De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2014, publicado por Transparency International, la percepción sobre la corrupción en el sector público de Colombia no presentó cambios significativos en el último año. El país obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), lo que lo mantiene en el puesto 94 entre los 175 países evaluados.
A pocos meses de las elecciones territoriales de 2015 y en el proceso de construcción de paz, Transparencia por Colombia exhorta al Gobierno a reforzar los esfuerzos de lucha contra la corrupción realizados en los últimos años y garantizar que estos tengan un alcance y una implementación efectiva en el nivel territorial.
Entre los 30 países de las Américas evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 17 de la tabla y sigue ubicándose por debajo del puntaje promedio de la región (45), muy por debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (81), Barbados (74), Estados Unidos (74) y Chile (73), que este año obtiene el mismo puntaje de Uruguay (73).
El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto a través de los cuales el público puede exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde se percibe que prevalecen el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
«El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados», señaló José Ugaz, presidente de Transparency International.
Para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, «los resultados del IPC de 2014 muestran que si bien no hay avances significativos con relación a mediciones anteriores, el Gobierno Nacional debe mantener la continuidad en la lucha contra la corrupción y mejorar las acciones que ha emprendido. Se necesita tiempo para que los resultados de lo que se está haciendo tengan mayor impacto».
«Si queremos más y mejores resultados es vital que en Colombia se den procesos de reforma que hagan de la lucha contra la corrupción un tema transversal de todos los niveles de gobierno, que faciliten la denuncia, detección, investigación y sanción de la corrupción», añadió Ungar. «La percepción de la corrupción no cambiará hasta tanto siga la impunidad y mientras la ciudadanía asuma un rol más activo en la lucha contra este flagelo».
En la vigésimo segunda edición del Índice de Percepción de la Corrupción, más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, entre ellos Colombia, obtuvieron una puntuación inferior a 50. Dinamarca se sitúa en la primera posición, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos.
Gobernaciones, municipios y contralorías, en alto riesgo de corrupción
Un panorama más que lúgubre en materia de riesgo de corrupción es el que afecta a la institucionalidad colombiana, de acuerdo con el más reciente informe de Transparencia por Colombia (TC), en el que se advierte que más de la mitad de gobernaciones, contralorías y municipios se raja en la prevención de este flagelo.
Según el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’, el Índice de Transparencia de las 32 gobernaciones es apenas de 59,1%, el de los municipios llega a 57,3% y el de las contralorías departamentales es solo del 56,4%.
Para la tabulación de resultados, se establecieron cinco niveles de riesgo de corrupción administrativa, así:
– Riesgo Bajo, entre 89,5 y 100 puntos.
– Riesgo Moderado, entre 74,5 y 89,4 puntos.
– Riesgo Medio, entre 60 y 74,4 puntos.
– Riesgo Alto, entre 44,5 y 59,9 puntos, y
– Riesgo Muy Alto de corrupción, entre 0 y 44,4 puntos.
“Un deficiente promedio de 59,1%, calificación que marca un riesgo alto de corrupción como consecuencia de varios factores, entre ellos los débiles diseños institucionales para producir y entregar información pública, la deficiente información disponible sobre trámites y una pobre gestión del talento humano”, afirma Elisabeth Ungar Bleier, directora Ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia.
La situación, dice la experta, es más que preocupante, pues “apenas cuatro de las 32 gobernaciones están en riesgo moderado de corrupción, y sólo dos órganos de control (de 32 evaluados) logran este nivel de riesgo, mientras uno de cada cuatro municipios (de 41 tabulados), están en ese mismo rango”.
Para la medición del Índice de Transparencia de Entidades Públicas (Itep), se tuvieron en cuenta tres aspectos básicos: Visibilidad, entendida como la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada. La Institucionalidad, para lograr que los servidores públicos y la administración cumplan con normas y estándares establecidos para procesos de gestión. Y, tercero, Control y Sanción, que corresponden a dichas acciones mediante procesos internos, con los órganos de control y la participación ciudadana.
En ese sentido, el Itep concluyó tres factores de riesgo de corrupción en las entidades evaluadas. Primero, débil capacidad la difusión de información pública, baja socialización de la misma información así como de las decisiones y actos de las autoridades.
Segundo, bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos reflejados en el exceso de discrecionalidad de las autoridades, y, en tercer lugar, la inoperancia de los controles a la gestión, tanto en el control social como el control institucional.
LAS GOBERNACIONES
De acuerdo con los parámetros de medición, el estudio concluye que, en conjunto, las 32 gobernaciones están en Alto Riesgo de Corrupción, pues en promedio alcanzan un Índice de Transparencia de 59,1 sobre 100 puntos.
El análisis demuestra que ninguna Gobernación alcanza el nivel de Riesgo Bajo de corrupción. Sólo cuatro de ellas están en el rango de Riesgo Moderado: Antioquia (82,4), Santander (81,2), Caldas (75,7) y Meta (74,8).
