El condenado que busca curul
El expresidente Álvaro Uribe anunció su intención de volver al Senado en las elecciones de 2026. Lo hace apenas semanas después de haber sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un condenado en semejantes delitos arrancar campaña como si nada hubiera pasado?
La respuesta está en la letra fría de la ley. En Colombia, la inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular solo se activa cuando existe una sentencia firme, es decir, en segunda instancia. Mientras el fallo sea apelable, como ocurre en este caso, la Constitución y el Código Electoral le permiten inscribirse como candidato. Jurídicamente, entonces, Uribe puede hacerlo.
Pero lo legal no siempre coincide con lo moral. Que un expresidente condenado en primera instancia se presente de nuevo como candidato es, para la mayoría de colombianos, una burla a la justicia. Envía un mensaje temerario: que los poderosos pueden usar los recursos legales para prolongar su permanencia en la política, aun cuando pesan sobre ellos sentencias por delitos graves.
La doble instancia es un derecho que debe respetarse, pero la ética pública exige más. Lo mínimo sería que, mientras se define su situación judicial, Uribe se apartara del escenario electoral. Porque en política no basta con estar habilitado por la ley: también hay que estar habilitado por la confianza ciudadana.
La indignación es legítima. Miles de líderes sociales y ciudadanos comunes enfrentan cárcel inmediata con investigaciones preliminares, sin llegar siquiera a una condena. Mientras tanto, un expresidente condenado a 12 años se permite arrancar campaña como si no debiera nada. Eso erosiona la fe en la igualdad ante la ley y alimenta la idea de que la justicia tiene dueños.
El fallo de segunda instancia dirá la última palabra sobre la responsabilidad penal de Álvaro Uribe. Pero los colombianos ya podemos emitir un juicio político: el respeto a la democracia también se mide en la coherencia y, sobre todo, en la evidencia de que Uribe ha demostrado que la ética pública no forma parte de su horizonte político. Y eso, debería bastar para que los ciudadanos, más allá de los tribunales, utilicen su voto para emitir el juicio político que haga justicia.
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
