El neoliberalismo de Petro
Subsidios a la lata y oligopolios popochos
El neoliberalismo de Petro
Cuando en 1998 el neoliberalismo empezó a hacer estragos, el Banco Mundial planteó, como ingeniosa estrategia para reducir la pobreza, focalizar transferencias y apoyos entre “los más pobres de los pobres”. Un paliativo a las secuelas sin remover el modelo, un complemento (WB, Burki y Perry, 1998).
La encuesta Pulso Social (Dane, abril-junio 2023) revela que la desgracia persiste, que el dramático escenario de nuestro país sigue. De la muestra de 12.837.061 personas, solo 8 por ciento dice que en el último año su situación económica mejoró y 50, que empeoró. Una de cada cuatro no accede a tres comidas diarias y una proporción igual tiene en 2023 menos posibilidad para comprar alimentos, vestuario y zapatos que en 2022; dos de cada tres respuestas se ubican en las cuatro escalas más bajas, de diez posibles, en pobreza; apenas 12 por ciento ahorra y más de la mitad ve una mala perspectiva para el empleo. Terrible.
Se trata de un panorama, heredado, pero no corregido, que ha impelido al reformismo social como política prioritaria del Gobierno Petro, pero “focalizando” acorde con el Banco Mundial, como en el Plan Nacional de Desarrollo que aminoró el universo de favorecidos. En Bogotá excluyó a 161.000 familias (SDP, 14/9/23).
Remediar sin remover los orígenes del mal impulsa a Petro a acudir a donativos en todo trance: Soat subsidiado (y fallido) a los moteros; peajes con descuento; “compensación” a los taxistas por el precio de la gasolina; un millón de pesos mensuales a jóvenes vulnerables; reforma rural con mercado de tierras; sustitución asistida a cultivadores de coca; pensión solidaria para sacar “viejos” de pobreza extrema; renta ciudadana ajustada para 2,2 millones de familias y anuncia mínimos vitales a estratos bajos en servicios públicos.
Lo desvela “controlar la explosión del volcán”, y la última propuesta, en abierta intromisión en la campaña electoral territorial, fue proponer la financiación de un pasaje cero para los sistemas municipales de transporte masivo mediante el pago de la factura de energía. Entró en disputa con el candidato que en Bogotá propone con el mismo fin que el 85 por ciento del canon –para completar 6 billones de pesos anuales de costo total– viniera del Gobierno nacional o con otro en Bucaramanga que promete que el municipio pagará media tarifa de Metrolínea.
Pese a las discrepancias sobre distintas fuentes de financiación, todas coinciden en que “ningún contratista de este sistema de transporte verá afectado su ingreso”, tampoco sus financiadores, en aras de “construir sobre lo construido”. Petro y sus émulos se brincan que “es fundamental analizar” la “opacidad” de los contratos, por las prerrogativas concedidas a los grupos que controlan el transporte en Bogotá, para “comprender el déficit del sistema y encontrar vías para reducirlo”, “una corrupción estructural”, como explica Paola Torres Vargas (Uniandes, 14/9/23).
Igual con los subsidios a la electricidad, que este año valdrán más de 4 billones de pesos (Acolgen). Este dato de Juan Pablo Fernández (X, 4/10/22) es muy ilustrativo: “La generación en Colombia está controlada por EPM (28,3 %) y un oligopolio de tres empresas extranjeras: Emgesa, Isagen y AES Chivor… dominan el mercado de la bolsa y el de contratos para usuarios regulados”. Obsérvese que mientras los hogares no alcanzan con sus exiguos presupuestos a cubrir las tasas de ganancia de los oligopolios, los presupuestos públicos, inclusive endeudándose, se encargan de retribuirlas en un espiral sin fin y ya casi ni alcanzan.
Muchos culpan de los déficits a las metodologías en la “focalización” de beneficiarios y otros plantean subsanarlos con “generación de riqueza”. A contramano, el PNUD en el informe de 2021 para América Latina, dirigido por Marcela Meléndez, jerarquiza como factor básico de inequidad a “la concentración del poder económico y político”, en la que “la rentabilidad de los negocios es la más elevada del mundo” y los ingresos de las 50 mayores empresas equivalen a 40 por ciento del PIB. Menguar esas rentas no parece ser la idea de Petro ni del reformismo.
Datos de SuperSociedades corroboran al PNUD. En electricidad en Colombia, la utilidad neta sobre el patrimonio de las generadoras osciló entre el 13,3 por ciento (EPM) hasta el 47,7 (AES Chivor), y en transporte por cada 100 pesos en activos ingresan 40 en Transmilenio (Consorcio Express) o hasta 225 en el SITP (Bogotá Móvil Sur).
Ya que “no hay almuerzo gratis”, Petro y los candidatos, salpicados del reformismo en boga, al cebar con recursos públicos a fondo perdido rentas oligopólicas privadas y libres de riesgo, “socializan pérdidas y privatizan ganancias”. No revierten el neoliberalismo; por el contrario, lo apuntalan.
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Publicación original en: Revista Semana
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