El despojo ocurre desde antes de que se posesione el nuevo gobierno

El investigador de la Javeriana Cali Carlos A. Duarte T., acuña el concepto de CONTRARREFORMISMO AGRARIO ANTICIPATORIO para describir el patrón de violencia que en 17 días, entre el 22 de junio y el 8 de julio de 2026, produjo más hechos contra beneficiarios de la reforma agraria que en los 36 meses anteriores.

El 24 de junio de 2026, entre la una y las dos de la madrugada, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a la casa principal del predio La Primavera, en la vereda Nare de Puerto López, Meta. Levantaron a los cinco habitantes, los amarraron y los golpearon con palos y machetes. Robaron el dinero que encontraron, quemaron dos motocicletas y la planta eléctrica de la comunidad. A una de las mujeres le marcaron una X en la frente. A una niña de trece años la amarraron a un poste y encendieron una hoguera frente a ella mientras amenazaban con quemarla. Les dijeron a las víctimas que se estaban robando la tierra de un tal «señor Salomón», y pusieron una sola condición para liberarlas: que fuera a rescatarlas, en persona, la presidenta de la asociación campesina.

Seis días antes, el presidente Gustavo Petro había presentado públicamente la macroentrega de 12.643 hectáreas de la Sociedad de Activos Especiales que la Agencia Nacional de Tierras tituló a 464 familias del Meta, entre campesinos beneficiarios de reforma agraria, población reincorporada y víctimas del conflicto. La Primavera hace parte de ese lote. La tortura llegó seis días después del acto presidencial.

Ese dato es el punto de partida del análisis más riguroso que se ha publicado en Colombia sobre la violencia contra los beneficiarios de la reforma agraria en el contexto del cambio de gobierno. Su autor es Carlos Arturo Duarte Torres, antropólogo de la Universidad Nacional, doctor en Sociología, investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y miembro del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos de la Organización de las Naciones Unidas.

Un nombre para lo que nadie había nombrado

El ensayo de Duarte se titula Contrarreformismo Agrario Anticipatorio y fue publicado por el Instituto de Estudios Interculturales y el Observatorio de Tierras de la Javeriana Cali. El concepto central que propone es preciso: la violencia contra los beneficiarios de la redistribución de tierras que ocurre durante el período de empalme entre gobiernos, aprovechando que el saliente pierde capacidad de disuasión y el entrante todavía no asume responsabilidades por lo que ocurra.

«Anticipatorio, entonces, en sentido estricto: el patrón produce hechos cumplidos que la administración entrante encontrará consumados y que podrá ratificar sin firmar un solo acto de despojo», escribe Duarte.

La tesis central distingue dos fenómenos que se articulan. El primero es una violencia crónica y de baja intensidad que viene desde 2023, documentada por la Defensoría del Pueblo, con un perfil dominante de antiguos propietarios que hostigan a los nuevos beneficiarios. El segundo es la aceleración brutal de esa violencia después del resultado electoral del 21 de junio de 2026, cuando el hostigamiento disperso se convirtió en ofensiva coordinada con objetivo claro de producir despojos consumados durante el interregno, antes de que el nuevo gobierno defina su posición frente a la reforma agraria heredada.

Los números que sostienen el argumento

Duarte construyó una base de datos con 57 hechos ocurridos entre 2023 y el 8 de julio de 2026, clasificados por tipo de violencia, tenencia del predio, presunto responsable y posición frente al calendario electoral. Los números son contundentes.

Entre 2023 y 2025, en 36 meses, se registraron 25 hechos, con una tasa de 0,7 hechos por mes. Entre enero y mayo de 2026, la tasa subió a 2,2 por mes. Durante el interregno entre las dos vueltas presidenciales, entre el 31 de mayo y el 21 de junio, llegó a 4,3. En los 17 días posteriores a la segunda vuelta, entre el 22 de junio y el 8 de julio, la tasa alcanzó 22,9 hechos mensuales equivalentes, con 13 casos registrados.

Duarte advierte que parte de ese salto puede explicarse por un efecto de visibilidad: la denuncia agregada de la ANT y la atención mediática posterior elevaron la notoriedad de casos que antes pasaban sin registro. Pero sostiene que el salto es de orden de magnitud, no de grado, y que los datos de coordinación y repertorio lo confirman.

El adverbio que lo explica todo

La noche misma del 31 de mayo, cerradas las urnas de la primera vuelta, personas en cercanías de un predio en Restrepo, Meta, lanzaron mensajes intimidantes anunciando que «ahora sí» los sacarían de la zona. Duarte detiene su análisis en ese adverbio. «La disposición de expulsar existía de antes; lo que cambió esa noche fue el cálculo sobre su viabilidad».

Los victimarios declararon el vínculo entre el resultado electoral y la violencia con una claridad que ningún investigador externo habría podido construir. En el predio La Perla, en Puerto Triunfo, Antioquia, un hombre acudió a amedrentar a una asociación de mujeres afirmando que habían estado esperando que ganara el Tigre para recuperar el predio. En el predio Jamaica, en el Magdalena Medio, los mensajes extorsivos atribuidos al Clan del Golfo exigían la salida de cuatro organizaciones de víctimas con el argumento de que el Tigre ya tenía todo arreglado con el patrón para devolverle ese predio. La Agencia Nacional de Tierras documentó incluso el uso de la imagen del presidente electo como instrumento de intimidación.

