Inquietudes

Inquietudes / La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado social de derecho. Al mismo tiempo, blindó al Estado de una mayor legitimidad para crear las reglas del juego político-económico y su capacidad de generar beneficios a los distintos grupos sociales.

Una herramienta para el logro de lo anterior es el gasto público social. Un instrumento para la redistribución de los recursos con el fin de corregir las situaciones de desigualdad socioeconómica entre los ciudadanos.

Santander de Quilichao, al igual que muchos otros municipios del país, ha venido destinando cada vez más recursos públicos a los distintos programas sociales, con el objeto de mejorar la distribución del ingreso y de superar la pobreza.

El municipio tiene una población total de 113.001 habitantes, el 46,6% reside en la zona urbana (52.684 personas) y el 53,4% en la zona rural (60.317 personas) y el porcentaje total de personas que no tienen cobertura de las necesidades básicas es del 12,19%, en la cabecera municipal es del 7,55% y, en los centros poblados y rural disperso es del 16,74%. (DANE; 2018). El índice de pobreza multidimensional es del 23,8%, en el área rural es del 31,7%, y en la cabecera municipal es el 15,7%. En materia de vivienda, tiene un déficit cuantitativo del 9,3%, y un déficit cualitativo del 34%. (DANE; 2018). En materia de educación, La tasa total de cobertura bruta es de 106,53%; en el nivel de transición es del 97,38%; en el nivel de educación primaria es de 109,9%; en el nivel de educación secundaria es de 111,82%, y en el nivel de educación media es de 92,85%. (MEN; 2019).

Aun así, las necesidades básicas insatisfechas de más ciudadanos son cada vez mayores. No es propiamente Santander un municipio con altos índices de desarrollo humano y social.

En septiembre del 2024, escribí un artículo de opinión titulado “Comentarios al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Quilichao Somos Todos.” Invito a leerla.

Hoy, después de siete meses de escrito el artículo, tengo otra serie de inquietudes sobre la puesta en marcha del PDM-2024-2027 y que el gasto público social contribuya verdaderamente en la superación de la pobreza y la inequidad que ronda al municipio.

La primera, en el municipio la tendencia dominante de las administraciones públicas ha sido el mantenimiento del modelo tradicional de gestión local. Entendido como el uso instrumental del aparato municipal con fines de control político y reproducción clientelista. Así como va la actual administración el panorama no es prometedor para modificar la conducta tradicional de la gestión pública.

La segunda, los proyectos estratégicos a mediano y largo plazo no se llevarán a feliz término simplemente por decir que la administración es amiga del gobierno central, de la vicepresidenta, del director de Planeación Nacional o del actual ministro de la igualdad. Los proyectos verán la luz, si y sólo si, se respaldan técnica y financieramente. Éstos ya deben contar con el visto bueno de Planeación Nacional, sabiendo que al presidente Petro le quedan 17 meses de gobierno, de los cuales 10 son de campaña política. Adicionalmente se debe tener en cuenta el desfase de 20 billones de pesos del presupuesto nacional para el 2025, que obliga a suspender muchas de las grandes obras del Estado.

La tercera, está muy lejos la administración municipal de hacer partícipe al conjunto de la población en la construcción del PDM, no solo como usuaria de derechos sino como corresponsable del papel protagónico en la cimentación del municipio soñado. El alcalde o sus voceros no comunican, no socializan, son mudos o, tal vez, no saben de participación y comunicación política.

La cuarta, me inquieta el rol constitucional de control político del Concejo Municipal. Ha fungido como notario de la administración municipal. Le falta independencia y conocimiento del marco legal que los rige. Sobre el seguimiento al PDM no hemos visto los ciudadanos las evidencias de un verdadero control. El Concejo Municipal es el remedo de un museo de cera.

La quinta, lo que más me inquieta es que no son públicas las evidencias de cómo va la implementación de los 6 pilares, en particular del Pilar 3 “Quilichao con desarrollo social y humano” por un valor de $468 mil millones. Es mucho dinero. Vaya a ser que al final del cuatrienio solo sirvan para costear contratos de cemento y ladrillo, desviar todo el dinero en la construcción de vivienda, montar carpas y sonido en el parque como zanahoria para el pueblo, reproducir las clientelas políticas, favorecer a los donantes de la campaña o guarecer la campaña a la alcaldía del 2027, y que el gasto público social siga siendo una idea falaz.

Las anteriores inquietudes que tengo de cara a la actual administración municipal me llevan a pensar que Santander de Quilichao es, sin duda, el caso típico del municipio colombiano: muchos deseos de democratización, pocos resultados de eficiencia político-administrativa, grandes necesidades de desarrollo social y humano, poca capacidad de gestión por falta de voluntad política, capacidad técnica, clientelismo, corrupción y ausencia de una cultura política.

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