A esta hora avanza en Santander de Quilichao la reunión convocada por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tood Howland, con el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, delegados de la Iglesia Católica y los líderes indígenas del norte del Cauca, con el fin de buscar espacios de concertación entre el Gobierno y los líderes de las comunidades ancestrales para gestionar soluciones al conflicto de tierras en el norte del Cauca.
Las manifestaciones contra el Estado protagonizadas por indígenas nasas, que comenzaron el 25 de febrero con bloqueos esporádicos sobre la vía Panamericana y enfrentamientos con la Fuerza Pública, dejan un saldo parcial de 57 civiles y 68 miembros de la Fuerza Pública heridos además de varias propiedades privadas invadidas.
Las pretensiones de los indígenas apuntan a la entrega de 20 mil hectáreas como reparación integral por las masacres contra el pueblo Nasa entre el 16 de diciembre de 1991 y el 11 de abril de 2001, siendo las de El Nilo, Gualanday y El Naya las más representativas y dolorosas para esas comunidades.
El pasado 18 de febrero, durante un encuentro previo a las manifestaciones de hecho en Corinto y Santander de Quilichao, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura ofreció 3 mil hectáreas de terreno y 2 mil millones de pesos para proyectos productivos, propuesta que fue rechazada y seguida por la ocupación de predios y la concentración de los indígenas, quienes han sostenido violentos enfrentamientos con efectivos del Esmad y el Ejército en medio de varios intentos de desalojo por parte de las autoridades.
El 28 de febrero, la Defensoría del Pueblo, que ha hecho seguimiento a la evolución del conflicto y ha mantenido una misión humanitaria permanente en la zona, logró un pacto temporal de no agresión. Sin embargo, las posiciones entre el Gobierno y los indígenas (que han denunciado amenazas a través de panfletos suscritos por presuntos integrantes de los grupos posdesmovilizados) siguen siendo distantes, y por ello la comisión facilitadora conformada por el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Iglesia, intentan gestionar espacios de concertación con los cabildos, para que a partir de allí se consolide una mesa técnica de negociaciones con el Ejecutivo a fin de superar el conflicto que mantiene en vilo a las comunidades del norte del Cauca.
También se realizó esta mañana una reunión con las familias propietarias de los predios afectados por los enfrentamientos en los sectores de Mondomo, La Agustina y Quinamayo, que reclaman ayudas para la reparación de sus viviendas averiadas y por el saqueo a algunos negocios privados en desarrollo de los bloqueos a la vía Panamericana.
