El partido político sin nombre

Stella Ramírez G.

En Colombia existe un partido político que jamás se ha presentado a elecciones. Nunca ha recorrido barrios pidiendo votos, jamás ha llenado plazas públicas ni ha tenido que convencer al pueblo de nada.

No necesita campañas, debates ni urnas.

Gobierna desde la comodidad de los estrados, protegido por togas, sellos y tecnicismos jurídicos.

Es un partido sin nombre, pero con enorme poder.

Un partido que no aparece en el tarjetón electoral, pero decide qué reformas avanzan, cuáles se hunden y hasta dónde puede gobernar un presidente elegido por millones de ciudadanos.

Un partido que actúa coordinadamente desde ciertos sectores de las altas cortes y de los organismos de control, al servicio de las élites, disfrazando de neutralidad jurídica lo que muchas veces parece militancia ideológica.

Porque ya es imposible ignorar lo evidente: en Colombia hay magistrados y altos funcionarios que dejaron de comportarse como árbitros constitucionales para actuar como operadores políticos.

Cada decisión contra las reformas sociales, cada bloqueo sistemático, cada interpretación torcida de la Constitución, cada intervención selectiva, va dibujando el rostro de un poder que no se reconoce como oposición, pero actúa exactamente como ella. Y no como cualquier oposición: como una oposición radical, elitista y profundamente desconectada de las necesidades populares.

Si van a gobernar, que den la cara.

Si quieren dirigir el país desde los despachos judiciales y administrativos, entonces deberían tener la decencia democrática de bautizar su movimiento político y presentarse ante Colombia con honestidad.

Que le pongan nombre a ese “partido de extrema derecha togada” que opera entre sentencias, medidas cautelares y maniobras jurídicas.

Porque lo más peligroso no es la oposición política abierta.

Lo más peligroso es el poder que se disfraza de imparcialidad mientras conspira contra el mandato popular de izquierda.

La democracia se degrada cuando quienes no recibieron un solo voto terminan condicionando la voluntad de millones de ciudadanos que sí acudieron a las urnas. Y peor aún, cuando lo hacen escudados en una supuesta superioridad moral o constitucional, como si el pueblo fuera un actor secundario dentro de la República.

En una democracia auténtica, las cortes deben garantizar derechos y proteger la Constitución, no reemplazar al elector ni convertirse en trincheras ideológicas de sectores privilegiados, aterrados ante cualquier transformación social.

Pero en Colombia pareciera que algunas instituciones hubieran decidido asumir una misión distinta: impedir que un presidente de izquierda gobierne.

Y entonces aparecen las decisiones selectivas, los tiempos sospechosos, las medidas quirúrgicamente oportunas para frenar reformas, los silencios cómplices frente a ciertos abusos y la velocidad fulminante cuando el objetivo es golpear al Gobierno.

No es justicia: es cálculo político.

No es independencia: es militancia encubierta.

No es defensa institucional: es resistencia de clase.

Tal vez por eso ese partido sin nombre jamás quiere reconocerse como lo que realmente es. Porque sabe que, al quitarse la toga de la neutralidad, quedaría expuesto ante el país como un proyecto político profundamente conservador, enemigo de cualquier redistribución del poder y de cualquier intento de transformación social.

La pregunta ya no es si existe.

La pregunta es cuándo tendrán el valor de admitirlo.

Señores de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Contraloría General de la Nación, el CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación: ¿cuándo le escogerán nombre a ese partido político de extrema derecha del que tantos parecen actuar como militantes?

Ese partido político sin nombre fue el que le sirvió a la extrema derecha como talanquera para frenar el avance de un gobierno de izquierda y de unas reformas que el pueblo escogió en las urnas.

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