Corte Constitucional pone fin al monopolio del aguardiente en Colombia
La Corte Constitucional determinó que la comercialización del aguardiente en el país ya no estará en manos exclusivas de las licoreras departamentales, sino que será una decisión libre de los consumidores. Con esta sentencia, se elimina la restricción que impedía la venta de marcas de aguardiente de otras regiones en algunos departamentos, lo que abre el mercado a una mayor competencia y diversidad de oferta.
El expediente, que llevaba meses en estudio, fue resuelto con la intervención de un conjuez, el abogado constitucionalista Humberto Sierra Porto, luego de que la Sala Plena del alto tribunal quedara empatada en la última votación. El fallo concluyó que la norma vigente limitaba la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores, razón por la cual los incisos 1 y 2 de la Ley 1816 de 2016 fueron declarados inconstitucionales.
Según el alto tribunal, la ley restringía completamente la posibilidad de que los ciudadanos eligieran libremente entre diferentes proveedores el aguardiente que deseaban consumir. En la decisión se enfatizó que, aunque la Constitución permite monopolios como arbitrios rentísticos, en este caso la restricción de la competencia excedía los límites constitucionales y restringía de manera arbitraria la libertad económica y de mercado.
El debate sobre el monopolio del aguardiente involucró a diversas figuras del ámbito jurídico y comercial. Tres abogados expertos en derecho y comercio, Julio Andrés Ossa Santamaría, Pablo Felipe Robledo del Castillo y Jorge Enrique Sánchez Medina, intervinieron en el proceso y argumentaron que la ley representaba una vulneración a la libertad económica. Señalaron que la restricción impuesta por los departamentos creaba barreras artificiales en el comercio, generando 32 jurisdicciones distintas con reglas propias para la comercialización del aguardiente.
Entre los argumentos en contra de la apertura del mercado, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, defendió la continuidad del monopolio, argumentando que desde 2017 las ventas de licor en su departamento habían aumentado un 151 %, lo que ha representado ingresos significativos para el financiamiento de la salud y la educación. Sin embargo, su posición contrastó con la del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, quien abogó por una mayor competencia, señalando que las restricciones incentivaban el mercado ilegal y la adulteración de licores.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció sobre la decisión y señaló que el fallo representa un desafío para la Licorera del Cauca, que ahora deberá competir en un mercado abierto con actores de gran trayectoria. Indicó que desde la administración departamental se impulsarán estrategias para fortalecer la empresa, estableciendo alianzas nacionales e internacionales que permitan mitigar los efectos de este cambio en los ingresos destinados a la salud y el bienestar de los caucanos. Además, solicitó el acompañamiento del Gobierno Nacional y otros sectores para garantizar una transición ordenada y evitar impactos negativos en las finanzas del departamento.
El gobierno nacional, por su parte, decidió no intervenir en la discusión de fondo. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la eliminación del monopolio afectará los ingresos de los departamentos, pero enfatizó que la financiación de la salud con estos recursos no es una política del Ejecutivo.
Con este fallo, se espera una transformación en el mercado licorero del país, permitiendo a los consumidores acceder a una mayor variedad de aguardientes sin restricciones departamentales. Entretanto, departamentos como el Cauca buscarán alternativas para fortalecer sus licoreras y mantener su competitividad en el nuevo escenario comercial.
