El invisible Ministerio de la Igualdad permanece silenciado
La igualdad absoluta es una quimera científica, pero la equidad social es un mandato democrático. Bajo esa premisa nació el Ministerio de Igualdad y Equidad mediante la Ley 2281 de 2023. La promesa era ambiciosa: edificar una institución capaz de saldar brechas históricas y convertir la justicia social en una política de Estado. Sin embargo, tras dos años de funcionamiento, la realidad social y la administrativa contradicen la retórica oficial.
Hoy esa entidad enfrenta una crisis de supervivencia jurídica y política. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de su ley de creación por vicios de procedimiento, otorgando un plazo perentorio para corregir el trámite. Ese margen temporal no debería ser un espacio de espera, sino una oportunidad para demostrar utilidad pública. Pero los resultados son desalentadores: en 2024 la ejecución presupuestal fue mínima y los programas estratégicos apenas registraron avances.
Un ministerio no se valida por la amplitud de su discurso ni por el tamaño de sus fondos. Se evalúa por su capacidad de transformar territorios. En el Pacífico colombiano, donde la desigualdad es una herida abierta, la presencia de esta cartera es imperceptible. Las comunidades no descubren cambios concretos; perciben una estructura burocrática dispersa que no conecta con las urgencias de la región.
El problema radica en la conducción política. Un ministerio requiere liderazgo visible y rendición de cuentas permanente. Resulta incomprensible que el ministro Luis Alfredo Acosta Zapata mantenga un silencio calculado frente a los medios regionales. Diversas solicitudes de entrevista por parte de este medio han sido ignoradas, reforzando la sensación de una gestión que le teme al debate público y se esconde de sus audiencias obligatorias.
El ministro y su equipo forman parte de un gobierno que aspira a prolongar su proyecto político más allá de las elecciones de mayo de 2026. Sin embargo, los funcionarios públicos —legalmente impedidos para participar en la contienda electoral— están obligados a responder ante el país con resultados administrativos verificables. En amplias zonas del Pacífico colombiano la percepción dominante es que esos resultados todavía no aparecen. Basta recorrer las ciudades y municipios de la región para constatar que la presencia institucional del Ministerio de Igualdad sigue siendo escasa o inexistente en la vida cotidiana de las comunidades que deberían ser su prioridad.
«Cuando una institución creada para enfrentar la desigualdad no logra hacerse visible en los territorios donde esa desigualdad es más profunda, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un problema político”.
La igualdad no se decreta desde un escritorio en Bogotá. Se construye con ejecución técnica y presencia territorial. Cuando una institución concebida para corregir exclusiones se refugia en el mutismo, la promesa política se vacía de sentido. El ministro Acosta Zapata debe entender que la comunicación no es un favor, sino un deber del servidor público.
Si el Ministerio de Igualdad no logra materializar resultados verificables y prefiere la invisibilidad antes que el diálogo, Colombia enfrentará una conclusión amarga: la desigualdad seguirá siendo un lastre histórico mientras la institución encargada de combatirla permanece ausente. Un ministerio creado para los marginados no puede ser un fantasma administrativo.
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