El despojo tiene nombre jurídico

Por Redacción Proclama del Pacífico /  Hay una cifra que debería sacudir cualquier debate sobre la tierra: el coeficiente de Gini global de la tenencia agraria llegó a 0,95 en 2020. En una escala donde el 1,0 representa la concentración absoluta —toda la tierra en manos de una sola persona—, estamos rozando el límite. Y lo más perturbador no es el dato en sí, sino lo que ocurre mientras ese dato se registra: en casi todos los países del mundo, los gobiernos están aprobando leyes, decretos y reformas administrativas que aceleran precisamente esa concentración.

A eso se dedica la investigación de Carlos Duarte publicada por el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Observatorio de Tierras. El trabajo, titulado Contrarreformas agrarias: anatomía de un despojo en progreso, documenta con precisión clínica cómo el despojo contemporáneo opera a través de la ingeniería legal, desplazando la violencia abierta de antaño. No se roba la tierra. Se reescribe el estatuto jurídico que la protegía.

Una arquitectura del retroceso

La primera conclusión del estudio desmonta una coartada ideológica: la contrarreforma agraria no tiene color político. En Argentina, la derecha de Milei derogó por decreto la protección sobre tierras extranjeras. En Bolivia —gobernada entonces por el MAS— se intentó convertir la pequeña propiedad campesina en propiedad mediana hipotecable, con un trámite voluntario de apenas diez días hábiles. En Brasil, el Congreso introdujo el llamado «marco temporal», que exige a los pueblos indígenas demostrar ocupación territorial en una fecha exacta del pasado, ignorando que muchos habían sido expulsados por la fuerza décadas antes. En El Salvador se creó una expropiación exprés que deposita el dinero en sede judicial y da inicio a las obras sin que el campesino pueda objetar. En Ecuador se revocan retroactivamente títulos de reforma agraria mediante maniobras judiciales que convierten al beneficiario de la ley en ocupante ilegal.

Distintos gobiernos, distintas banderas, el mismo resultado: las garantías que el derecho agrario del siglo XX construyó para proteger a los más vulnerables van siendo desmanteladas, una a una, bajo el lenguaje técnico de la modernización.

El despojo que no parece despojo

Lo que hace especialmente peligrosa esta generación de contrarreformas es su sofisticación. Indonesia fundió decenas de protecciones ambientales, laborales y agrarias en una sola ley de inversión. Vietnam amplió a 31 los supuestos en que el Estado puede recuperar tierras para desarrolladores privados. Australia separó jurídicamente la tierra del agua, creando un mercado especulativo de derechos hídricos: el pequeño agricultor no es expropiado, simplemente no puede pagar el agua y abandona. Francia, uno de los países con mayor tradición de regulación agraria, vio cómo la compra de acciones de sociedades propietarias de tierra eludía todos los controles diseñados para las transacciones inmobiliarias directas.

Paralelamente, la narrativa de la conservación ambiental se ha convertido en otro vector de despojo. En Tanzania, Kenya e Israel, comunidades con siglos de vínculo con la tierra han sido expulsadas en nombre de reservas naturales o proyectos de créditos de carbono. El argumento es impecable. El resultado es el mismo de siempre: comunidades desplazadas, territorios capturados por actores corporativos o estatales.

Lo que está en juego

América Latina, la región con la estructura agraria más desigual del planeta, es el laboratorio donde estas técnicas se ensayan con mayor descaro. En Colombia, el 10% superior de los tenedores concentra más del 93% de la tierra operada. En Paraguay, el 77% de la superficie está en predios de más de 50 hectáreas. El 50% más pobre de los tenedores rurales posee, en valor, entre cero y dos por ciento de la riqueza agraria. Sobre esa base estructural, las contrarreformas no hacen sino profundizar lo que ya era insostenible.

Y sin embargo, el mismo estudio registra una contratendencia significativa: la movilización. En Bolivia, una marcha indígena y campesina que recorrió casi cien kilómetros en un mes forzó la abrogación total de la Ley 1720. El legislador cedió donde el argumento jurídico no había bastado. Como señala Duarte, la regresión normativa no se desmonta por la fuerza del argumento técnico, sino por la presión política de quienes son titulares del derecho.

La pregunta que no admite evasión

Esta investigación es una advertencia sobre una elección política que se está tomando, en silencio y en múltiples parlamentos a la vez: la decisión de tratar la tierra como un activo financiero más, intercambiable y especulable, antes que como base material de la vida de millones de familias rurales.

Esa elección tiene consecuencias reales: desplazamiento, hambre, ruptura del relevo generacional campesino. Y tiene también responsables concretos —legisladores, jueces, funcionarios, inversores— que hoy pueden ampararse en la complejidad técnica de sus instrumentos jurídicos para no verse en el espejo.

El trabajo de Duarte les quita esa coartada. Nombra los mecanismos, los países, las leyes, las fechas. Eso, en el estado actual del debate agrario global, es ya un acto político.