ISAGEN: El precio del “desarrollo”

Nuestro país perdió uno de los patrimonios más importantes para su soberanía energética a pesar de los pronunciamientos en oposición hechos, incluso desde los primeros anuncios que hiciera el Gobierno sobre la venta de ISAGEN. Muchos de los opositores fueron enfáticos en que la decisión del Gobierno Nacional debía replantearse en términos más justos para los colombianos, para el país, para el desarrollo social y ambiental, pero a pesar de los insistentes llamados para reconsiderar la decisión, ISAGEN fue vendida al consorcio canadiense Brookfield.

Hemos perdido las acciones de una de las empresas pilares en la generación de energía en nuestro país, que además iba de la mano con la responsabilidad ambiental y era pertenencia nacional, en manos de Brookfield Asset Management por el mínimo costo de 4.130 pesos por acción, unos 6,49 billones de pesos.

Las consecuencias que traerá esta venta desconcertante en medio del fenómeno del Niño, serán muchas, puesto que en manos de la electrificadora están algunas de las más importantes reservas naturales y espejos de agua de nuestro país y al venderlas a un privado pueden verse fuertemente impactadas de forma negativa e incierta en términos de preservación, dejándonos así a la deriva en caso de presentarse una crisis energética como la vivida en los 90`s, la cual llevó al racionamiento y que paradójicamente fue la razón para que ISAGEN naciera como generadora y reguladora de las tarifas de energía.

A pesar que el Gobierno nos ha presentado esta venta como una puerta para la construcción de lo que se visualiza para el desarrollo del país, en términos económicos, y como una oportunidad para la inversión en infraestructura, no deja de ser motivo de debates y de cuestionamientos personales y de actores sociales, en torno a las consecuencias y el precio que pagaremos por ese “desarrollo” cuando nuestra calidad de vida se vea sacudida con un probable aumento de precios en el servicio de energía en un momento en que la economía del país es crítica.

Ante esto retomamos el llamado hecho por el ex senador Carlos Alberto Baena en el año 2013, quien en su período como congresista pidió al Gobierno Nacional tomar medidas que ayuden a las comunidades que han sido impactadas desde el punto de vista social y económico en la región, pues es menester garantizar al país medidas que salvaguarden el bienestar social, que sean implementadas en función de la preservación ambiental, la regulación de impuestos y la estabilidad en la distribución de energía, en caso tal de que los efectos adversos del fenómeno del Niño la perjudiquen.

El Gobierno Nacional debe ser garante de esto, por eso solicitamos que esté al frente de las necesidades o perjuicios que esta decisión ocasione al país y además vele para que existan retribuciones sociales y ambientales por parte de la empresa.

En cuanto a nuestro departamento del Cauca, sabemos que deberán resolverse inequidades y desde la Asamblea, de la mano con el Gobierno Departamental debemos sobreponernos a intereses que vayan en contra de nuestro patrimonio, nuestro suelo, riqueza natural y comunidades; como también estar atentos a que los proyectos hidroeléctricos que siguen en pie por parte de ISAGEN en el Cauca cuenten con todas las medidas y garantías de confiabilidad y responsabilidad ambiental y social en nuestros territorios.

Esperamos que los nuevos pronunciamientos que se están dando a cerca de alternativas y posibles soluciones a esta situación, sean atendidas y haya un profundo estudio sobre esta decisión, de forma tal que privilegiar los derechos y bienestar de los colombianos en armonía con las empresas privadas sea un importante punto de partida para futuras situaciones como ésta, y el desarrollo del país se construya integralmente.