DESPLANTE DEL NUEVO GOBIERNO APLAZA LA URGENCIA DE REIVINDICAR AL CAUCA
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El primer desplante político del nuevo gobierno llega con una decisión simbólica: la posesión presidencial ya no será en el Cauca sino en Cali. Y aunque para algunos pueda parecer apenas un cambio de escenario, para miles de caucanos constituye una nueva frustración y una oportunidad perdida para comenzar a saldar una deuda histórica con una de las regiones más golpeadas y olvidadas de Colombia. No era un simple acto protocolario, era la posibilidad de enviar un mensaje de autoridad, solidaridad y compromiso desde el territorio donde el Estado ha sido puesto a prueba durante décadas.
Es posible que existan razones logísticas o de seguridad para el cambio de sede. Sin embargo, precisamente esas razones demuestran por qué el Cauca debía ser el escenario donde el Estado enviara el mensaje más contundente de autoridad. El Cauca no representa un problema regional; representa el mayor desafío de gobernabilidad que enfrenta Colombia. Aquí convergen la violencia armada, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de menores, los bloqueos permanentes de la vía Panamericana y la incapacidad histórica del Estado para garantizar plenamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La decisión de trasladar la ceremonia a Cali no cambia la realidad del Cauca, pero sí modifica el simbolismo con el que comienza este gobierno. Para muchos ciudadanos queda la sensación de que nuevamente el departamento fue desplazado cuando tenía la oportunidad histórica de ocupar el centro de la agenda nacional.
Lo que ocurre en el Cauca no se queda en el Cauca; aquí se define buena parte de la seguridad del suroccidente, el abastecimiento del país por la vía Panamericana y la credibilidad del Estado frente a los grupos armados. La seguridad en el Cauca no admite más aplazamientos es el primer derecho de los ciudadanos y la obligación esencial del Estado. Sin seguridad no existe inversión; sin inversión no hay empleo; sin empleo no hay desarrollo; y sin desarrollo la ilegalidad continúa convirtiéndose en la única alternativa para miles de jóvenes abandonados por las instituciones.
El Cauca no necesita un gobierno que administre el conflicto, anhela un gobierno que lo resuelva. No requiere nuevas mesas de diálogo que prolonguen indefinidamente la incertidumbre mientras las organizaciones criminales fortalecen su poder económico y militar. La paz jamás podrá edificarse sobre la renuncia del Estado a ejercer su autoridad legítima ni sobre la resignación de una sociedad que durante décadas ha aprendido a convivir con el miedo.
Resulta inevitable preguntarse si esta decisión obedece a razones de seguridad. Si así fuera, el mensaje sería aún más preocupante. Porque significaría aceptar que el Estado colombiano no puede garantizar siquiera la realización del acto institucional más importante de la República en una parte de su propio territorio. Esa sería una señal profundamente inconveniente para la confianza ciudadana y para la credibilidad de las instituciones. Sin embargo, todavía hay tiempo para rectificar el mensaje con hechos.
No bastarán discursos ni anuncios, los ciudadanos esperamos resultados verificables: carreteras seguras, disminución de la extorsión, combate efectivo al narcotráfico y la corrupción, protección de los líderes sociales, recuperación de la libre movilidad, fortalecimiento de la justicia, apoyo decidido a la producción agrícola y oportunidades reales para los jóvenes.
La primera decisión simbólica del nuevo gobierno ha generado una comprensible decepción. Ojalá no se convierta también en el primer error político frente al departamento que probablemente definirá el éxito o el fracaso de la política de seguridad y de recuperación institucional de toda Colombia.
Porque la historia enseña una verdad ineludible: cuando el Estado renuncia a ocupar plenamente un territorio, alguien más termina ejerciendo el poder. Y ese poder, casi siempre, no lo ejerce la democracia sino la criminalidad.
El Cauca no necesita ser el escenario de una ceremonia, requiere con urgencia convertirse en la prioridad de un gobierno que demuestre, con hechos y no con símbolos, que la autoridad democrática todavía puede recuperar el territorio. Si el nuevo gobierno no comienza por recuperar el Cauca, difícilmente podrá afirmar que ha recuperado a Colombia.
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