Impuesto encarece el licor en el Valle
Aliste el bolsillo: botella de licor podría subir hasta $75.000 por nuevo impuesto
La entrada en vigencia del Decreto 1474, con el que el Gobierno Nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, encendió las alertas en varios departamentos del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde las autoridades advierten un fuerte impacto en los precios al consumidor y en las rentas destinadas a sectores clave como la salud, la educación y el deporte.
De acuerdo con los análisis técnicos de la Gobernación del Valle, el nuevo esquema tributario tendría un efecto directo en el valor final de las bebidas alcohólicas legales, provocando un encarecimiento significativo que podría reducir el consumo formal y, con ello, los ingresos que financian programas sociales. La preocupación central es que el alza termine debilitando las finanzas departamentales en lugar de fortalecerlas.
La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que el aumento drástico en los precios abre la puerta al crecimiento del contrabando y la adulteración de licores, un fenómeno que históricamente ha golpeado a las regiones. Según explicó, duplicar el valor de una botella legal puede empujar a muchos consumidores hacia mercados ilegales, afectando directamente las rentas cedidas que sostienen derechos fundamentales de la población.
Las proyecciones de la Industria de Licores del Valle señalan que el incremento por botella de aguardiente podría rondar los 30 mil pesos, llevando productos que antes costaban entre 39 mil y 42 mil pesos a un rango cercano entre los 68 mil y 75 mil pesos. Este ajuste, aseguran, cambiaría drásticamente el comportamiento del mercado y pondría en riesgo tanto la competitividad de las licoreras oficiales como la seguridad de los consumidores.
José Moreno, gerente de la ILV, calificó el panorama como crítico y advirtió que las empresas licoreras estatales enfrentarán un escenario complejo, marcado por mayores costos, caída en ventas y presión financiera. A este contexto se suman otros factores como la apertura de fronteras y el aumento de los costos operativos, que agravan la situación para las industrias regionales.
Ante este escenario, las licoreras oficiales del país manifestaron su respaldo a los gobernadores que han expresado su preocupación por el impacto del decreto. Desde el sector se insiste en que la medida, aunque busca aumentar el recaudo, podría generar el efecto contrario al estimular el mercado ilegal y reducir los recursos que hoy financian inversión social en las regiones.
El debate sigue abierto y, mientras tanto, los consumidores sienten el impacto directo en el bolsillo, en un contexto donde el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hogares del suroccidente colombiano y del país en general.
