CUANDO EL DEBATE DISFRAZA LA URGENCIA

Entre el empalme en departamentos, la posesión en brigada y la capital alterna en Barranquilla, el país, Cauca y Caribe siguen esperando Estado

Historiador y Politólogo

Primero, el gobierno entrante anunció que no haría empalme con el gobierno saliente en Bogotá y que este se realizaría «en los departamentos».
Días después se planteó que la posesión del 7 de agosto se haría en una brigada militar del Cauca.
Y luego surgió la propuesta de declarar a Barranquilla como «capital alterna de Colombia».

Con estos tres anuncios nos empujaron a un debate que, en el fondo, no resuelve nada.

1. EL EMPALME

El primero es el más grave, porque afecta una regla básica de la democracia: la continuidad del Estado y el respeto a la descentralización.

Anunciar que no habrá empalme centralizado y que este se hará «en los departamentos» genera confusión.

El empalme del gobierno nacional es con el gobierno nacional saliente. Así lo establecen la Ley 951 de 2005 y el Decreto 4110 de 2015: entrega de informes, bienes, contratos y recursos de las entidades del orden nacional.

El empalme de gobernadores y alcaldes es un proceso distinto. Es su responsabilidad, con sus equipos salientes, en sus territorios. Un presidente no realiza empalme con 32 gobernadores y 1.102 alcaldes. Esa figura no existe en la ley.

Entonces, ¿qué significa «hacer el empalme en los departamentos»? Significa convertir un deber técnico y legal en una gira política.

Y aquí aparece el problema constitucional. Los artículos 1 y 287 de la Constitución Política definen a Colombia como un Estado descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Gobernadores y alcaldes no son gerentes regionales del presidente. Son autoridades elegidas popularmente, con competencias propias.

Imaginemos la escena: un gobernador y un alcalde, con sus agendas locales, atendiendo al presidente para un «empalme nacional». ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la corresponsabilidad que exige la descentralización?

Como lo advertía Max Weber, la racionalidad del Estado moderno descansa en la continuidad administrativa y en la burocracia. Fragmentar el empalme nacional lo convierte en acto político, no en rendición de cuentas. Le resta rigor técnico y control ciudadano.

Guillermo O’Donnell lo describiría como una falla de «accountability horizontal»: cuando un gobierno entrante renuncia a revisar con detalle al saliente, se abre paso a la improvisación y a la opacidad.

El empalme no es protocolo. Es responsabilidad fiscal. Es lo que evita que hospitales se queden sin medicinas, que obras se abandonen y que los ciudadanos asuman los costos de un cambio a ciegas.

2. LA POSESIÓN

Con ese primer desvío ya estábamos discutiendo formas. Y llegó el segundo: la posesión en una brigada militar.

Porque el problema colombiano no es de escenografía. Es de estructura. Es histórico. Y por eso mismo, es urgente.

Colombia arrastra décadas de fracturas que no hemos logrado cerrar.

De acuerdo con el DANE, el coeficiente de Gini nacional fue de 0.534 en 2023. En las últimas tres décadas apenas logramos reducir 2 puntos y seguimos entre los países con mayor desigualdad en América Latina, según el Banco Mundial.

El PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano 2023-2024, ubica a Colombia en el puesto 92 entre 193 países.

Las cifras son contundentes: pobreza monetaria 36.6%, pobreza extrema 11.4% y pobreza multidimensional 12.9% en 2023. La informalidad laboral llegó a 55.8% entre febrero y abril de 2024.

No son problemas nuevos. Son pasivos estructurales.

Esa deuda se hace evidente en dos regiones que hoy aparecen en la agenda por razones equivocadas: el Cauca y el Caribe.

En el Cauca, segundo departamento con más municipios PDET: 20, la brecha sigue siendo amplia. 33 años después de la Constitución de 1991, el Estado aún enfrenta grandes ausencias.

La pobreza multidimensional fue de 33.4% en 2023 y 46.7% en zona rural. La Defensoría del Pueblo registraba 67 alertas tempranas activas a junio de 2025. INDEPAZ documentó 186 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2024. Y según el Gobierno, solo se ha ejecutado el 42.3% de los PDET. Para rematar, el 61% de las sedes educativas rurales no tienen internet.

Con ese panorama, ¿alguien sostiene seriamente que décadas de abandono se resuelven con una ceremonia en un batallón?

3. LA CAPITAL ALTERNA

Y llegó el tercer anuncio: declarar a Barranquilla como «capital alterna».

En el Caribe colombiano la historia ha sido la de una inequidad persistente.

