Denuncian presunta corrupción en la Alcaldía de Popayán
Investigación especial basada en documentos, folios y denuncias formalizadas ante las autoridades de control.
La vigilancia periodística sobre la administración pública del suroccidente colombiano condujo a Proclama del Pacífico hasta un conjunto de documentos que hoy reposan en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación. Los escritos, presentados de forma anónima entre julio y noviembre de 2025, describen presuntas irregularidades en la contratación de la Alcaldía de Popayán durante el mandato de Juan Carlos Muñoz Bravo, abogado y empresario que gobierna la capital caucana para el período 2024-2027.
El material reúne cinco frentes de cuestionamiento: un convenio de asociación para la atención de adultos mayores, un convenio interadministrativo para estudios de infraestructura deportiva, la cesión del contrato de la Avenida de los Próceres, un convenio con el acueducto municipal y una serie de nombramientos en entidades del municipio. Cada denuncia pide a las autoridades investigar conductas que la ley penal colombiana tipifica como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y cohecho. Ninguna cuenta todavía con decisión judicial.
Proclama del Pacífico reserva la identidad de los denunciantes, revisa cada afirmación frente a los registros públicos disponibles y distingue con precisión entre los datos verificables y las afirmaciones que todavía dependen del examen de las autoridades.
El eje común de las denuncias
Los cinco escritos apuntan a un mismo mecanismo: la contratación directa. El Estatuto General de Contratación, contenido en la Ley 80 de 1993 y ajustado por la Ley 1150 de 2007, establece la licitación pública y la selección objetiva como reglas ordinarias para vincular a particulares con recursos públicos. La contratación directa opera como excepción y procede solo bajo las causales taxativas que fija la ley y que reglamenta el Decreto 1082 de 2015. El Decreto 092 de 2017 regula, por su parte, los convenios con entidades sin ánimo de lucro y exige que la organización aporte recursos propios en dinero, en especie o en trabajo, con soportes verificables.
Las denuncias sostienen que la Alcaldía habría acudido a esa vía de excepción de manera repetida y sin cumplir los requisitos que la habilitan. Sobre esa premisa construyen cada uno de sus reparos.
Adultos mayores y el convenio de los $5.300 millones
En agosto de 2025 la Alcaldía de Popayán suscribió un convenio de asociación con la Corporación Un Futuro Mejor, Corpofuturo, por $ 5.327.913.000, amparado en el Decreto 092 de 2017. El proceso figura en el SECOP II con el número MP-SS-RE-002-2025 y quedó firmado el 15 de agosto de 2025.
La denuncia afirma que el municipio recurrió a la contratación directa sin que los soportes acreditaran el aporte en dinero o en títulos de liquidez que la norma reclama. El documento cita la propuesta de Corpofuturo, firmada por su representante legal Floralba Ruano de Moreno y por el revisor fiscal Arturo Quintero Campo, según la cual la corporación aportaría el 30% del valor total, esto es $ 1.598.373.900, en dos desembolsos iguales. El denunciante cuestiona la consistencia de ese ofrecimiento y lo considera un soporte insuficiente para justificar la vía directa.
El escrito añade dos valores unitarios que juzga elevados, 18.000 pesos por almuerzo y 8.500 pesos por ración, y sostiene que el municipio nunca antes había destinado una suma semejante a este programa en tan pocos meses por la modalidad directa. Con esos elementos pide investigar un presunto interés indebido en la celebración del contrato y la presunta elusión del proceso concursal de selección objetiva.
Estudios para el estadio Ciro López bajo reparo
El segundo frente recae sobre el convenio interadministrativo MP-DR-CD-198-2025, celebrado con Movilidad Futura S.A.S. por 6.150 millones de pesos. El objeto contempla los estudios y diseños para la construcción del estadio Ciro López y el mejoramiento de escenarios deportivos como el complejo Manuel Antonio Muñoz Aragón, el polideportivo del parque Yambitará y el escenario de Colgate Palmolive.
Movilidad Futura S.A.S. es la entidad pública descentralizada que gestiona el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, con el municipio como único socio. La denuncia formula cuatro reparos sobre este convenio.
Primero, plantea que la empresa carece de experiencia en estudios y diseños de infraestructura deportiva, pues su trayectoria se concentra en obras viales. Segundo, señala un faltante de $ 131.154.172 entre la propuesta técnica y financiera, fechada en junio de 2025 y remitida por Raúl Ibarra Bermúdez por $ 6.281.154.172 y el valor final del contrato. Tercero, afirma que la propuesta elegida superaba en más de 500 millones de pesos a otras del análisis de mercado. Cuarto, sostiene que el municipio, como único accionista, modificó los estatutos sociales de Movilidad Futura mediante acta 01 de 2025 para ampliar el objeto social y habilitar la contratación directa, con reforma de la cláusula 10.
