La Defensoría del Pueblo reveló el informe Cauca: voces que resisten 2024-2025, que expone una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre el riesgo que viven los periodistas por cuenta de las amenazas de grupos armados.
Por Jesús Alberto Aguilar G. y Alfonso Luna G. / El departamento del Cauca continúa siendo el epicentro de la violencia estructural que carcome a Colombia desde sus márgenes. Mientras comunidades enteras sobreviven al fuego cruzado entre disidencias, carteles y estructuras armadas, la Defensoría del Pueblo presentó un dramático diagnóstico sobre la vulneración sistemática de derechos humanos en este territorio, donde el periodismo también ha sido puesto bajo amenaza.
Durante una rueda de prensa en Popayán, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó sobre el “colapso humanitario silencioso” que enfrenta el Cauca y la “escalada de hostigamientos contra periodistas y líderes sociales”, tras los recientes comunicados intimidatorios de grupos armados ilegales contra medios regionales.
“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar”, expresó Marín, señalando que la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores son ahora indicadores directos de la salud democrática del país.
El documento, titulado “Cauca: voces que resisten 2024-2025”, que adjuntamos al final de este reportaje, recoge una radiografía completa del conflicto en el departamento. De acuerdo con la entidad, las dinámicas de minería ilegal, narcotráfico, reclutamiento forzado, contrabando de armas y disputa por corredores estratégicos mantienen a la población en una situación de permanente vulnerabilidad.
Los datos son demoledores: solo en 2024 se registraron 827 asesinatos. En 2025, entre enero y septiembre, la cifra alcanzó 524 homicidios. En el mismo periodo, 18 masacres sacudieron al departamento, 42 desapariciones forzadas fueron reportadas y más de 2.600 familias fueron víctimas de desplazamiento masivo.
La violencia también golpea con crudeza a las mujeres, con más de 100 casos de agresiones relacionadas con el conflicto armado, y a los niños, niñas y adolescentes, de quienes 376 fueron víctimas de reclutamiento forzado en 2024, una cifra que creció 36 % respecto al año anterior.
A ello se suman los ataques a la misión médica, con 79 casos en los dos últimos años, lo que refleja el deterioro del respeto al Derecho Internacional Humanitario.
El periodismo, en la línea de fuego
En medio de ese panorama, la defensora del pueblo reconoció que la situación de los periodistas en el Cauca es particularmente grave.
“No se puede hablar de democracia mientras los comunicadores trabajan bajo amenaza, ni de libertad mientras informar sea un riesgo de muerte”, afirmó Marín, en referencia al reciente comunicado del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, que exige a los periodistas “romper vínculos con la fuerza pública” y restringe su presencia en zonas controladas por las disidencias.
Dicha intimidación fue denunciada públicamente por Proclama del Pacífico bajo el título “Silencio forzado en el Cauca”, documento en el que se advierte cómo los comunicadores locales enfrentan un cerco de censura y presión armada en los territorios.
Marín reiteró que “las amenazas a la prensa no solo afectan a los periodistas, sino a toda la sociedad, porque impiden que la verdad circule y que las comunidades conozcan lo que ocurre a su alrededor”.
Municipios en alerta
El informe identifica 26 municipios caucano con Alertas Tempranas activas, entre ellos: Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Santander de Quilichao, Guachené, Miranda, Popayán, Corinto, Caloto, Argelia, López de Micay y Guapi, entre otros.
En estos territorios confluyen tres estructuras armadas principales:
- La disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que mantiene contactos de diálogo con el Gobierno.
- El Nuevo Estado Mayor Central (EMC), que extiende su dominio sobre el norte y oriente del departamento.
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia activa en el sur y occidente.
A este mapa se suman los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, que disputan las rutas del narcotráfico en alianza con bandas locales.
En palabras de la defensora, este entramado criminal ha convertido al Cauca en “una tierra sitiada, donde la población civil es rehén de la guerra y donde el Estado llega tarde o no llega nunca”.
Radiografía del desplazamiento y confinamiento
El desplazamiento masivo continúa siendo una herida abierta. Entre 2024 y 2025, 30 eventos de este tipo afectaron a más de 4.000 familias en el departamento.
El confinamiento de comunidades, por su parte, ha alcanzado cifras alarmantes: 14 casos entre 2024 y septiembre de 2025, con más de 4.200 personas afectadas, en su mayoría población indígena y afrodescendiente.
La Defensoría advierte que estos fenómenos están ligados al control de corredores de narcotráfico, la expansión de cultivos ilícitos y la imposición de normas ilegales de “gobernanza” por parte de los grupos armados, lo que impide el acceso de misiones humanitarias y periodistas.
Las recomendaciones: un llamado urgente al Estado
El informe formula 52 recomendaciones concretas a entidades del orden nacional, entre ellas los ministerios de Defensa, Interior, Igualdad, Justicia, Agricultura, la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
Entre las principales medidas se destacan:
- Acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, garantizando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
- Desmantelar las economías ilícitas mediante estrategias interinstitucionales con enfoque comunitario.
- Fortalecer las investigaciones por violencia sexual y feminicidios, e implementar rutas de atención psicosocial con enfoque étnico.
- Restaurar ecosistemas afectados por la minería y los cultivos ilícitos, promoviendo alternativas sostenibles.
- Establecer un sistema permanente de monitoreo y trazabilidad, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y garantizar transparencia.
“El reto no es solo militar —concluyó la defensora—, es también ético, social y civilizatorio. El Cauca necesita justicia y verdad, no silencio ni miedo”.
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, se pronuncia
José Navia Lame
Redacción Proclama del Pacífico
Periodismo verificado desde Santander de Quilichao, Cauca.
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