El Pacífico enfrenta sismos, sequía y ceniza
Por: Juan Sebastián Pérez.
El Pacífico colombiano amaneció este jueves 17 de septiembre de 2026 con varias advertencias abiertas. Cinco movimientos sísmicos estremecieron la subregión del San Juan, en Chocó; el volcán Puracé mantuvo su actividad en nivel naranja; Cali afronta una reducción del caudal de sus ríos, y Nariño acumula incendios de cobertura vegetal mientras comunidades rurales reportan problemas de abastecimiento de agua.
Son hechos distintos, separados por cientos de kilómetros, pero unidos por una realidad territorial. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño soportan amenazas naturales que encuentran poblaciones con vías precarias, servicios públicos vulnerables y una capacidad institucional limitada para responder en zonas rurales y apartadas.
El Servicio Geológico Colombiano registró cinco temblores en menos de una hora durante la tarde del miércoles 16 de septiembre. Los movimientos ocurrieron entre las 3:12 y las 4:05 de la tarde en la subregión del San Juan, según informó Chocó 7 Días. Hasta el cierre de esta edición no se habían confirmado nuevas víctimas ni daños materiales.
La secuencia causa preocupación porque el Chocó todavía intenta levantarse del terremoto del 10 de agosto. Miles de familias continúan afectadas y numerosas edificaciones requieren evaluación, reparación o reconstrucción. Cada nuevo movimiento reactiva el miedo y recuerda que la emergencia no terminó cuando desaparecieron las transmisiones nacionales.
A ese escenario se sumó la muerte de cuatro profesionales de la salud y del piloto de la avioneta Cessna T206, matrícula HK-4985. La aeronave regresaba de Condoto hacia Bogotá después de una brigada médica para comunidades afectadas por el terremoto. Los cuerpos fueron encontrados cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, después de tres días de operaciones en una zona montañosa ubicada entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.
Julissa Figueredo Rodríguez, Perla Constanza Álvarez, Sandy García y María Guzmán viajaron al Chocó para prestar atención médica. El piloto Mehmet Cankaya puso su aeronave al servicio de la misión. Su muerte expone otra dificultad conocida por quienes viven en el Pacífico: llegar a los territorios donde se necesita ayuda puede convertirse en una operación de alto riesgo.
En el Cauca, el volcán Puracé continúa en alerta naranja. Durante los últimos días fueron registradas siete emisiones de ceniza. Una de las columnas alcanzó cerca de 1.200 metros sobre el cráter. Este nivel de alerta indica cambios relevantes en la actividad volcánica y exige preparación institucional, seguimiento técnico y comunicación permanente con las comunidades cercanas.
La alerta naranja no significa que una erupción mayor ocurrirá de manera inmediata. Tampoco permite bajar la vigilancia. Los habitantes de Puracé, Paletará y otras poblaciones próximas necesitan información precisa sobre rutas de evacuación, lugares de encuentro, disponibilidad de transporte y protocolos para proteger las fuentes de agua, los cultivos y los animales.
En Cali, la amenaza llega por la escasez. El río Meléndez se encuentra en alerta roja por su bajo caudal y el río Cali permanece en alerta naranja. Emcali ha realizado maniobras en la red para sostener la presión y reducir el riesgo de racionamiento en los barrios de ladera. La disminución del agua coincide con interrupciones programadas del servicio en más de diez barrios durante este jueves.
La situación obliga a mirar más allá de los cortes temporales. Cali creció alrededor de siete ríos, pero esa riqueza hídrica convive con contaminación, ocupación de cuencas, pérdida de cobertura vegetal y redes que sufren daños frecuentes. Cuando disminuye el caudal, la desigualdad aparece en los grifos. Los sectores ubicados en las laderas suelen padecer primero la falta de presión y los retrasos en el suministro.
Mientras tanto, más de 3.000 habitantes de Chiminangos II piden claridad sobre los censos, el restablecimiento del gas y las condiciones de las estructuras afectadas por el terremoto. Las familias necesitan dictámenes técnicos comprensibles y decisiones con fechas definidas. La incertidumbre también forma parte de una emergencia cuando las personas desconocen si pueden regresar a sus viviendas o cuánto tiempo deberán esperar por una solución.
Nariño vive su propia crisis por la temporada seca. La Gobernación informó que 229 incendios de cobertura vegetal han sido atendidos y que 42 municipios presentan afectaciones. Comunidades rurales de Pasto advierten una reducción en los niveles de los tanques y acueductos comunitarios. En Ipiales, la solución estructural para el abastecimiento contempla una nueva captación, un desarenador y una línea de conducción valorados en $22.228 millones, pero la necesidad de agua existe hoy.
El Pacífico requiere una política de prevención que reconozca su geografía. Una emergencia en Quibdó, Condoto, Puracé, Cali o Pasto no puede atenderse bajo el mismo esquema diseñado desde una oficina en Bogotá. Las distancias, el estado de las carreteras, la dispersión de las comunidades y las condiciones climáticas cambian los tiempos de respuesta.
Los gobiernos deben publicar censos verificables, mapas de riesgo actualizados, contratos de reconstrucción, cronogramas y avances físicos. La ciudadanía necesita saber cuánto dinero fue asignado, quién lo administra, dónde se ejecutan las obras y qué resultados existen. La información pública también salva vidas cuando permite corregir fallas antes de una nueva emergencia.
Sismos, sequía y ceniza describen la agenda inmediata del Pacífico colombiano. Detrás de esas palabras hay familias que esperan agua, viviendas seguras, rutas transitables y respuestas. La prevención comienza cuando las alertas dejan de tratarse como noticias pasajeras y se convierten en decisiones comprobables.
