La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Popayán nuevas cifras sobre la crisis humanitaria del Cauca. El balance registra 15.492 personas afectadas por desplazamientos masivos, 31.471 por confinamiento y 359 casos de desaparición forzada, además de asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
La violencia continúa afectando gravemente a las comunidades del Cauca. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo este martes 3 de noviembre de 2026, durante la jornada de seguimiento al informe Cauca: voces que resisten 2024-2025, realizada en el Hotel San Martín de Popayán.
La defensora Iris Marín Ortiz se reunió con autoridades regionales y municipales, representantes institucionales y líderes sociales para presentar cifras actualizadas y examinar las consecuencias del conflicto armado sobre la población civil.
El encuentro se realizó un año después de la presentación del informe defensorial, publicado el 29 de octubre de 2025, que contiene 52 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para mejorar la protección de los habitantes del departamento.
Entre enero de 2024 y junio de 2026, los desplazamientos masivos afectaron a 15.492 personas, mientras que otras 31.471 sufrieron confinamiento por las condiciones de inseguridad.
De este último grupo, 14.306 personas pertenecen a pueblos indígenas y consejos comunitarios del Pacífico y del sur del Cauca.
El confinamiento restringe la movilidad de las comunidades, dificulta el acceso a servicios esenciales y limita actividades como la educación, el trabajo y el abastecimiento de alimentos.
Líderes sociales y firmantes de paz siguen en riesgo
Las cifras de afectaciones a la vida también muestran la gravedad de la situación. Entre 2024 y mayo de 2026, la Defensoría reportó 1.747 homicidios, 31 masacres que dejaron 134 víctimas y 359 casos de desaparición forzada.
Otro de los apartados del balance señala que, entre enero de 2024 y julio de 2026, fueron asesinados 84 líderes sociales y 17 firmantes del Acuerdo de Paz.
Estos datos fueron presentados en un contexto de disputas entre organizaciones armadas ilegales por el control territorial y las economías ilícitas, con consecuencias particulares para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Defensoría pide respuestas para proteger a las comunidades
Fotografías X: Defensoría.
El seguimiento al informe busca revisar las acciones adoptadas por las instituciones frente a las vulneraciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En su informe original, la Defensoría había solicitado mejorar la presencia estatal mediante el acceso a la justicia, la educación, la salud y los servicios básicos, además de establecer mecanismos de seguimiento a las recomendaciones dirigidas a las autoridades.
La situación también afecta a Popayán. En agosto de 2026, la entidad emitió la Alerta Temprana 018, que identificó riesgos para la población de las nueve comunas y los 23 corregimientos de la capital caucana, relacionados con la actuación de estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales.
Las cifras presentadas este martes vuelven a situar la protección de la población civil entre las principales responsabilidades del Estado en el Cauca, particularmente en las zonas rurales donde las comunidades enfrentan desplazamientos, confinamientos y amenazas contra sus líderes.
