Suárez, en el norte del Cauca, arrastra una semana de luto abierto. El municipio suma en pocos días el asesinato de una servidora pública, un ataque con drones que hirió a siete civiles —seis de ellos niños—, combates que mantuvieron confinadas a cerca de 200 familias en Playa Rica y amenazas contra el personal médico que intenta atender a los heridos. La violencia llega en oleadas, y cada una golpea más fuerte que la anterior.
Adriana Agredo, servidora pública asesinada
El golpe más reciente tiene nombre y rostro. Adriana Agredo, contratista de la Alcaldía de Suárez, reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil Colombiana, fue asesinada en circunstancias que siguen bajo investigación. El alcalde César Lizardo Cerón suscribió un comunicado oficial en el que la llama «nuestra compañera» y destaca que entregó «su tiempo y esfuerzo al servicio de la comunidad suareña». La Administración Municipal rechazó el crimen de manera categórica y expresó solidaridad con sus hijos, familiares, compañeros de trabajo e integrantes de la Defensa Civil. Cerón fue directo en el documento: «Exigimos respeto por la vida y acciones concretas que permitan devolver la esperanza y la tranquilidad a nuestras comunidades.»
Los drones del dos de junio sobre niños
Cuatro días antes, el grupo armado residual Jaime Martínez lanzó drones cargados con artefactos explosivos sobre una zona rural del municipio. El saldo: siete civiles heridos, seis de ellos menores entre los cinco y doce años, y un adulto de 55. Dos de los afectados —un niño y el adulto— fueron remitidos de urgencia a Cali por la gravedad de sus heridas y permanecen bajo pronóstico reservado. Los otros cinco menores continúan hospitalizados en el centro de salud local, estables y fuera de peligro. Las Fuerzas Militares, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, repelieron el ataque, pero el daño sobre la población civil ya estaba hecho.
Playa Rica y el confinamiento del primero de junio
Un día antes de los drones, desde las once de la mañana, combates en el sector de Playa Rica dejaron a cerca de 200 familias confinadas, sin movilidad y con su integridad en riesgo. La Alcaldía convocó a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y solicitó acompañamiento de organismos internacionales, agencias humanitarias y entidades garantes de derechos humanos.
Amenazas a la misión médica
A ese cuadro se suman las amenazas contra médicos y enfermeros denunciadas por la Secretaría de Salud del Cauca. El personal de salud opera bajo intimidación en un territorio donde los servicios ya son precarios, lo que agrava la atención a los heridos. Las autoridades departamentales convocaron al respeto de la misión médica, cuya labor sostiene comunidades que el Estado no logra blindar.
El llamado del alcalde y la pregunta sin respuesta
En su comunicado oficial, el alcalde Cerón lanzó un llamado directo al Gobierno Nacional y a todas las instituciones del Estado: «Vuelquen su mirada hacia Suárez. Necesitamos una presencia efectiva que garantice la protección de la vida, la tranquilidad de la población y la defensa de los derechos fundamentales de nuestros habitantes.» La frase resume con precisión lo que el municipio lleva años exigiendo. Suárez concentra en una sola semana varios de los males que definen el conflicto armado en el Cauca: ataques indiscriminados, civiles convertidos en objetivo, servidores públicos asesinados, comunidades rurales sitiadas y personal humanitario amenazado. La pregunta que el municipio le plantea al país sigue sin respuesta: ¿dónde está el Estado cuando Suárez lo necesita?
