De La Espriella anuncia demandas contra el Gobierno Petro
El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, informó a través de la red social X (antes Twitter) que en la primera hora de este lunes interpuso dos acciones judiciales contra decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales calificó como “ilegales” y contrarias al orden constitucional y administrativo del país.
De acuerdo con De La Espriella, las acciones fueron presentadas en su calidad de ciudadano y como parte del colectivo denominado Defensores de la Patria, con el propósito de que las altas cortes evalúen la legalidad de recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Demanda contra el estado de emergencia
La primera acción corresponde a una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Corte Constitucional, contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica.
Según De la Espriella, el decreto sería inconstitucional al no sustentarse en hechos sobrevinientes o extraordinarios que justifiquen una alteración grave del orden económico del país. En la demanda se solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto y se pidió a la Corte que sesione de manera extraordinaria durante la temporada navideña para resolver la medida cautelar.
Acción popular por venta de TES
La segunda acción es una acción popular presentada ante el Consejo de Estado, relacionada con la venta de títulos de deuda pública (TES) por un valor aproximado de 23 billones de pesos, realizada —según el demandante— sin subasta pública y a un solo inversionista extranjero no identificado.
De La Espriella argumenta que esta operación vulneraría derechos e intereses colectivos, como el patrimonio público, la moralidad administrativa, el principio de pluralidad de oferentes y el deber de publicidad. En la acción se solicita la suspensión de los efectos jurídicos de la venta y una actuación extraordinaria del alto tribunal para resolver la medida cautelar.
Debate jurídico y político
El abogado aseguró que estas acciones buscan activar los controles constitucionales y administrativos frente a decisiones del Ejecutivo que, a su juicio, comprometen la legalidad institucional. Las demandas abren un nuevo capítulo de debate jurídico y político en el país, en un contexto de alta polarización y discusión sobre el manejo económico del Gobierno nacional.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni las entidades demandadas se han pronunciado oficialmente sobre estas acciones.
