La entidad sufre una captura institucional por parte del clan político de Barrancabermeja.
Denuncias y cifras revelan que los recursos sagrados de la reparación financian hoy una nómina paralela
de 2.248 contratistas al servicio exclusivo de los intereses electorales de
un par de senadores y un exalcalde de esa región, mientras se simula una corrección de rumbo.
Integrante del Comité de Impulso de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado
Los periodistas víctimas del conflicto, que llevamos años esperando la implementación del Plan de Reparación Colectiva, recibimos con cautela la salida del director Adith Romero (de Barrancabermeja) la semana pasada. Igualmente, la incertidumbre llegó con el nombramiento de Breiner Rafael Osorio Pinto como director general encargado. Creemos que la declaratoria de insubsistencia fue el primer paso para sanear la entidad.
Es que lo que presenciamos en los últimos días no es una corrección de rumbo; ha sido la consolidación de una burla a nuestra dignidad y una operación sistemática de captura institucional ejecutada por una rosca politiquera de los Santanderes.
Lo digo con todas las letras: parece que estamos ante una maniobra de «Gatopardismo» puro. Lampedusa nos enseñó en su novela El Gatopardo que «si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Aquí han cambiado los nombres, pero el código postal de la corrupción sigue siendo el mismo.
La intención del reciclaje. La publicación inicial de la hoja de vida de Alix Dunieka Aguilar Tirado (de Barrancabermeja) como aspirante a directora, desnudó la verdadera intención de la Casa de Nariño. Pretendían reemplazar a Adith Romero (de Barrancabermeja) con otra funcionaria de Barrancabermeja, ficha de la misma estructura que hoy controla la entidad. Si bien el nombramiento final tomó otro rumbo —posiblemente frenado por el escándalo mediático y las denuncias de la prensa—, el intento descarado de perpetuar el negocio regional quedó grabado como una afrenta a las víctimas.
La colonización de Barrancabermeja. La Unidad ha venido operando bajo las órdenes estrictas de un clan cerrado: el senador Gustavo Moreno (de Barrancabermeja), el exalcalde Alfonso Eljach (de Barrancabermeja) y el senador Jairo Castellanos (de Toledo, Norte de Santander), convirtieron la reparación de las víctimas en su bolsa regional de empleo.
La «toma» es total. El subdirector Freddy Quintero (de Chitagá, Norte de Santander), el secretario general Carlos Vásquez (de Barrancabermeja), la asesora Katherine Gómez (de Barrancabermeja) y el director de reparaciones Sergio Agón (de San Gil, Santander), entre otros, completan el cuadro. Una entidad nacional quedó reducida a una agencia de colocación de amigos y copartidarios de dos o tres municipios santandereanos, para garantizar la elección de un congresista.
El festín burocrático en cifras. Mientras este grupo consolida su poder, adentro ocurre un desgreño monumental. El escolta y director saliente, Adith Romero, autorizó la contratación de más de 2.000 personas sin justificación técnica aparente.
El Fondo de Reparación de Víctimas operó históricamente con 180 personas. Hoy, bajo la administración de este clan, la nómina se infló con 2.248 contratistas nuevos. La voracidad desbordó los límites: mientras en 2025 el Fondo funcionó con 9.200 millones, para este año electoral de 2026 comprometieron 22.500 millones. Duplicaron el gasto en un mes para saciar el hambre clientelista del senador Moreno (de Barrancabermeja) y el senador Castellanos (de Norte de Santander).
Financiando votos con el dolor ajeno. Esta nómina paralela se financia desvergonzadamente con el desvío de recursos misionales. Sacan el dinero de los proyectos de reparación para pagar a los amigos de Barrancabermeja. En el Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar, las víctimas esperan indemnizaciones estancadas, mientras en Bogotá se firman contratos millonarios para personas que, según denuncias internas, deben presentar listas con cédulas y teléfonos de votantes amarrados a esta estructura política.
Un compás de espera ante el nuevo encargo. Ante el ruido del escándalo, la Presidencia oficializó el nombramiento de Breiner Rafael Osorio Pinto como director general encargado (Decreto 0055). Osorio, abogado de 34 años oriundo del Magdalena y proveniente del DPS, asume el mando en el momento más crítico. Aunque su perfil sugiere una distancia geográfica del «Clan Barrancabermeja», desde Proclama del Pacífico marcamos un compás de espera. Su gestión se medirá por una sola acción: si tiene el carácter para desmontar la nómina paralela de los políticos santandereanos o si llega para convivir con ella.
La advertencia de la Defensoría. El panorama es sombrío y la Defensoría del Pueblo lo confirma. El organismo de control emitió una alerta urgente ante la inestabilidad administrativa: cinco directores han pasado por la entidad entre 2022 y 2026, una rotación que impide cualquier política seria. La Defensoría advierte que las denuncias de corrupción «exigen una atención inmediata». En consecuencia, esperamos la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, entidades a las cuales oficiaremos oportunamente para obtener los resultados oficiales de estas investigaciones.
El nuevo director encargado recibe una entidad fracturada; el país y las víctimas estaremos vigilantes para ver si el «cambio» por fin llega o si seguimos atrapados en la trampa de siempre.
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