Según el DANE, en 2023 La Guajira registró 47.2% de pobreza multidimensional; Magdalena, 34.1%; Sucre, 32.5%.

Barranquilla, postulada ahora como capital alterna, tuvo 42.8% de informalidad y 28.1% de pobreza monetaria en 2023.

El Caribe concentra cerca del 21% de la población nacional y, entre 2018 y 2022, recibió alrededor del 14% de la inversión del Presupuesto General de la Nación, según cifras del DNP.

El Canal del Dique, que cada invierno afecta a decenas de municipios, cuenta con 3.2 billones aprobados desde 2021 y presenta avances parciales. El proyecto Tren del Caribe lleva más de una década en estudios.

En La Guajira, el ICBF reportó que el 30.2% de los niños menores de 5 años presentaba desnutrición crónica en 2023.

Entonces, ¿de verdad creemos que esos rezagos se solucionan con un cambio de nombre en un mapa?

EL FONDO

Por eso estas discusiones resultan incómodas. No por lo que proponen, sino por lo que ocultan.

Responden a lo que Giovanni Sartori definió como democracia de espectadores: se nos convoca a opinar sobre símbolos para que dejemos de exigir gestión.

Se nos invita a discutir un empalme sin sede central, una posesión y una capital alterna, con el fin de que no preguntemos lo verdaderamente relevante: si los recursos públicos se van a destinar a cerrar las brechas de inequidad e injusticia social, o si continuarán alimentando prácticas de corrupción que atraviesan a sectores políticos de distintas tendencias.

Es, en pocas palabras, populismo de postal.

Pretender saldar años de desigualdad con una imagen. Pretender pagar la deuda histórica con el Cauca y con el Caribe con un titular.

Aplaudir un uniforme y una bandera mientras el Gini no cede, la pobreza se reproduce y el Estado continúa ausente.

Incluso desde distintas orillas políticas ha surgido la advertencia.

El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, dijo el 18 de julio de 2026 en el Congreso que detrás del símbolo hay un problema mayor: «no ante una brigada militar. Nosotros debemos preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico y en el ejercicio simbólico el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado».

El senador Nieto recupera la tesis de un Estado civil que pone a la ciudadanía por encima de las fuerzas militares, no al revés.

Y lo dice desde una orilla política que históricamente ha defendido el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Si hasta ahí llega la preocupación, es porque el debate dejó de ser menor.

Ahora bien, si las mayorías parlamentarias y quienes acompañan al presidente electo insisten en hacer el empalme por departamentos, en la posesión en una brigada del Cauca o en declarar a Barranquilla capital alterna, deberán asumir también la responsabilidad de explicar qué mensaje institucional envían.

Porque como lo advirtió el propio senador Nieto, el símbolo importa. Y en democracia el símbolo debe ser civil.

Colombia no está para más gestos que dividan. Está para señales que unan alrededor de lo urgente.

Pasar de la polémica a la ejecución no es debilidad. Es responsabilidad.

Norberto Bobbio advertía que la mayor traición a la democracia ocurre cuando se distrae al ciudadano de lo esencial.

Y lo esencial hoy no es:
Empalmes regionales que la ley no contempla.
Posesión o banda presidencial en un batallón.
Capital alterna en una ciudad.

Lo esencial es cómo rompemos décadas de inequidad. Cómo garantizamos agua en La Guajira. Cómo protegemos la vida de los liderazgos en el Cauca. Cómo ejecutamos, de una vez, lo que ya está aprobado y duerme en los escritorios.

Colombia no necesita empalmes regionales. Necesita un empalme nacional serio y transparente.

Colombia no necesita posesiones simbólicas. Necesita presencia permanente del Estado.

Colombia no necesita una capital alterna. Necesita capital político para ejecutar.

Por eso, el 8 de agosto el país no debería estar discutiendo cómo será el empalme, dónde será la posesión, ni qué ciudad es la alterna.

Debería estar preguntando qué se va a hacer en el Cauca, en La Guajira, en el Magdalena y en los 170 municipios PDET.

Debería estar exigiendo cronogramas, recursos y resultados.

Porque la legitimidad de un gobierno no se mide en el lugar donde recibe la banda, sino en la capacidad de saldar deudas históricas con hechos.

Ese es el mandato. Y ese es el escenario que merece la atención de los colombianos.

Porque en una nación con décadas de desigualdad estructural, con el IDH rezagado y con millones de colombianos en la pobreza, entretenerse en discusiones de postal no es solo irrelevante. Es irresponsable.

Y mientras sigamos perdiendo el tiempo en debates secundarios, el país real seguirá esperando.

Lo grave es que esa espera ya se parece demasiado al abandono.