Funcionarios de la Entidad participarán en un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en ese municipio.
Un menor de 11 años permanece en cuidados intensivos, y podría perder parte de una de sus extremidades como consecuencia del incidente.
Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo Regional Cauca adelanta labores de verificación para que las instituciones encargadas de brindar asistencia a tres niños que resultaron afectados por la manipulación de un artefacto explosivo en la vereda El Jagual de Corinto, Cauca, atiendan adecuadamente en materia de salud y soporte sicológico a los menores de edad y a sus familias.
Tras expresar su repudio frente a estos hechos, la Defensoría tomó contacto con las familias y estableció que uno de los niños, con 11 años de edad, permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Valle del Lili en Cali, con pronóstico reservado porque sus heridas son de gravedad y podría perder los dedos o una de sus extremidades superiores. Los otros menores fueron valorados para determinar si tuvieron consecuencias auditivas y para tratar la repercusión emocional que les causó la explosión.
La Defensoría del Pueblo considera preocupante que estos artefactos hayan sido encontrados en un sitio transitado por campesinos, obreros y niños, cerca de plantaciones de caña y de árboles frutales, lo cual significa un peligro constante para la comunidad y un impedimento para su normal desplazamiento.
Información entregada por el Ejército, indica que se trata de tatucos abandonados e instalados por las Farc, y según las versiones oficiales, debido a que estaban semienterrados, llamaron la atención de los menores de edad. En el sitio, ubicado a unos 400 metros de la cabecera municipal, los presuntos guerrilleros habrían abandonado otros explosivos que militares de la Fuerza de Tarea Apolo intentaban detonar esta mañana de manera controlada.
Testimonios recopilados por la Regional Cauca advierten la zozobra con la que viven las comunidades ante la posibilidad de hostigamientos y la presencia de artefactos explosivos, que ya han sido encontrados con anterioridad en sitios como el puente de Quiebra Seca, y la vía que une a los municipios de Corinto y Miranda, entre otros.
La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de excluir a la población civil del conflicto, y en la importancia de que los grupos armados ilegales contribuyan cuanto antes con el desminado y la eliminación de los artefactos explosivos no convencionales que amenazan la vida e integridad en los campos de Colombia.
