Denuncian nuevas amenazas a dirigentes del noroccidente del Cauca
Las amenazas, hostigamiento, persecución y muerte que se extiende por todo el territorio del noroccidente del Cauca, particularmente en los municipios de Morales y Suárez, han generado un ambiente de terror y zozobra en toda la comunidad.
Los hechos
El día 1 de enero de 2010, la Gobernadora del Cabildo de Cerro Tijeras, Melba Guetio, recibió un mensaje un su celular en donde la sentenciaban a muerte. El día 5 de enero, los gobernadores de los cabildos de Agua-Negra, Jarley Muelas Vivas y Chimborazo, Milton Cruces Sánchez, recibieron igualmente amenazas proferidas presuntamente por las “Águilas Negras”.
Según los comunicados, pese a que estos casos han denunciados reiteradamente, aun no existen las medidas de prevención y atención necesarias para frenar estos hechos que atentan contra la integridad física y sicológica de las personas amenazadas y hostigadas.
Antecedentes
El día 4 de diciembre de 2009, Licifrey Ararat, Yair Ortiz y Edwar Mina, dirigentes mineros del Consejo Comunitario de La Toma recibieron sendos mensajes de texto en que los exhortaban a desplazarse de la zona bajo amenazas de muerte, igual que el minero Arley González, Enrique Guetio, autoridad tradicional del Cabildo Indígena Cerro Tijeras y contra Edwar Villegas, miembro del equipo de Derechos Humanos de la CUT-Valle y de la Asociación NOMADESC.
También se denuncia que amenazas como estas se han materializado en los hechos siguientes: El día 29 de Octubre de 2009 fue asesinada Marly Carolina del Huila Guamanga, en suceso ocurrido en la vereda El Damián, Resguardo de Cerro Tijeras, municipio de Suárez, Cauca; el día 11 de noviembre de 2009 fue asesinado Reinaldo Bomba en la vereda Bella Vista del Resguardo de Cerro Tijeras; el día 13 de noviembre de 2009 fue asesinado Nilson Campo y herido de gravedad Egidio Ovando Huila, quien murió el día 28 de noviembre de 2009, en la Clínica Valle de Lili, de la ciudad de Santiago de Cali.
En estas circunstancias, las comunidades afectadas solicitaron a las autoridades correspondientes las medidas suficientes y necesarias para prevenir cualquier hecho que atente contra los derechos de las comunidades perjudicadas con estas situaciones.
