Defensoría señala acciones armadas que comprometerían a las Farc

En medio de la tregua anunciada por las Farc, el Cauca y el departamento de Nariño han sido epicentro de recientes incursiones que terminaron en enfrentamientos con la Fuerza Pública.

• A estos hechos se suman situaciones de presión de la guerrilla a las comunidades, como se ha denunciado en Putumayo y Córdoba.
• Preocupa también el fenómeno del reclutamiento forzado, frente al cual las autoridades investigan el asesinato de una mujer en Putumayo por oponerse a la incorporación ilícita de sus tres hijos.
• Durante este período, la Defensoría ha tenido conocimiento sobre 11 combates, 3 homicidios, 5 accidentes con minas antipersonales, 2 desmovilizaciones de niños y niñas, y 2 casos de amenaza a la población en zonas donde hay presencia de las Farc.

El pasado 16 de febrero, presuntos integrantes de la columna Ambrosio González del sexto frente de las Farc, sostuvieron combates con tropas del Ejército Nacional en la vereda Carpintero del municipio de Caloto, donde según las autoridades la guerrilla puso en riesgo a la comunidad. Si bien la Defensoría del Pueblo recibió denuncias de los cabildos indígenas respecto al uso momentáneo de una escuela por parte de la Fuerza Pública como sitio de defensa, situación que se pidió investigar, el Ejército afirma que las Farc presionaron a los pobladores y los utilizaron para impedir la acción legítima de los militares. En todo caso, al menos 188 personas quedaron expuestas en medio de un episodio que involucraría a las Farc, y del cual a la Defensoría del Pueblo llegaron imágenes que dan cuenta de la tensión en el área.

Así mismo, el 18 de febrero fue reportado un hostigamiento de presuntos integrantes del frente 29 de las Farc a una patrulla del Ejército en el corregimiento Sidón del municipio de Cumbitara, Nariño, ocasionando el desplazamiento temporal de 23 familias y la evacuación forzada de 176 estudiantes y 6 profesores de un colegio y un jardín infantil ubicados en el área de los enfrentamientos, situación que ya se había presentado el 23 de enero cuando el mismo frente 29 y presuntos integrantes de los grupos armados posdemovilización chocaron, produciendo otro desplazamiento masivo de personas.

Durante este período, la Defensoría del Pueblo ha registrado 11 combates entre las Farc y la Fuerza Pública, incluido el del pasado fin de semana en Pizarro (Nariño), donde se reportó la muerte de un combatiente conocido como “Oliver”, y el del viernes anterior en Cáceres (Antioquia), donde dos soldados resultaron gravemente heridos. La confrontación en todos estos episodios, arroja como saldo la muerte de 8 guerrilleros y heridas a tres miembros de las Fuerzas Militares.

A estos hechos se suman situaciones de presión a las comunidades, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo el pasado 11 de febrero, cuando informó acerca del temor que ronda a 17 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, por amenazas y ante la posible siembra indiscriminada de minas antipersonal. De la misma manera, en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba, los comerciantes fueron objeto de intimidaciones y constreñimiento por presuntos miembros del frente 18 de las Farc, que hacia finales de enero los obligaron a cerrar sus negocios durante varios días. Estas acciones de constreñimiento se han extendido a otros departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá, Antioquia y Cauca.

En cuanto a las minas antipersonal, la Defensoría ha documentado 5 accidentes, todos en el departamento del Putumayo, con saldo de 2 militares muertos, 2 más heridos y 3 civiles lesionados por estos artefactos.

Respecto de las amenazas, llama la atención la denuncia de un resguardo indígena en Totoró, Cauca, cuyos líderes afirman que han sido blanco de intimidaciones mediante llamadas atribuidas a presuntos integrantes de las Farc, quienes les exigen dinero y medicamentos para sus filas, so pena de atentar contra su vida.

La Defensoría recordó que el 17 de diciembre de 2014 Las Farc resolvieron “declarar un CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO”, lo cual implicaría la suspensión de todas las actividades de violencia en el territorio nacional, situación que quedaría en entredicho de confirmarse su participación en las acciones antes mencionadas, con el agravante de que en el caso de la población civil, como lo ordenan los protocolos de respeto al Derecho Internacional Humanitario, ésta debe ser excluida del conflicto sin ningún tipo de condicionamiento.