Familias afros pagarán la grotesca quiebra que los dueños del Ingenio convierten en buen negocio

Familias afros pagarán la grotesca quiebra que los dueños del Ingenio convierten en buen negocio 2

¡Jugada maestra! Este es el truco de endeudar la empresa con los mismos bolsillos de los dueños para seguir enriqueciéndose mientras hunden más a los de abajo.
Ante el colapso del Ingenio La Cabaña, un ensayo del investigador Carlos Duarte exige que el Estado proteja a 777 cultivadores campesinos atrapados al final de la fila del expediente concursal.

El 16 de junio de 2026, antes del amanecer, la vía Panamericana amaneció cerrada a la altura del peaje de Villa Rica. Corteros, operarios, sindicalistas y familias enteras bloquearon el principal corredor del suroccidente colombiano durante más de catorce horas. La razón era concreta: cinco quincenas sin pago. Cuatro días antes, el 12 de junio, la representación legal del Ingenio La Cabaña había radicado ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud de liquidación judicial. El 17 de junio la Superintendencia la declaró de oficio y designó liquidador. Ochenta y dos años de historia azucarera en el norte del Cauca llegaron a su fin formal. Los voceros de la movilización calcularon el impacto en 1.700 empleos directos, más de 3.600 indirectos y cerca de 20.000 personas dependientes de la molienda en catorce municipios del norte del Cauca y el sur del Valle.

Carlos Duarte, coordinador del área de desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali, doctor en sociología del IHEAL-París III y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos en representación de América Latina y el Caribe, publicó días después el ensayo 777 familias: El derrumbe del Ingenio La Cabaña y la intemperie de los pequeños cañicultores del norte del Cauca. El texto desmonta el relato corporativo, diagnostica la desigualdad agraria de la región y formula un llamado jurídico al Estado para que actúe antes de que la liquidación se convierta en despojo.

La quiebra que el clima no explica

La empresa presentó ante la Superintendencia un inventario de adversidades externas: tres años de fenómeno de La Niña, caída del precio nacional del azúcar hasta en un 12%, descenso del precio internacional desde 21 hasta 15 o 16 centavos de dólar por libra, baja de la tasa de cambio y desplome de los niveles de sacarosa. El argumento tiene un defecto de raíz: esos mismos factores afectaron a todos los ingenios del valle geográfico del río Cauca, y solo La Cabaña encalló. Las cifras provienen de la propia Asocaña: en 2024 el sector molió 22,1 millones de toneladas de caña, creció un 6%, produjo más de dos millones de toneladas de azúcar, exportó 524.681 toneladas a más de sesenta países y generó divisas por 391,3 millones de dólares, el segundo registro más alto de la década. El propio gerente del ingenio reconoció que uno de los factores centrales de la crisis fue el alto endeudamiento acumulado tras el plan de inversiones de los años anteriores: una decisión interna, no una calamidad externa.

Detrás del endeudamiento hay un entramado de cuentas cruzadas que la Superintendencia de Sociedades investiga. El modelo fue diseñado por David Seinjet Neirus, nieto del fundador, controlante de Ban100 y fundador de Credivalores. Los estados financieros de Credivalores con corte a marzo de 2024 registraban 3.821 millones por cobrar al Ingenio La Cabaña, 53.965 millones por pagar a Ban100 y 172.106 millones por pagar a Finanza Inversiones, vehículo que concentra el 94,5% de Ban100. El brazo financiero del grupo ya había fracasado: un tribunal de quiebras de Nueva York convirtió el proceso de Credivalores en liquidación bajo el Capítulo 7 y nombró un síndico para investigar sus operaciones. Al cierre de 2025, dos grupos familiares de accionistas habían prestado a La Cabaña 52.585 millones de pesos. La doctrina jurídica llama a esa maniobra infracapitalización nominal: los dueños financian la empresa con deuda en lugar de capital propio para concurrir luego como acreedores si el negocio fracasa. El artículo 69 de la Ley 1116 de 2006 la desactiva enviando sus créditos al último lugar de la fila.

777 familias en el reverso del expediente

Familias afros pagarán la grotesca quiebra que los dueños del Ingenio convierten en buen negocio

Los titulares financieros no nombran a los cultivadores. Duarte los cuenta y los ubica. De los 957 contratos de provisión de caña del ingenio, 704 corresponden a predios de cero a cinco hectáreas que suman apenas 1.133 hectáreas, el 8% del área total. Otros 73 contratos, de cinco a diez hectáreas, aportan el 4% adicional. En el extremo opuesto, 27 contratos de más de cien hectáreas concentran el 52% de la superficie. El 81% de los proveedores —777 pequeños cultivadores— controla el 12% de la tierra mientras un puñado de grandes productores domina más de la mitad.