El documento interpreta esa reforma estatutaria como una maniobra para eludir las reglas de selección de la Ley 80 de 1993 y pide investigar a Juan Carlos Muñoz Bravo y a Raúl Ibarra Bermúdez por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La cesión del contrato de la Avenida de los Próceres
El tercer frente retoma una obra que Proclama del Pacífico ha documentado con anterioridad: la construcción de la diagonal 31N entre la carrera 9 y la variante de Popayán, conocida como Avenida de los Próceres, correspondiente al contrato 20221800022777.
La denuncia describe que el 22 de octubre de 2024 la administración cedió el contrato al Consorcio Sur Occidente. Sobre esa cesión levanta tres afirmaciones. Plantea un presunto cohecho, por cuanto la autorización dependía del alcalde. Advierte sobre un reajuste de precios que superaría los 10.000 millones de pesos en favor del nuevo contratista. Y señala que la obra registró un avance nulo durante los primeros veintiún meses de gobierno, con perjuicio para las finanzas del municipio.
Estas afirmaciones se suman al seguimiento que Proclama ya venía adelantando sobre el estado de esta obra y su ejecución física.
Un convenio ajustado al umbral que activa el control del Concejo
El cuarto frente examina el convenio interadministrativo 20241800036047, celebrado entre el municipio y el Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. por $ 6.499.782.176.
La denuncia observa que ese valor equivale a 4.999,8 salarios mínimos legales mensuales, una cifra situada apenas por debajo del umbral de 5.000 salarios que obliga a solicitar la autorización del Concejo Municipal. El denunciante interpreta ese ajuste como una decisión deliberada para evitar el control de la corporación. Cuestiona además la Resolución 20241000141004 del 16 de diciembre de 2024, que justifica la contratación directa, por no invocar con precisión una causal legal, según las exigencias del Decreto 1082 de 2015 y de la Ley 1150 de 2007. El escrito suma también los costos directos e indirectos del proyecto y concluye que la operación superaría los 6.500 millones de pesos, lo que habría requerido el aval previo del Concejo.
Nombramientos con requisitos en entredicho
El quinto frente concentra los cuestionamientos sobre el ingreso de funcionarios a cargos de dirección. La denuncia detalla con mayor extensión el nombramiento de Juan Carlos Arteaga Cifuentes como gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán.
Este nombramiento consta en el Decreto 20241000000875 del 26 de marzo de 2024, con posesión el 1 de abril de ese año. Arteaga Cifuentes es contador público, especialista en Revisoría Fiscal y ejerció como secretario de Salud del municipio de Timbío. Esos datos figuran en registros públicos y en comunicaciones oficiales de la propia administración.
La denuncia dirige sus reparos al procedimiento y a la acreditación de experiencia. Plantea que el Decreto 20241000000845 del 22 de marzo de 2024, que adoptó el procedimiento de evaluación de competencias y conformó el comité verificador, se publicó después del decreto de nombramiento, lo que privaría de sustento al proceso de selección conforme al artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. Cuestiona además certificaciones de experiencia: señala que la Fundación para el Desarrollo Comunitario Integral del Ser Humano quedó inscrita en la Cámara de Comercio en 2007, mientras la hoja de vida reporta labores desde 2005, y advierte que la Clínica OPA referida en el documento no aparecería con esa razón social en el Registro Único Empresarial y Social. Sobre esa base, el escrito solicita investigar un presunto prevaricato por acción y un presunto nombramiento sin el cumplimiento de requisitos legales.
El documento menciona también el nombramiento de Edwin Heiver Muñoz Vásquez, cuya experiencia certificada por la firma INIZIO la denuncia pone en duda, y refiere un convenio con la Cámara de Comercio del Cauca en el que, según el denunciante, se habrían pagado con recursos del municipio desplazamientos de una familiar del mandatario, hecho que califica como presunto peculado en favor de tercero.
A la espera de las decisiones judiciales
Los expedientes, tablas, contratos y capturas de pantalla están en los despachos de los fiscales anticorrupción y procuradores regionales, sin que ello anticipe conclusión alguna sobre la responsabilidad de los mencionados.
Las respuestas no pueden seguir siendo el silencio, los desmentidos banales en redes sociales o la simple desacreditación del periodismo. Popayán demanda transparencia absoluta. Cuando los recursos de la salud, el deporte, la infraestructura y los adultos mayores se gestionan en las penumbras de la contratación directa y las excepciones legales, el deber del periodismo es exponer los hechos documentados y exigir que las instituciones operen con celeridad.
Las autoridades tienen la palabra. La ciudadanía, el derecho a saber.
La imagen destacada: Composición fotográfica de carácter ilustrativo, elaborada por Proclama del Pacífico.
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