JEP estudia sometimiento de Juan José Chaux

JEP estudia sometimiento de Juan José Chaux

Una lista de políticos investigados por nexos con el paramilitarismo está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los nombres los hizo públicos la JEP, que está estudiando si acepta o no su sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, que se creó después del Acuerdo de Paz con las FARC.

Un exministro, 10 excongresistas, 5 exgobernadores, 11 exalcaldes, 7 exconcejales y 3 expersoneros hacen parte del grupo de terceros civiles que, de manera voluntaria, están pidiendo ser juzgados por la justicia transicional para obtener beneficios del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición.

El excongresista y exgobernador Juan José Chaux Mosquera, quien hace parte de la lista, le pidió hace un año a la Corte Suprema suspender el juicio en su contra por parapolítica, considerando que su proceso debía ser estudiado por la justicia transicional.

A Chaux le investigan los resultados de las supuestas reuniones sostenidas con los jefes de las Auc, como Éver Veloza, ‘HH’; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’; que lo señalan de haber buscado apoyo con los paramilitares que actuaron en Urabá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Hay otras versiones que indican supuestas relaciones ilícitas con Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Salvatore Mancuso y con uno de los hermanos Castaño Gil.

Chaux fue embajador en el gobierno de Álvaro Uribe ante República Dominicana; pero se vio forzado a abandonar su cargo tras verse envuelto en el escándalo de la visita de un emisario de ‘Don Berna’ a la Casa de Nariño, alias «Job», quien fue asesinado dos meses después de esta visita.

Dentro de la lista llama la atención Sabas Pretelt de la Vega, exministro de Justicia en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por el escándalo de la Yidispolítica.

En el grupo de excongresistas está Besaile Fayad, exparlamentario de Córdoba, quien fue detenido en agosto de 2017 al descubrirse que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Asimismo, Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y quien fue condenado a 40 años de cárcel como determinador de la desaparición y posterior homicidio de alcalde de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado.

Otra excongresista que solicitó ser juzgada por la JEP es Zulema Jattin, procesada por presuntos apoyos que habría recibido por grupos de autodefensa que operaban en el departamento de Córdoba.

También figura Efrén Antonio Hernández Díaz, condenado a 72 meses de prisión por firmar pactos con el exjefe paramilitar Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llano’.

Igualmente, la JEP está estudiando los casos de Álvaro Ashton, investigado por concierto para delinquir agravado y cohecho por presuntas relaciones para favorecer al Bloque Norte de las Autodefensas, y Habib Merheg Marún, investigado por el delito de concierto para delinquir agravado en relación con los presuntos nexos con miembros del Bloque Central Bolívar, bajo la dirección de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Finalmente, están Pedro Mary Muvdi Aranguena, Álvaro Romero García, Jesús León Puello Chamie y Héctor Julio Alfonso López.

En el caso de los exgobernadores sobresalen, además de Chaux Mosquera, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez y quien fue condenado a 55 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda. También están Edilberto Castro Rincón, exdiregente del Meta; William Hernán Pérez Espinel, de Casanare y Julio Enrique Acosta Bernal, de Arauca.

De acuerdo con lo establecido dentro del funcionamiento de la JEP, los agentes de Estado, en la solicitud de su sometimiento, deben firmar el acta y además deben presentar ante la Sala de Definición un programa concreto y claro de aporte a la verdad, la reparación y no repetición. Una vez la Sala estudie dicho programa, definirá si acepta o no el sometimiento del agente de Estado o civil.