Colombia entra a la recta final de su campaña presidencial con una paradoja que merece nombrarse sin rodeos: el hombre que acumula el prontuario judicial más grave de cualquier expresidente en la historia del país se ha lanzado, sin autoridad moral, a una alocada persecución política contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República.
Álvaro Uribe Vélez carga hoy con un proceso penal de una gravedad institucional sin precedentes. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia en octubre de 2025 de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto la jueza 44 Penal del Circuito en julio del mismo año, esa absolución enfrenta aún el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene la última palabra. El proceso está en curso.
Pero hay otro capítulo que ninguna absolución judicial ha tocado y que ninguna campaña electoral puede borrar de la memoria del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz documentó en su Auto 033 de 2021 que entre 2002 y 2008, durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, 6.402 civiles colombianos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Jóvenes desempleados, campesinos y personas en situación de vulnerabilidad, atraídos con falsas promesas de trabajo, fueron asesinados por miembros de las fuerzas militares y presentados como guerrilleros muertos en combate. El sistema de incentivos perversos diseñado durante ese gobierno premiaba con ascensos, condecoraciones y vacaciones a los militares que producían esos asesinatos. El resultado fue una maquinaria criminal que operó durante años con una sistematicidad que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Para dimensionar la magnitud de esa cifra: 6.402 víctimas supera más del doble el total de asesinatos y desapariciones documentados durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Colombia produjo en seis años, bajo política de Estado, una tragedia de proporciones que la historia latinoamericana solo conoce en regímenes dictatoriales. Y lo hizo en democracia, con un presidente que hoy, paradójiocamente, se presenta como defensor de las instituciones.
Frente a ese prontuario, la persecución política que Uribe despliega contra Cepeda en plena campaña presidencial tiene una lectura política clara. Cepeda es el candidato que durante años documentó y denunció ante la justicia la manipulación de testigos por parte del expresidente, proceso que terminó en la condena de primera instancia y que originó toda la cadena judicial que hoy pende sobre Uribe. Atacar a Cepeda es, para Uribe, una forma de defenderse a sí mismo. La campaña contra el candidato del Pacto Histórico no nace de una convicción democrática sino de un cálculo de supervivencia política y judicial, con lo cual deja en evidencia que Cepeda sería el próximo presidente de la República, el mayor peligro para la criminalidad en Colombia.
Es más, el electorado que hoy evalúa los apoyos que Uribe ofrece a candidatos de la extrema derecha tiene información suficiente para calibrar el peso real de ese respaldo. Un expresidente con procesos penales abiertos en la Corte Suprema y señalado por la JEP como gobernante bajo cuyo mandato se ejecutaron extrajudicialmente más de seis mil civiles, no es un aval político. Es una carga. Tanta, que ni siquiera fue elegido senador en las pasadas elecciones.
La pregunta que Colombia debe hacerse antes del 31 de mayo no es solo quién apoya a quién. Es qué dice de un candidato que acepta el respaldo de quien carga ese prontuario. En una democracia que aspira a construir verdad, justicia y no repetición, esa pregunta tiene implicaciones que van mucho más allá de una campaña electoral.
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