Equidad, justicia y desarrollo humano

“Una justicia y una equidad específicas, jamás estarán previstas constitucional ni legalmente, allí están en abstracto, en la normatividad, no fuera de ella. Son los intérpretes quienes hacen descender al marco real, en casos ciertos, esas entidades nacionales”.

Ernesto Saa Velasco

La equidad y la justicia social han estado en el centro de las preocupaciones sociales desde los comienzos de la humanidad organizada.

Sus definiciones e interpretaciones han obedecido a cada contexto histórico de cada sociedad.

En esa perspectiva nace el concepto de desarrollo social, que hoy ocupa posición prevalente como tema central de los estados, las sociedades y los pueblos en torno a la preocupación, fundamental, del desarrollo humano.

Desarrollo humano que abarca espacios de profundidad política y filosófica, controvertidos en las esferas locales, regionales, nacionales y la comunidad internacional.

Sus aristas y fronteras interpretativas y puestas en práctica tienen que ver con las interacciones humanas, con las visiones ideológicas y doctrinarias del mundo, con las decisiones que se toman en las esferas públicas relacionadas con los bienes y servicios a los cuales tienen derecho los pueblos.

Equidad, justicia y desarrollo humano son temas polémicos, sobre todo cuando las sociedades son víctimas de enormes desigualdades sociales.

Sus preocupaciones hacen parte de los quehaceres políticos y son utilizadas para promover, ocultar o evitar los cambios.

En sus esferas encontramos intereses, que comúnmente hacen parte de la institucionalidad, del orden jurídico existente.

Orden jurídico que, si es respaldado sólo por una minoría excluyente, es arbitrario, aunque el concepto de arbitrariedad no aparezca de manera explícita y asequible para todas las personas.

Y es allí donde ocurren todas las falacias, embustes y falsedades de los poderes tradicionales, poderes que se resisten a las transformaciones sociales profundas por la pérdida de sus identidades y privilegios.

Lo primero que observamos en los discursos legitimadores de la desigualdad social es lograr confundir y enmarañar el concepto de nación con los intereses y beneficios exclusivos de las minorías autoritarias y despóticas, que saben cómo encubren y disimulan sus afanes económicos. Para eso están las leyes que garantizan el poder de las minorías.

¿Acaso cuando suele platearse la tesis de la “seguridad nacional” también implica la seguridad social y económica de los excluidos?

Queda claro que si un Estado utiliza el orden social y jurídico para afianzar los beneficios, gracias y favores de los sectores minoritarios, ese Estado es arbitrario, así pomposamente se llama democrático y periódicamente se realicen “fiestas democráticas”.

En ese orden de ideas hablar de equidad y justicia social sólo tiene sentido cuando el Estado acepta que las personas no son entidades abstractas ni clausuradas, sino seres humanos que hacen parte de estructuras humanas que interactúan cotidianamente frente a la distribución del poder, los derechos sociales, económicos y culturales, en cuyos espacios encuentran oportunidades o son proscritos o relegados al olvido, sin que sean motivo de calidad de vida y convivencia humana.

Son razones éticas las que conducen a los pueblos y comunidades a buscar la equidad, porque la falta absoluta del bienestar social causa daño, deterioro y menoscabo de la vida, la constriñe y la reduce, sin que haya ninguna razón aceptable para privar a extensas poblaciones del país de la justicia social. Incluso, desde perspectivas éticas, es moralmente reprobable que los partidos políticos sólo utilicen la pobreza como una estrategia electoral para consolidarse en el poder.

Equidad y justicia social dejan de ser bienes colectivos si se ponen en alto riesgo la vida de seres humanos, la vida de quienes para el capital no producen renta, no generan ganancias y no hacen parte de la contabilidad y las utilidades de quienes utilizan el poder y los poderes para su exclusivo beneficio.

La paz que buscamos, debe levantarse sobre los principios generados por la equidad, con políticas públicas que no intenten cambiar las relaciones de poder social sino que las cambien, que transformen las desigualdades y otorguen preeminencia a los derechos humanos, que no son más que orientaciones y razones prácticas para reconstituir los vínculos sociales negados, perdidos y suprimidos de la civilización.

Alcanzar la equidad y la democratización de la vida colombiana, debe ser una prioridad del proceso de paz, sólo así las armas y la violencia, en todas sus formas, incluida la violencia institucional, dejarán de ser una preocupación política para generar mayor confianza y certidumbre en el futuro.

Darle prioridad a la paz debe pasar por la creencia en la justicia social, en el desarrollo humano, búsqueda muchas veces inclemente y áspera, dura, pero que nos permitirá sosteniblemente alcanzar la liberación de las condiciones infrahumanas en que sobreviven millones de compatriotas para quienes el Estado es un emblema punzante y doloroso de opresión.