Un claro ejemplo, el Acueducto Regional Patía y Acueducto de El Bordo, Cauca, que beneficiarían a unos 25 mil habitantes, se han visto enredados por el mecanismo de contratación y ejecución inocuo y perverso, donde el Gobierno Nacional es el principal accionante, según informe de la Contraloría General del Cauca.
La principal conclusión que resultó de las auditorías realizadas al Acueducto Regional Patía realizada en el corregimiento de Olaya, Balboa, y del Acueducto de la cabecera municipal de Patía en El Bordo, Patía, llevadas a cabo por la Contraloría General del Cauca, es la atomización en los recursos, el incumplimiento en plazos de ejecución y dilación en cobertura de necesidades básicas como suministro de agua potable, que de un término de 6 meses de ejecución pasa a 5 años, generando replanteamientos en proyectos y sobrecostos en inversiones, resultado de las actuaciones administrativas del Gobierno Nacional.
Según el contralor del Cauca, Dumer Cifuentes, “continúan develándose la ineficacia y la ineficiencia en políticas públicas del Gobierno Nacional por la desmedida tramitología para el manejo de recursos que son de las regiones”.
“Dos grandes obras que se ejecutan en el departamento, como lo son el Acueducto Regional Patía, con cobertura para tres municipios, Mercaderes, Patía y Balboa, con inversiones que superan los 3.700 millones de pesos; y el Acueducto de El Bordo, con inversiones superiores a 1.000 millones de pesos, se han venido retrasando al pasar de los años”, por lo que llegaron a la conclusión de que “hay un mecanismo de contratación y ejecución inocuo y perverso, donde el Gobierno Nacional es el principal accionante, con una baja cobertura en salubridad pública, lo que conlleva a detrimento en la calidad de vida de la población más pobre del Cauca”.
En las dos auditorías de la Contraloría se determinó que hay más de cinco suspensiones en cada inversión durante un transcurso de más de 4 años en obras programadas entre 6 y 8 meses, suspensiones que no obedecieron a situaciones climatológicas ni de actores armados, mucho menos a falta de dinámica operativa, todo obedeció a que el proceso para autorización de giro de recursos dura entre 8 meses y un año, y cualquier causante, otrosí o ajuste puede durar hasta un año y medio, ya que todo se direcciona desde el Gobierno Nacional, a pesar de que los recursos son de las entidades territoriales, donde Emcaservicios solamente actúa como facilitador o mediador de unos procesos contractuales totalmente centralizados.
Obras iniciadas en 2010-2011, hoy en día no se terminan mientras las comunidades sufren por la inoperancia del Estado.
«Se destacó la baja participación de la comunidad en los foros que benefician a todo el Patía, a pesar de que hubo alto compromiso de los alcaldes, determinándose que donde no hay compromiso social, la corrupción y el desmedro administrativo son cada día más grandes», puntualizó el informe de la Contraloría General del Cauca.