Mientras, seis gobernaciones se encuentras en el nada privilegiado rango de Muy Alto Riesgo de corrupción. Son ellas: Chocó (31,0), Vaupés (32,4), Guainía (34,2), Caquetá (37), La Guajira (39,8) y Putumayo (42,7).
“Estas calificaciones, que reflejan los extremos de la evaluación, también representan los extremos de las inequidades sociales y de la calidad de la presencia del Estado en el territorio. Es, sin duda, una alerta máxima para un país diverso, extenso y con serias alertas para la integridad y la transparencia”, señala el documento.
En general, las entidades departamentales están identificadas así: Riesgo Muy Alto de corrupción, el 19%; Riesgo Alto, 31%; Riesgo Medio, 37,5%, y Riesgo Moderado 12,5%.
“La institucionalidad departamental es más bien débil, con deficiencias que no permiten garantizar que los recursos públicos estén protegidos de los intereses de la corrupción”, concluye TC.
LOS MUNICIPIOS
El riesgo de corrupción en los municipios no es muy diferente al de las gobernaciones, pues 20 de los 41 evaluados por Transparencia Colombia están clasificados en los niveles Alto y Muy Alto de Riesgo de corrupción.
Sólo dos son clasificados en Nivel Moderado de Riesgo de corrupción: Barranquilla, con 77,5 por ciento, Mosquera (Cundinamarca) con 77,4 y Pereira con 75,8 por ciento. Ningún municipio alcanza el nivel Bajo de Riesgo de corrupción.
Las calificaciones más bajas, niveles Muy Alto de riesgo de corrupción, correspondieron a: Leticia (37,5), El Zulia (Norte de Santander, 39,9), Sincelejo (40), Mitú (42,4), Inírida (42,6), Quibdó (43,6) y Puerto Carreño (44,2).
Para el estudio se tuvieron en cuenta 41 municipios del país: 13 de los más pequeños y 28 capitales departamentales, exceptuando a Bogotá, Cali y Medellín, que “deben ser evaluadas a través de una metodología especial para ‘Grandes Ciudades’.
La conclusión del índice de riesgo de corrupción a nivel municipal es: Riesgo Moderado, 7% de los municipios evaluados; Riesgo Medio, 44%; Riesgo Alto, 32%, y Riesgo Muy Alto 17%.
Uno de los aspectos que más destaca el estudio se refiere a la contratación pública, en el que se estableció que apenas el 1% de los municipios realizó concurso de méritos y el 21% correspondió a contratación directa y el 34% a licitación pública.
“La situación de la institucionalidad territorial requiere un trámite urgente y acertado. El Gobierno territorial ve afectada su autonomía no sólo por recortes presupuestales, sino también por la incidencia de intereses particulares, legales o ilegales, en los asuntos públicos”, señala la directora de TC.
CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES
Un aspecto que el informe destaca como “curioso” es el hecho de que las Contralorías Departamentales, que se supone son los organismos de control encargados de velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos de los entes territoriales, tienen en promedio una calificación inferior a las gobernaciones que deben vigilar y controlar.
El promedio de la calificación para estos organismos es 55,5 por ciento. Sólo dos contralorías departamentales logran un Nivel Moderado de Riesgo de corrupción: Huila (78,7%) y Meta (75,3%).
Más de la mitad de ellas, el 56%, se encuentra en los niveles Alto y Muy Alto de Riesgo de corrupción, mientras que ocho son las más vulnerables: Cesar (43,5), Sucre (43), Magdalena (41,8), Vichada (36,2), Guainía (31,4), Chocó (29,5), Vaupés (28,4) y Amazonas (22).
La conclusión del informe en materia de recursos públicos es que “tan sólo Caldas cumplió con todos los parámetros de la publicación de información sobre contratación pública” y que frente a la Gestión del Talento Humano “solo Valle del Cauca, Córdoba y Meta alcanzaron la puntuación máxima de 100 puntos, es decir, seleccionar a servidores públicos de libre nombramiento y remoción a través de un proceso meritocrático”.
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Fuente: http://transparenciacolombia.org.co/
“Pero no debe verse como un Índice de Corrupción sino como una medición de los riesgos potenciales de corrupción que se pueden llegar a presentar en una entidad territorial. Transparencia por Colombia precisó que esta medición no castiga ni destaca la labor de ningún funcionario en particular ni de sus colaboradores. Y anotó que una baja calificación señala que en dicho ente territorial los riesgos de corrupción son altos porque la poca capacidad institucional para prevenir la corrupción haría más fácil que allí se cometan este tipo de irregularidades”, dijo exclusivamente a Proclama del Cauca la socióloga y magíster en sociología Marcela Restrepo, Directora de Área del Sector Público, de la Corporación Transparencia por Colombia, quien se ha desempeñado como investigadora principal, coordinadora del índice de Transparencia de las Entidades públicas y coordinadora de proyectos de lucha anticorrupción.
