“En el Cauca nadie puede tener emprendimientos empresariales”
La crisis eléctrica que paraliza comunidades y negocios
Santander de Quilichao, septiembre de 2025. El Cauca ha sido sometido a un toque de queda eléctrico impuesto por la incompetencia endémica de su proveedor de servicio. Mientras Santander de Quilichao, Popayán y los demás municipios y veredas del departamento se hunden en la penumbra por cortes inesperados pero prolongados, la Compañía Energética de Occidente (CEO) se atrinchera en excusas obsoletas, confirmando el peor de los temores: esta empresa, que suplantó al Estado en la prestación de un servicio público vital desde hace 15 años, nunca tuvo ni desarrolló la capacidad para cumplir con sus compromisos.
La situación desbordó la paciencia y la economía, pues la in-gestión crónica de la CEO opera con la misma fuerza paralizante de los bloqueos en la Vía Panamericana, castigando doblemente al Cauca.
Comerciantes reportan pérdidas irreparables de perecederos. Restaurantes, tiendas y centros de salud se han visto forzados a cerrar, paralizando la productividad local. Familias con pacientes dependientes de oxígeno o medicinas refrigeradas viven bajo la amenaza de una tragedia. Las comunidades son claras: «Pagamos por un servicio que no recibimos como debe ser”.
Un servicio que nunca fue adecuado
Desde que la CEO asumió la operación, el Cauca ha sido testigo de cortes continuos, transformadores sobrecargados y una infraestructura incapaz de sostener la creciente demanda.
Alberto Bustos González, dirigente cívico del norte del Cauca, resume la frustración: “En casi toda la extensión del Cauca, las familias construyeron su propia infraestructura eléctrica mediante créditos asociativos para electrificación rural que adquirieron con la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, hoy Banco Agrario. Y esta es la misma infraestructura que hoy usa la CEO, pues nunca la modernizó, a pesar de la multiplicación de los usuarios”. En Vilachí, Dominguillo y El Águila, por ejemplo, un solo transformador abastece a múltiples generaciones de familias, antiguas y nuevas, con la misma capacidad mínima.
“La red opera con transformadores de 25 o 12 kilovatios que estaban diseñados para atender 10 a 25 familias. Hoy, con el crecimiento demográfico, el mismo transformador debe surtir la demanda cuadruplicada de los abuelos, sus hijos y sus nietos”, sostiene Bustos González.
A pesar de los cortes prolongados e intempestivos, con interrupciones de hasta 10 horas al día que afectan a todos los caucanos sin discriminaciones, estas víctimas pacientes mantienen esa frondosa burocracia que traiciona su compromiso con la región; solo ofrece mediocridad a cambio de altas, pero indignas tarifas.
El argumento de la empresa: culpables externos
La CEO ha responsabilizado a usuarios por conexiones ilegales y cultivos ilícitos, asegurando que estas acciones sobrecargan la red y dañan el suministro; igualmente culpa a los actores armados ilegales que dificultan la gestión. Sin embargo, la comunidad y técnicos independientes sostienen que la raíz del problema es la falta de renovación de transformadores y de redes, pues las conexiones ilegítimas se van legalizando con la instalación de contadores de consumo mientras la infraestructura permanece inadecuada.
Protesta y descontento ciudadano
Vecinos de Santander de Quilichao, acompañados por el personero municipal, se concentraron en la Alcaldía, denunciando la crisis. Fabio Peláez Hernández, de la vereda La Capilla, relata: “Llevamos tres días sin energía, desde las seis de la tarde hasta la una de la tarde del día siguiente. Solo contamos con cuatro o cinco horas diarias. Y nadie nos da soluciones reales”.
El descontento ha derivado en cierres de vías y protestas espontáneas, mientras que dirigentes comunitarios exigen la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las autoridades nacionales. La paciencia de la población se agota, y la incertidumbre crece.
Responsabilidad del Estado y rescisión del contrato
“La incapacidad de la CEO impide cualquier emprendimiento. No se pueden instalar nuevas empresas porque los transformadores no soportan la demanda”, añade Alberto Bustos.
Expertos y líderes comunitarios coinciden en que la CEO al no cumplir, por su propia incompetencia, las obligaciones adquiridas para la prestación de un servicio público esencial, debe ser sometida a la rescisión del contrato, obviamente, luego del diagnóstico y evaluación técnica del incumplimiento.
“Solo la intervención directa puede garantizar un servicio que es vital para la subsistencia humana y para la economía regional”, advierte Alberto Bustos.
El ultimátum: rescisión o colapso
La crisis eléctrica del Cauca no es un problema reciente ni aislado. Es la consecuencia de una empresa incapaz de gestionar la infraestructura que heredó de las comunidades, mientras cobra por un servicio que nunca mejoró. La población y los empresarios sobreviven entre apagones, pérdidas económicas y riesgos sanitarios.
La empresa ha incumplido su contrato vigente hasta el 2035 al no adecuar las redes a la creciente demanda, manteniendo el Cauca en un estado de mediocridad eléctrica que garantiza la miseria y el atraso. Es una situación insostenible. El Cauca no puede soportar una década más de mediocridad.
Es hora de que las autoridades competentes, desde la Superintendencia hasta el Gobierno Nacional, reconozcan que la CEO dejó de ser un proveedor de servicio para convertirse en un grave problema de orden público, salud y desarrollo económico para el Cauca.
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