Destruyen 27 minas ilegales en el Chocó
La Policía Nacional intervino 27 minas asociadas a explotación ilícita de yacimientos en el departamento del Chocó, en operativos realizados en zonas rurales de Río Quito y Quibdó. Las acciones incluyeron la destrucción de maquinaria empleada para la extracción ilegal y la captura de una persona, con una afectación económica estimada en 17.000 millones de pesos para la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo.
Según el reporte oficial, la minería intervenida habría provocado la degradación de al menos 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción de Río Quito, área estratégica por su biodiversidad y por la relación directa de las comunidades con los ecosistemas locales. La intervención buscó frenar el daño ambiental y cortar las fuentes de financiación de organizaciones armadas.
En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía desarrolló la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército Nacional y la Armada Nacional. En el sector fueron intervenidos diez puntos vinculados a minería ilegal y se destruyeron siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora. Durante el procedimiento fue capturada una persona, puesta a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Las autoridades señalaron que estas acciones impactaron de forma directa las finanzas de la estructura criminal, que presuntamente obtenía recursos mediante el cobro de exacciones a explotadores ilegales. La afectación económica fue calculada en cerca de 17.000 millones de pesos.
En un segundo despliegue en Quibdó, con apoyo de unidades militares y entidades ambientales, se intervinieron 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con explotación ilícita. En esta zona se destruyeron 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores, con una afectación económica estimada en 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.
La Policía advirtió que la minería ilegal continúa causando deforestación, remoción de la capa vegetal y contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, con impactos directos sobre la biodiversidad y la vida de las comunidades. Las operaciones se mantendrán en áreas rurales del Chocó mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.