Los 27 grandes pueden mecanizar el corte, llevar su caña a otro ingenio del Valle o resistir durante años un proceso concursal. El minifundista de cuatro hectáreas no tiene ninguna de esas salidas. Entrega su predio bajo contratos atados al rendimiento de la molienda, y cuando el ingenio se detiene no pierde un cliente: pierde la única manera de hacer producir lo que tiene. La caña agrava esa dependencia por una razón biológica: debe molerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al corte, antes de que la sacarosa se degrade, lo que ata a cada proveedor al ingenio más cercano y cierra en la práctica cualquier comprador alternativo.

Esas 777 familias son campesinos del norte del Cauca asentados en municipios como Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica, donde la población afrodescendiente supera el 90%. La propia empresa reconoce que el 85% de sus trabajadores es afrodescendiente y el 15% indígena. En el lenguaje del derecho concursal son acreedores quirografarios de cuarta o quinta clase: cobran después de los trabajadores, el fisco y la banca con garantía real. Cobran de últimos, si queda algo con qué pagarles.

El tiempo de la liquidación destruye lo que la caña sostiene

Los procesos de liquidación judicial no se resuelven en semanas. Se extienden durante años mientras se inventarían bienes, se gradúan créditos y se rematan activos. Para un banco ese tiempo es un costo financiero que se provisiona. Para una familia que vive de tres hectáreas de caña impaga es la frontera entre sostenerse y hundirse. La cadena de daños es previsible: el cultivador pierde el pago de la caña entregada, pierde al único comprador, entra en mora, cae en sobreendeudamiento y termina vendiendo o perdiendo la parcela. El Cauca cerró 2024 con una pobreza monetaria del 43,1%, muy por encima del promedio nacional. Entre la población afrodescendiente la cifra llega al 42,9% y entre la indígena al 58,5%. Sobre esa base de fragilidad, el cierre de La Cabaña puede convertirse en un nuevo ciclo de concentración de tierras en beneficio de los grandes ingenios del Valle.

Lo que la Constitución y la ONU prometen

El Acto Legislativo 01 de 2023 reformó el artículo 64 de la Constitución para declarar al campesinado sujeto de derechos y de especial protección. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada en 2018 por 121 estados, reconoce el derecho a la tierra, a los medios de subsistencia y a la soberanía alimentaria, y cubre expresamente a los trabajadores asalariados de las empresas agroindustriales. Duarte sostiene que ese mandato no se evapora al cruzar el umbral de un proceso de insolvencia. La Superintendencia de Sociedades puede, sin forzar la ley, reconocer a los pequeños proveedores como categoría de atención prioritaria en la graduación de créditos e impulsar el pago anticipado de sus acreencias con cargo a los primeros recursos de la liquidación.

Las herramientas existen; lo que falta es usarlas

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El ensayo identifica salidas concretas. El Ministerio de Agricultura puede activar el Fondo de Solidaridad Agropecuario para comprar y aliviar la cartera de los pequeños productores, con plazos de hasta diez años y cuatro de gracia sin intereses corrientes, y suspender las ejecuciones contra los cañicultores a través del Fondo Agropecuario de Garantías. La Agencia de Desarrollo Rural debe censar predio por predio a los 777 proveedores con menos de diez hectáreas, porque no se protege lo que no se ha contado. La reconversión productiva es la salida estructural, y el convenio entre el Ministerio de Agricultura y Asocaña para el desarrollo rural del norte del Cauca, cuya segunda fase fue suscrita en agosto de 2025 por 15.851 millones de pesos ampliando la cobertura a más de 3.000 familias en trece municipios, constituye el vehículo disponible. La Superintendencia debe agotar la búsqueda de un comprador que adquiera el ingenio como unidad productiva en marcha antes de desmantelar sus activos: venderlo en funcionamiento mantiene viva la cadena de proveeduría; rematarlo por partes la extingue. Y Asocaña, cuyo afiliado Incauca opera en la misma zona, está en condiciones de organizar la absorción transitoria de la caña de los pequeños proveedores para que no se pierda la cosecha perecedera mientras el proceso concursal se define.

El Ministerio de Agricultura advirtió en septiembre de 2025 que la desaparición del Ingenio La Cabaña representaría una abdicación colectiva frente a la sostenibilidad y la paz en una de las regiones más golpeadas de Colombia. La advertencia fue certera. Lo que falta es su consecuencia material: un Estado que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección y se obligó ante Naciones Unidas a garantizar su tierra, su trabajo y su alimentación, no puede permitir que el costo de una quiebra privada lo paguen, con sus parcelas, setecientas setenta y siete familias afrodescendientes del norte del Cauca.

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