El Gobierno nacional confirmó que 17 municipios del departamento del Cauca serán intervenidos mediante erradicación de cultivos de uso ilícito con aspersión terrestre, una estrategia que se implementará durante el primer semestre de 2026, tras las notificaciones oficiales enviadas por el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Dirección de Antinarcóticos a varias administraciones municipales.
Entre los municipios que ya recibieron comunicación formal se encuentran Argelia y El Patía, en el sur del Cauca. En el caso de Argelia, el oficio fue dirigido al alcalde Osman Duan Huaca Acosta, informando que el municipio será intervenido dentro del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT), conforme al Plan de Manejo Ambiental avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
De manera previa, una notificación similar llegó al municipio de El Patía, donde el Concejo Municipal manifestó su rechazo a la medida mediante la Resolución 001 de 2026, señalando falta de socialización con las comunidades y advirtiendo posibles impactos sobre la salud, el ambiente y la economía campesina.
La reactivación de la erradicación con glifosato fue confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien explicó que la estrategia será terrestre, focalizada y complementaria a otros programas del Estado. Aclaró que no se trata de aspersión aérea, sino del uso de drones que operan a baja altura, con control visual directo desde tierra.
Según lo informado, los drones serán operados por la Policía Nacional, con acompañamiento del Ejército, debido a los riesgos de seguridad en las zonas de intervención. La definición de los puntos específicos donde se realizarán las aspersiones dependerá de condiciones técnicas y de seguridad en terreno.
El anuncio ha generado reacciones divididas en el Cauca. Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca debilitar economías ilegales que financian el conflicto armado, autoridades locales y sectores sociales insisten en que estas acciones deben estar acompañadas de diálogo con las comunidades, inversión social y alternativas productivas sostenibles, para evitar nuevos impactos en la población rural.
Hasta el momento, otras alcaldías del departamento no han hecho públicos pronunciamientos oficiales, mientras avanza el proceso previo al inicio de las operaciones anunciadas por el Gobierno Nacional.
