Elección del Fiscal

Elección del Fiscal

En Colombia todo el foco mediático y político se ha volcado hacia la elección del Fiscal General de la Nación, situación que ha ocasionado en las últimas semanas muchas aproximaciones frente si esto está bien, está mal o si se había hecho antes con diferentes presidentes, pues no es la primera vez que la Corte Suprema demora su elección.

Colombia es un país que por tradición ha preservado el Estado de Derecho bajo la tridivisión de las ramas del poder público como sistema de pesos y contrapesos, es decir, el presidente simboliza la unidad de la nación y actúa como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa y  adquirir más facultades a través del parlamento solicitando facultades extraordinarias y poniendo en marcha los estados de excepción y las otras ramas del poder público (legislativa y judicial con sus funciones naturales), lo que puede generar que se tome medidas más rápidas, pero también  provocar una extralimitación de funciones, capacidad de presión de parte del presidente a las altas cortes o al congreso,

En este sentido el sistema de pesos y contrapesos que se basa en que los tres poderes públicos entran en un inter-juego político, en el que cada uno tiene facultades para frenar una posibilidad de presión de los otros. lo que a veces no es conveniente como la elección del fiscal.

Este sistema tiene varias complejidades, ya que aumenta los tiempos y la burocracia necesaria para la toma de decisiones, sin embargo, ha sido históricamente la razón por la que Colombia es llamada la democracia más estable de Latinoamérica.

Asimismo, la existencia de órganos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, contribuyen a supervisar las actuaciones del poder ejecutivo, lo que es sano para el ejercicio claro y transparente de la democracia. 

Con este entramado de controles y equilibrios nuestro orden constitucional pretende preservar la independencia del poder judicial y evitar injerencias indebidas. Es un tema complejo pero fundamental para asegurar la vigencia del estado de derecho en Colombia, en tal sentido lo más conveniente es que las cortes de justicia no elijan funcionarios.

Para el caso del Fiscal General de la Nación debe tener el visto bueno, tanto del poder ejecutivo, como del poder judicial, lo que comprende que el Presidente de la República presenta una terna de candidatos, que, para el caso presente, esta fue enviada hace seis meses, para ser revisada y elegida por la Corte Suprema de Justicia, quién aún no lo ha cumplido con su función constitucional.

En todo este contexto se puede ver que está ocurriendo en la actualidad, pues ambas orillas plantean un desorden institucional, tanto el gobierno como la oposición, el gobierno la plantea a partir de la no elección del fiscal y la oposición la plantea a partir de las presiones que se están ejerciendo por parte del ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia. pues el presionar a la CSJ es como si la rama ejecutiva, es decir, el presidente, estuviera marcando los tiempos del poder judicial u ordenando a los magistrados, lo que disminuye la credibilidad de la justicia, pues abre la posibilidad de pensar que puede cooptarse. Mientras la no elección rápida del Fiscal se puede interpretar como una interinidad que atrasa o aligera las decisiones de algunos casos álgidos que están por decidir. 

Este tema actualmente tiene dos agravantes principales: Una la presión indebida que se apoya en la población, pues si bien el pueblo tiene el poder primario y es el poder constituyente, el hecho de que haya una mayor cercanía del pueblo con el poder ejecutivo por sobre la judicial muestra que las falencias en la justicia han disminuido la credibilidad de las cortes, lo que les quita capacidad de maniobra para hacer contrapeso al poder ejecutivo. Pero también la Corte debe ofrecer la celeridad de elegir en los tiempos razonables.

Por otro lado, hay una presión internacional, pues se han involucrado organizaciones internacionales como la CIDH, presionando a la CSJ a cumplir con su deber de escoger fiscal, se puede interpretar como una intromisión en la soberanía colombiana, el organismo internacional no tendría por que definir los tiempos de gestión de ninguna de las entidades públicas colombianas. 

Para terminar, hay que resaltar que si bien aún no se han visto consecuencias graves frente a este hecho, hay que instar al presidente a mantener la calma, a no  cometer errores por desconocimiento, está jugando en la línea de poder llegar a cometer ilegalidades,  que no se pueden permitir, el jefe de gobierno debe enseñar con el ejemplo y debe respetar la institucionalidad, por más que sus detractores políticos pongan trampas y él caiga en ellas, agregaría que  la oposición tiene mayor experiencia y la está sacando a relucir con apoyo de los políticos, medios de comunicación, sociedad civil,  mientras el gobierno responde con las emociones juveniles de rechazo como si fueran  la oposición,  falta la calma estratégica para no dejarse tentar de caer en los errores.

 El presidente Petro es una persona que lleva más de 40 años haciendo oposición en política, lo que despierta la duda: ¿Estas acciones se dan por desconocimiento, por acelere o son a propósito? Lo cierto es que ha ocasionado un distanciamiento de los poderes ejecutivo y judicial.