventivas de la Contraloría. Aunque el organismo no puede coadministrar ni reemplazar a las entidades públicas en la toma de decisiones, sí puede advertir riesgos sobre contratos, convenios, proyectos y utilización de recursos antes de que se produzca un daño patrimonial.
Esa capacidad convierte al contralor en una figura con incidencia sobre la ejecución presupuestal del Gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías y las entidades descentralizadas. También puede influir en investigaciones de responsabilidad fiscal que involucren a funcionarios, contratistas y particulares que administren dineros del Estado.
Por esa razón, la elección no se reduce a una competencia entre hojas de vida. El nombre que obtenga la mayoría del Senado y la Cámara quedará al frente de una entidad que puede emitir alertas, ordenar auditorías, abrir procesos fiscales y adoptar medidas cautelares sobre bienes cuando encuentre presuntos daños al patrimonio público.
Los votos comenzaron a moverse
Los congresistas ya iniciaron conversaciones con los candidatos y con las distintas bancadas. La Cámara de Representantes anunció que escuchará a los integrantes de la lista antes de que el Congreso pleno defina la elección. El proceso se perfila como el primer gran pulso político del Legislativo que inició funciones el 20 de julio.
La contienda permitirá medir la capacidad del presidente electo para construir mayorías, la influencia del Centro Democrático y de los partidos tradicionales, y la fuerza de los sectores que se declararán en oposición.
También pondrá a prueba la independencia de los órganos de control. La Constitución establece que la Contraloría debe vigilar al poder público, pero su titular depende de los votos del mismo Congreso cuyos integrantes, aliados territoriales y organizaciones políticas pueden ser objeto de control fiscal.
Ese diseño institucional explica la advertencia de Ávila. Detrás de una elección que suele recibir menos atención que la conformación del gabinete o las presidencias del Congreso, se define quién vigilará el gasto público durante todo el mandato de Abelardo de la Espriella.
La discusión continuará en los estrados judiciales, los pasillos del Capitolio y las reuniones de las bancadas. Mientras no exista una decisión del Consejo de Estado, la lista de diez candidatos conserva su validez. Sin embargo, la disputa ya comenzó y su resultado mostrará si la Contraloría queda en manos de una figura independiente o de una mayoría política construida alrededor del nuevo poder presidencial.