«No es esta investigación la que construye el vínculo entre el resultado electoral y la violencia; son los victimarios quienes lo enuncian como la condición que habilita la reversión», escribe Duarte. Y agrega una distinción clave: que el presidente electo no haya autorizado ni respaldado nada de esto es, para el argumento, secundario. «Aquí no opera una orden, opera una expectativa, y las expectativas movilizan ejércitos privados con la misma eficacia que las órdenes».

La geografía del despojo calca la geografía del narcotráfico

Uno de los hallazgos más reveladores del ensayo es la distribución territorial de los hechos. La violencia no se concentra donde hay más reforma agraria. Se concentra donde la reforma redistribuyó activos del bloque narcoparamilitar.

Duarte identifica tres corredores. El primero es el Magdalena Medio, de Puerto Boyacá a La Dorada, corazón histórico del paramilitarismo de los Isaza, donde hoy se atacan predios que pertenecieron a Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. El segundo es Córdoba, sobre tierras entregadas por Salvatore Mancuso y alias Macaco en el proceso de Justicia y Paz. El tercero es el eje del Valle del Cauca, el clúster más denso de 2026, sobre el patrimonio del extinto cartel del Norte del Valle.

«La geografía del contrarreformismo calca la geografía de la extinción de dominio: quien perdió la tierra por sentencia la reclama ahora por arma interpuesta», sintetiza el investigador.

Entre los presuntos responsables identificados en los 22 hechos con atribución, dominan los antiguos propietarios y su entorno, con 12 casos. Las estructuras armadas ilegales, incluyendo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, suman 7. Los actores del registro formal, es decir, personas armadas que se presentan como abogados o propietarios, acumulan 3. «Entre el fusil, el testaferro y el membrete de abogado no hay frontera funcional», concluye Duarte.

El talón de Aquiles: predios entregados pero no escriturados

El análisis de Duarte señala la vulnerabilidad jurídica que hace posible todo el patrón. Casi todos los predios atacados comparten un rasgo: fueron objeto de entrega provisional, no de titulación definitiva.

Una revelación de la Contraloría General conocida el 5 de julio de 2026 dimensiona el problema: de los 537 predios del convenio entre la SAE y la ANT, por los que el Estado desembolsó cerca de un billón de pesos, solo tres estaban escriturados a favor de la Nación al 22 de junio de 2026, mientras más de 300 ya habían sido entregados a familias campesinas. Cientos de comunidades habitan un limbo entre el acto administrativo que las instaló y el registro que las protegería. Son, en la formulación de Duarte, «titulares de una expectativa, no de un derecho consolidado».

Los actores armados entienden ese limbo mejor que muchos juristas. La amenaza del predio Jamaica lo formula sin rodeos: el patrón habría arreglado todo para que le devuelvan el predio. «Devolver presupone reversibilidad, y la reversibilidad es exactamente lo que la entrega provisional sin escrituración deja abierta. Aquí es donde la vía armada y la vía legal del despojo se fusionan».

Duarte describe la versión más económica del contrarreformismo: no necesita revocar nada. Le basta a una administración hostil no perfeccionar lo iniciado, no escriturar, no renovar las entregas provisionales, dejar que los procesos caduquen mientras los predios se vacían por la fuerza. «El despojo por omisión registral no requiere una ley regresiva que activar ni un tribunal que la controle».

Lo que se le exige a cada actor

El ensayo cierra con un mapa de responsabilidades dirigido con nombre propio a cada institución.

A la ANT y a la SAE, en las semanas que quedan de gobierno, les corresponde el blindaje registral: acelerar la escrituración de los predios entregados y perfeccionar los actos administrativos de las entregas provisionales.

A la Fiscalía le corresponde unificar las cinco denuncias en una sola investigación por patrón, «porque instruidas por separado cada una es un caso de amenazas local y leídas en conjunto son otra cosa».

A la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo, medidas colectivas con enfoque territorial sobre los tres corredores identificados, antes que esquemas individuales que llegan tarde.

Al gobierno entrante le corresponde lo que pidió la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: definir públicamente, antes de la posesión, que las tierras entregadas al campesinado no serán objeto de reversión administrativa. «Definición que no le cuesta nada si el patrón aquí documentado le es ajeno, y que le costará mucho callar si no lo es».

La obligación, recuerda Duarte, es del Estado colombiano como continuidad, no de la coalición que lo administre. La no regresividad en materia de tenencia campesina, consagrada en el artículo 17 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, no distingue colores políticos.

La advertencia final

Duarte declara sin eufemismos la agenda de investigación que queda pendiente: falta el denominador que permita convertir casos en tasas, y que la ANT debería publicar. Y falta seguir la ventana crítica de los próximos sesenta días, «que dirá si el interregno fue el pico del patrón o su plataforma de despegue».

El ensayo Contrarreformismo Agrario Anticipatorio está disponible en el repositorio del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La base de datos que lo sustenta queda abierta a disposición de las organizaciones campesinas, las entidades de control y los mecanismos internacionales que la requieran.

Proclama del Pacífico — Julio de 2026 / A continuación, el ensayo completo de Carlos Duarte, investigador del IEI Pontificia Universidad Javeriana Cali.