Gobierno advierte sanciones a gobernadores
Por: Carlos Villamil.
Colombia enfrenta un nuevo pulso institucional que eleva la tensión entre el Gobierno Nacional y algunos mandatarios regionales. En el centro del debate está la aplicación de un decreto de emergencia económica, cuya legalidad —según el Ejecutivo— solo puede ser examinada y eventualmente modulada por la Corte Constitucional, y no por decisiones unilaterales de gobernadores.
El contexto de la controversia se da en medio de la declaratoria de emergencia económica, una figura constitucional que faculta al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar situaciones excepcionales. Aunque estos decretos son objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional, entran en vigencia de inmediato y deben ser acatados mientras el alto tribunal se pronuncia.
Sin embargo, algunos gobernadores han expresado públicamente su rechazo a la aplicación del decreto, argumentando impactos fiscales y administrativos en sus territorios. Para el Gobierno, esta postura cruza una línea peligrosa.
El pronunciamiento más contundente vino del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó duramente a los gobernadores que han llamado a no acatar la norma. Para el jefe de la cartera política, este tipo de mensajes no solo generan confusión ciudadana, sino que configuran una posible vulneración del orden constitucional.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, afirmó Benedetti.
El ministro fue más allá y advirtió que estas actuaciones podrían tener implicaciones penales y patrimoniales. Según explicó, desconocer una norma vigente podría derivar incluso en prevaricato, y en responsabilidades económicas directas para los mandatarios regionales.
“Podrían responder con sus propios bienes y recursos pecuniarios por lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, señaló.
En la misma línea se pronunció el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, quien fue enfático en que el Ejecutivo no permitirá que se desconozca el marco constitucional.
“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando”, sostuvo.
Idárraga lamentó que algunos gobernadores, además de cuestionar el decreto, intenten —según dijo— usurpar funciones exclusivas de la Corte Constitucional.
“El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que lleven a cabo desacatando la Constitución, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del Gobierno”, advirtió.
El ministro concluyó reiterando que el Ejecutivo seguirá utilizando todas las herramientas legales para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
“Seguiremos haciendo valer la Constitución Nacional”.
Informamos a la opinión pública nuestra postura frente al Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia Económica.
Por su parte, uno de los gobernadores participante del debate es el mandatario del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien expresó a través de comunicado y redes sociales, que persiste el respaldo a las facultades constitucionales del Presidente de la República Gustavo Petro, por esto plantea con responsabilidad institucional, una discusión técnica sobre el impacto de las medidas tributarias en las rentas departamentales, esenciales para la salud, la educación y la inversión social.
«Desde Nariño reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la concertación con el Gobierno Nacional, para proteger las finanzas de los territorios dentro del orden constitucional».
Un mensaje político y jurídico al país
Más allá del debate técnico, el pronunciamiento de Benedetti e Idárraga envía un mensaje claro: la unidad del Estado y el respeto por la institucionalidad no son negociables. En un escenario de alta polarización política y tensión territorial, el Gobierno busca cerrar filas frente a lo que considera un precedente riesgoso: que autoridades regionales llamen abiertamente a desconocer normas vigentes.
El desenlace de este choque dependerá ahora de dos frentes clave: las decisiones de la Corte Constitucional y la eventual apertura de acciones jurídicas contra los gobernadores que persistan en el desacato. Mientras tanto, el país observa un nuevo capítulo en la compleja relación entre el poder central y las regiones, con la Constitución como eje del debate.
