Dos años del gobierno de Petro en el Cauca

Dos años del gobierno de Petro en el Cauca.

Con la carretera Panamericana bloqueada por una división del pueblo misak que vienen reclamando les hagan un censo y les igualen las conquistas en autonomía y manejo de recursos logrados por otras organizaciones indígenas, celebró el sur del país y el departamento del Cauca el 7 de agosto y dos años del gobierno de Petro.

Para uno de los departamentos que puso los mayores porcentajes de votación para su ascenso a la presidencia, la relación ha sido agridulce, pues a pesar de que el gobierno nacional ha tenido en su cúpula a hijos del Cauca, como la vicepresidenta Francia Mina, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el director de la Agencia de Restitución de Tierras, Giovani Yule, la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller y el negociador de paz con EMC central de las FARC, Camilo González Posso, y  ha estado dispuesto a atender las peticiones de los gobiernos departamental, municipales, gremios y  las diversas comunidades étnicas y organizaciones que comparten la extensa y contrastada geografía caucana, gran parte de las promesas están por resolver, asignarles presupuesto y empezar ejecutar  en los dos años restantes; y por su mayor capacidad de presión los más favorecidos hasta el momento son las comunidades indígenas.

La arriesgada política nacional de Paz Total que impulsó el gobierno en el departamento del Cauca, significó que al mantenerse en cese al fuego la fuerza pública, los principales grupos guerrilleros aprovecharan el terreno despejado para enfrentarse entre ellos buscando apoderarse de nuevos municipios y con la población civil en medio de los combates.

Así, territorios de las áreas rurales de Caloto, Santander de Quilichao, Jámbalo, Caldono, Silvia, Totoró, Inzá, Belalcázar y sur del Huila, que habían estado en relativa paz después del proceso de paz con las FARC acordado durante el gobierno de Santos, de nuevo pasaron a ser en parte controlados por grupos armados que impusieron reglas a la población civil, limitaron su movilidad, reclutaron menores y jóvenes y les cobraron “impuestos”.

La ruptura del cese al fuego y negociaciones con un sector de las EMC de las FARC, determinó que de nuevo entráramos en estado de guerra con la incertidumbre y consecuentes daños colaterales que está situación implica y con los recurrentes bloqueos a la Panamericana de ñapa por parte de distintos grupos étnicos y sociales presionando para que la nación, el departamento y los municipios les cumplan sus pliegos de peticiones.

No hay que desconocer que el gobierno nacional y el presidente Petro han estado atentos a la difícil problemática caucana y han visitado en varias ocasiones al departamento para escuchar las peticiones y propuestas de distintos sectores, han asignado presupuesto para algunas obras de infraestructura y proyectos productivos en marcha. En esta tónica como plan de emergencia, con la coordinación de Planeación nacional y su equipo técnico conformaron la “Misión Cauca”, que, desde el mes de mayo de este año, -después de reunirse en Popayán durante más de 15 días con funcionarios de la gobernación, los alcaldes de los 42 municipios y dirigentes de distintas organizaciones comunitarias y gremiales-, priorizó un plan de obras y proyectos productivos a desarrollar en todas las subregiones del departamento. Especialmente en las más abandonadas y aisladas, como los municipios de la costa pacífica caucana y los del piedemonte de la cordillera occidental y la bota caucana para los cuales se han anunciado construcción de vías de acceso e infraestructura para la facilitación del transporte terrestre, fluvial y aéreo, al igual que hospitales, centros educativos y sus dotaciones y el impulso a proyectos agropecuarios, de generación de energía e industriales que mejorarían considerablemente las condiciones de vida de la población afectada por el dominio de grupos armados dedicados al narcotráfico, la tala de la selva y la minería ilegal.

La emergencia en Rosas, al principio del gobierno de Petro, determinó que además de atender inmediatamente a los damnificados y empezar a construir una vía alterna, el gobierno nacional desempolvara después de 50 años de dormir en los anaqueles, el proyecto de construcción de la variante Timbío-El Estanquillo, para superar la falla geológica del Romeral que ocasiona frecuentes derrumbes y hundimientos en el trazado actual. También que prometiera la construcción de la doble calzada Popayán-Pasto que, al complementarse con la doble calzada en construcción entre Santander de Quilichao y Popayán, potenciaría la comunicación y la economía entre el resto del país, el Ecuador y los países suramericanos, al dejar en 5 horas el viaje entre Cali y Pasto y en 7 horas con el puente de Rumichaca. (Pero sin bloqueos). 

Por lo pronto con relación a la situación de Rosas, urge que el gobierno y la UNGRD acaben de legalizar y pagar las fincas para reubicar a los damnificados que recientemente bloquearon la Panamericana para exigir cumplimiento a las promesas y que, en medio de las dificultades presupuestales anunciadas, al terminar este año abran la licitación para construir la variante Timbío-El Estanquillo.

Dos años tiene el gobierno de Petro para aclimatar la paz y convivencia, incluir en el Plan de Desarrollo, asignarles presupuesto y empezar a ejecutar las obras urgentes y proyectos productivos prometidos a las comunidades del Cauca y así no decepcionar a los 515.074 ciudadanos que votaron por elegirlo.

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