Juez frena contrato de escoltas de la UNP
Un juez suspendió provisionalmente el proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por más de 78.000 millones de pesos, después de la presentación de varias acciones de tutela contra la selección que adelantaba la entidad.
El proceso identificado como Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026 buscaba contratar la prestación del servicio de escoltas para zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a integrantes del próximo gabinete ministerial. La contratación ya había sido cuestionada por el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que pidió vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con la comunicación conocida por los interesados, contra el proceso fueron interpuestas seis acciones de tutela. En esas solicitudes se pidió como medida provisional la suspensión del trámite contractual.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que ordenó a la UNP remitir los correos de notificación enviados a las uniones temporales vinculadas al proceso y publicar el auto mediante el cual se suspendió la contratación.
Una de las tutelas fue presentada por un escolta que alegó una modificación injustificada del alcance del proceso. Según el documento citado en el trámite, la UNP habría limitado la selección a las zonas 1 y 2, dejando por fuera las zonas 3 a 10, pese a que, de acuerdo con el accionante, se encontraban en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes.
El escolta sostuvo que esa decisión podía afectar su estabilidad laboral, al dejar expuestos a los trabajadores de las zonas incluidas en la contratación a la eventual pérdida de sus empleos por la adjudicación a un nuevo operador.
La alerta del equipo de De la Espriella
El proceso había sido puesto bajo la lupa por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien solicitó a la Procuraduría intervenir de manera preventiva en contratos de la UNP que, según su equipo, podrían quedar adjudicados antes del cambio de Gobierno.
La petición fue tramitada por Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, y se concentró en la contratación de escoltas por más de 78.000 millones de pesos. El equipo entrante señaló que el proceso tiene relación con esquemas de protección del nuevo Gobierno y pidió revisar su necesidad, oportunidad y conveniencia.
También solicitó atención sobre la provisión de más de 5.000 cargos antes del final de la administración saliente, por considerar que esas decisiones podrían comprometer la gestión del próximo Gobierno.
La Procuraduría realizó una visita preventiva a la UNP después de las alertas formuladas por De la Espriella. La revisión buscó conocer el estado de los procesos señalados y verificar la información contractual antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.
Suspensión mientras se estudian las tutelas
La suspensión del proceso no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la contratación. Se trata de una medida provisional mientras el juez estudia los argumentos de las tutelas y recibe la información solicitada a la UNP.
La entidad deberá responder los requerimientos judiciales y publicar el auto de suspensión para garantizar la notificación a los interesados.
El caso queda ahora en manos del despacho judicial y de los organismos de control. Mientras se resuelven las tutelas, el proceso de contratación permanecerá detenido y la UNP no podrá avanzar en la adjudicación bajo las condiciones suspendidas.
La decisión aumenta la presión sobre una entidad clave para la seguridad de funcionarios, líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y personas protegidas por el Estado. También abre un debate sobre los contratos que se tramitan en los últimos días de un Gobierno y sobre la forma en que deben garantizarse los esquemas de protección durante la transición presidencial.
