EL DESAFÍO PRESIDENCIAL COMIENZA EN EL CAUCA
No habían transcurrido muchas horas del nuevo gobierno cuando desde el Cauca llegó el primer desafío a la promesa de recuperar el orden y la autoridad del Estado. Actores armados destruyeron con un vehículo cargado de explosivos la infraestructura en construcción del peaje en el sector Cachimbal, zona rural de Santander de Quilichao.
El discurso de posesión, pronunciado en Cali, así lo confirma al asumir el compromiso histórico de restablecer la autoridad del Estado sustentado en el imperio de la Constitución y la ley, como ejes fundamentales de su gobierno.
El Cauca debería convertirse desde los primeros cien días del nuevo gobierno, en una prioridad nacional. No mediante anuncios episódicos ni consejos de seguridad que terminan cuando se apagan las cámaras, sino mediante una estrategia permanente de recuperación territorial, inteligencia contra las economías ilegales, protección de los corredores viales, sustitución productiva y presencia institucional en los municipios donde durante años el Estado ha llegado tarde o simplemente no ha llegado.
Pocas regiones como el Cauca padecen con tanta crudeza su trágica realidad: territorios disputados por organizaciones armadas, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, reclutamiento de jóvenes, bloqueos recurrentes y comunidades enteras que durante décadas han contemplado cómo la presencia efectiva del Estado se debilita mientras las economías ilegales se fortalecen. El Cauca no necesita otro gobierno que administre el conflicto. Necesita que el Estado recupere el territorio para los ciudadanos.
Recuperar el orden no puede significar solamente incrementar operaciones militares. La autoridad democrática debe llegar acompañada de justicia, carreteras, escuelas, hospitales, inversión, crédito, asistencia técnica y oportunidades productivas. De nada serviría recuperar temporalmente un territorio si después vuelve a quedar abandonado.
Es pertinente que la lucha contra los cultivos ilícitos esté acompañada por alternativas económicas reales. Sustituir la coca exige hacer competitivos productos legales como el café, el cacao y otros cultivos capaces de proporcionar ingresos dignos a las familias campesinas. La recuperación territorial será incompleta mientras la economía legal no resulte más rentable y segura que la economía ilícita.
La seguridad constituye un derecho de los ciudadanos y uno de los primeros deberes del Estado. Pero también es una condición indispensable para el desarrollo. Sin seguridad no llega inversión; sin inversión difícilmente se genera empleo; y sin oportunidades económicas la ilegalidad continuará reclutando jóvenes y controlando territorios. El compromiso del presidente De La Espriella consiste precisamente en romper ese círculo perverso.
El Cauca tiene condiciones extraordinarias para hacerlo. Somos potencia cafetera, tenemos una enorme diversidad agrícola, riqueza ambiental, posibilidades turísticas excepcionales y una posición geográfica estratégica como corredor entre el centro y el sur de Colombia y como territorio fundamental para la integración con el Pacífico.
Pero ninguna de esas potencialidades podrá desarrollarse plenamente mientras producir, transportar mercancías, abrir una empresa o simplemente transitar por una carretera continúe dependiendo de condiciones impuestas por actores diferentes al Estado.
La autoridad democrática tampoco puede confundirse con arbitrariedad. Si el nuevo gobierno reivindica el imperio de la ley, deberá demostrar que es posible ejercer autoridad respetando la Constitución, los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La protesta pacífica merece garantías; la intimidación, la violencia, la extorsión y los bloqueos que desconocen los derechos de los demás no pueden convertirse en mecanismos permanentes para sustituir las instituciones. Ese equilibrio será una de las verdaderas pruebas del nuevo gobierno. Ahora corresponde pasar del discurso a los resultados.
El Cauca no reclama privilegios. Requiere simplemente el cumplimiento del pacto constitucional: seguridad, libertad, justicia y oportunidades. Reclama carreteras transitables, protección para campesinos y empresarios, respaldo a la producción legal, presencia institucional permanente y la certeza elemental de que en cada municipio colombiano la autoridad legítima es el Estado.
La historia del Cauca lo ha demostrado demasiadas veces: ningún territorio permanece vacío de poder. Cuando el Estado retrocede, el crimen no ocupa simplemente un espacio: ocupa el poder. El verdadero desafío de Abelardo De La Espriella será demostrar, comenzando por el Cauca, que esta vez el Estado está dispuesto a recuperarlo.
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