“FISCAL…ADAS”
“Pero esa consideración comenzó a derrumbarse cuando, al parecer, se dejó “picar” del gusano de la política, de las veleidades personales, y lo que es peor, de la soberbia del poder que no admite controles ni conoce fronteras”.
Por algún tiempo mantuvimos una devota admiración por lo que académicamente representaba el fiscal Eduardo Montealegre, por sus providencias y el rigor científico que las acompañaba, y porque su despacho parecía enderezado a adelantar el ejercicio de la acción penal, y a ser actor de primer orden en la coordinación de la política criminal del Estado, como debía ser.
Pero esa consideración comenzó a derrumbarse cuando, al parecer, se dejó “picar” del gusano de la política, de las veleidades personales, y lo que es peor, de la soberbia del poder que no admite controles ni conoce fronteras.
Nuestra mayor decepción comenzó a fines del año pasado cuando en varios documentos de imputación sostuvo la insólita tesis que las FARC no eran narcotraficantes, porque esa actividad ilegal “no era un elemento integral de su lucha” (¡!), y que tampoco constituía “un fenómeno colectivo” de la organización, sino apenas de “algunos de sus frentes”, pero además, que su origen en 1965, se debió al desarrollo de la violencia bipartidista y no al problema de tenencia de la tierra, contradiciendo el Programa Agrario de los Guerrilleros que dio inicio a ese grupo armado, lo cual era suficiente para legitimar su condición de organización insurgente, mas no terrorista.
Y eso lo asumimos como un torpe intento de la Fiscalía para ir en contravía de toda una evidencia histórica de cincuenta años.
Y ahora, como si fuera poco, los colombianos somos sorprendidos con la denuncia de más de 44.000 millones de pesos en contratos a firmas de dudosa procedencia, y a exmagistrados de las altas cortes, uno de ellos en 2012, al actual auditor general de la República, y la mayoría de esos convenios contractuales, sin mayor soporte que justifique su existencia, salvo los airados argumentos del Fiscal de que el personal contratado se requiere para atender la defensa del patrimonio público (¡!).
Se pregunta uno si es que no alcanzan los 6.500 fiscales de planta que posee la institución, y si esa fuera la situación, por qué motivo no se consideró en el proyecto de reestructuración de la entidad del año pasado, así como las verdaderas funciones de la Agencia Jurídica del Estado (su directora es la esposa del actual contralor general de la Nación), que obliga a que se tenga que recurrir a una frondosa planta de contratistas externos, precisamente a entidades como ésta, obligada como ninguna a ser faro de transparencia y pulcritud. Contratos que son adjudicados a “dedo”, y en sumas exorbitantes, sin un fin específico que atiendan a la lógica, lo menos que pueden causar es indignación y repudio públicos. Máxime cuando el responsable se niega a ofrecer cualquier explicación, colocándose en actitud de una soberbia inexcusable ante los ojos de los colombianos, únicos dueños de ese patrimonio.
Hasta allí llegó nuestra admiración y respeto.
*Analista político
